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Promesas electorales recurrentes de Ortega: ¿Viviendas dignas para todos?

Entrada al complejo habitacional del programa social Bismarck Martínez. Miguel Andrés | Divergentes.

El régimen de la familia Ortega-Murillo asegura que desde 2007 trabajan para restituir los derechos al pueblo nicaragüense, principalmente a la población vulnerable y desprotegida que ha sido marginada “por las familias oligárquicas conservadoras y liberales a través de toda la historia del país, recientemente en los 16 años de gobiernos neoliberales”.

En sus medios oficialistas publican que el sueño de muchas familias nicaragüenses se ha hecho realidad gracias al Gobierno Sandinista que, desde la auto llamada “segunda etapa de la Revolución”, ha restituido el derecho a una “Vivienda Digna a protagonistas que por años soñaron tener su hogar y que pensaban que no lo cumplirían”. “Por ello desde el año 2007 se han entregado más de 120 mil hogares”, afirma la propaganda.

En enero de 2021, Ortega dijo que “se deben seguir promoviendo esos programas y sin importar que los protagonistas no sean del partido (sandinista)”. El equipo de Fact-Checking de DIVERGENTES reunió información sobre este tema y consultó a especialistas, por lo tanto se ha clasificado la afirmación del régimen como engañosa

“Tener una vivienda es una necesidad elemental como alimentarse y vestirse. La propiedad de la vivienda respaldada por una escritura, además de darle seguridad jurídica a los hogares, les permite ofrecer una garantía al momento de contratar crédito, obtener ingresos por rentas y fortalecer un patrimonio seguro para transferir a sus herederos”, reza la Encuesta de hogares para medir la pobreza en Nicaragua 2019 realizada por la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (FIDEG). 

El informe señala que a nivel nacional en el 2019 el 88.8% de los hogares nicaragüenses tenía una vivienda propia. Sin embargo solo el 64.3% poseía una escritura que lo respalda.

Pero también hay otro indicador: la calidad de la vivienda. La calidad de la vivienda en la que habita la familia es fundamental para el goce de una vida digna y segura. En Nicaragua el déficit de viviendas es un problema mayúsculo, tanto desde su dimensión cuantitativa como desde su dimensión cualitativa. “Las condiciones económicas de una buena parte de los hogares únicamente les permiten construir viviendas con materiales inadecuados o con materiales de desecho. Conocer el porcentaje de viviendas con carencias estructurales es un insumo esencial para diseñar las políticas enfocadas en reducir el déficit habitacional”, expone el informe.

En el 2019 a nivel nacional, 34.6% de los hogares habitaban en viviendas con pisos inadecuados. En el área rural este porcentaje fue todavía mayor, alcanzando el 54.7%. Respecto de los materiales de las paredes, 7.9% de los hogares a nivel nacional habitaban en viviendas con paredes inadecuadas. En el área urbana se nota que la deficiencia de los materiales de las paredes fue inclusive mayor, 10.5% de los hogares habitaba en viviendas con paredes construidas a partir de materiales inadecuados. En cuanto a los materiales del techo, se puede afirmar que son muy pocos los hogares que habitaban en viviendas con techos inadecuados, a nivel nacional los resultados sugieren que 0.0% de los hogares habitaba en viviendas de este tipo.

Viviendas Solidarias

Miguel Andrés | Divergentes.

La Constitución Política de Nicaragua (Artículo 64) reconoce el derecho de la ciudadanía a una vivienda digna y establece que el Estado es garante de este derecho. La aprobación en 2009 de la Ley 677, “Ley especial para el fomento de la construcción de viviendas y de acceso a la vivienda de interés social” fue un avance sustantivo para la regulación del derecho a la vivienda. 

Luego el 16 de julio de 2019, la Asamblea Nacional reformó tres leyes para aumentar el subsidio de las viviendas de interés social de 2,000 a 3,500 dólares. Las normativas que fueron reformadas fueron: Ley 677, Ley de la Vivienda de Interés Social; Ley 248, Ley Orgánica del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur) y la Ley 457, Ley de Funcionamiento Normativa y Procedimiento del Fondo de Social de Vivienda.

El régimen de Daniel Ortega ha entregado desde el año 2007 más de 120 mil viviendas según sus datos. El Invur dio a conocer que para el año 2021 se estará beneficiando a 1,921 familias por medio de la entrega de subsidios directos y créditos hipotecarios de viviendas. Sin embargo, de esas 1,921 viviendas, 791 serían de interés social, estas son subsidiadas a través de las alcaldías municipales. 

En abril del presente año, la vicepresidenta Rosario Murillo anunció que a inicios o mediados de junio se construirían 2,500 viviendas para ser entregadas a igual número de familias de escasos recursos, en más de 20 municipios de Nicaragua.

“Es un programa grande: este año abarca siete mil viviendas, pero el programa va adelante y las esperanzas crecen y son victoriosas, porque esas casitas bonitas, segura que se puede entregar a familias trabajadoras honradas, íntegras, esa casita representa precisamente el respeto a la voluntad de Dios que nos manda amarnos unos a otros, a no ser indiferentes, a no llenarnos de envidia, de soberbia, de vanidades”, expresó la funcionaria sancionada por Estados Unidos, Canadá y Europa.

En junio de 2021, el gobierno de Nicaragua recibió de la República de Taiwán el primer desembolso de US$1,500,000 para la ampliación del proyecto “Vivienda Solidaria a Familias Vulnerables” que se extiende “a 49 municipios más del país”. En noviembre de 2020 la República de Taiwán había desembolsado US$200 mil dólares para la III Etapa de la “Construcción de Viviendas Solidarias 2020-2021”. Una vez más, en año electoral. 

En agosto de 2020, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) firmó un préstamo con Nicaragua por un monto de US$171,65 millones para vivienda social. “De forma directa un total de 18,660 personas en extrema pobreza y con ingresos bajos o moderados tendrán la oportunidad de adquirir soluciones habitacionales dignas, seguras y de fácil financiamiento”, informó el BCIE. 

Sellin Figueroa, concejal de Ciudadanos por la Libertad (CxL) ante la Alcaldía de Managua, sostuvo que promover el desarrollo de viviendas es una atribución de las alcaldías, “razón por la cual no hay que verlo como una acción extraordinaria sino como una obligación establecida dentro de la Ley 40, Ley de los Municipios”.

Programa Bismarck Martínez y clientelismo político

Miguel Andrés | Divergentes.

En agosto de 2019, el régimen anunció la construcción de 50 mil viviendas a nivel nacional con el Proyecto Bismarck Martínez, 20 mil de ellas se construyen en Managua, tienen un valor de 10 mil 500 dólares. El gobierno asegura que incluso quienes ganan 5 mil 500 córdobas pueden aplicar a ellas. La meta de las 50 mil viviendas sociales está planificada para un periodo de siete años, hasta el momento llevan construidas 1,200. 

El programa lleva el nombre del militante sandinista que murió en Carazo, según la versión oficial, en un tranque a manos de protestantes opositores. Figueroa recuerda que el nacimiento del programa Bismarck Martínez se dio luego de los desalojos que el gobierno realizó a los tomatierras en un contexto de crisis política. “La pregunta que siempre quedó: ¿a quiénes les ordenaron tomarse las tierras?, luego de ciertos desalojos fue que prometieron darles estos terrenos y estas casas”, cuestiona Figueroa.  

El concejal afirma que a su juicio el programa Bismarck Martínez es un programa político parcializado que, evidentemente el Estado como tal, con su Presupuesto General de la República y del presupuesto de la alcaldía (en particular de Managua) juntaban recursos para hacer una inversión cuantiosa y poder destinar a estos proyectos, en su mayoría partidarios. 

Uno de los principales requisitos para optar a una de estas viviendas sociales es redactar una “carta dirigida al comandante Daniel Ortega”. 

“Este programa sale de los recursos de los impuestos que pagamos todos los nicaragüenses, por tal razón la carta debería de ser dirigida a los nicaragüenses y en gratitud a los nicaragüenses que aportamos los impuestos al Ministerio de Hacienda que es la caja general del país, y no a un personaje que lo que busca definitivamente es un clientelismo en un contexto electoral”, subraya Figueroa.

Fernando* nos explica que él fue uno de los primeros en aplicar al programa y asegura que fue una gran ayuda para él y su familia quienes anduvieron por mucho tiempo alquilando un lugar donde vivir. “Yo me di cuenta del programa a través del Frente como yo soy militante”, afirma. 

“La casa en si vale 12 mil dólares, yo pago 40 dólares cada mes, 40 mensuales por 25 años”, nos cuenta Fernando. Especialistas coinciden en que existe un doble discurso. El programa Bismarck Martínez al ser un proyecto de vivienda de interés social debe estar dirigido a un segmento de la población que no tiene muchas posibilidades de acceder a los créditos hipotecarios bancarios tradicionales, entonces tienen la posibilidad de tener acceso a una vivienda relativamente de bajo costo. Sin embargo, la gente debe pagar por su vivienda un total de 12 mil dólares, contradiciendo así lo que dice la propaganda del gobierno. 

En las últimas entregas de viviendas se ha beneficiado a trabajadores de los medios oficialistas, entre ellos Jordy Sequeira, cronista deportivo del Canal 2 y Alder Osorio, periodista del Canal 13. 

La socióloga Elvira Cuadra explica que en el gobierno de los Ortega-Murillo, el clientelismo político ha sido una práctica sistemática desde el 2007. Además es un clientelismo que está vinculado con una forma de realzar la figura del gobernante. “Todo acto de política pública, es realizada como que fuera un favor, y segundo, no es un favor común y corriente, sino un favor especial concedido por los gobernantes que son vistos como personas magnánimas, como los grandes benefactores”. 

Los programas sociales como programas de alimentos, programas de entrega de materiales de construcción o los programas de vivienda social usualmente son utilizados para reafirmar el compromiso de los simpatizantes del gobierno. “Es decir, generalmente son programas utilizados para beneficiar simpatizantes, para fomentar y promover el clientelismo político y para reforzar esa imagen de grandes benefactores de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Por eso vemos que piden cartas de aval y después de recibido el beneficio, las personas que lo reciben tienen que aparecer públicamente agradeciendo al ‘Comandante y a la Compañera’ el haber recibido ese beneficio, aún cuando los programas y los fondos provienen del presupuesto público. No tiene que ver con los recursos personales sino con los fondos públicos”, subraya Cuadra. 

La socióloga enfatiza que el punto más importante es el uso del clientelismo para reforzar la imagen caudillista y el culto a la personalidad de Daniel Ortega y Rosario Murillo. 

Mientras Fernando finaliza “aquí no ha habido nunca, con esta edad que tengo, estos beneficios que se han dado al pueblo”. 

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