La verdad incómoda es que en Venezuela no hay condiciones para que se celebren elecciones este año. Tampoco hay voluntad del chavismo para que se dé una transición hacia la democracia tras la captura de Nicolás Maduro en enero. Aunque la Constitución prevé plazos para una ausencia temporal —un periodo inicial de 90 días que se cumple este 3 de abril de 2026, y otro periodo prorrogable hasta el 3 de julio del mismo año— todo indica que la cúpula chavista estirará el marco jurídico para que Delcy Rodríguez ejerza como presidenta encargada indefinidamente. Hasta que haya voluntad de avanzar hacia una transición real, o hasta que Estados Unidos presione por los términos de un proceso electoral.
De momento, en Venezuela no se puede hablar de una transición, sino de un “evento” que ha golpeado a Maduro, “quien se fue por el camino de la deriva autoritaria”. Así lo plantea a DIVERGENTES el politólogo venezolano Piero Trepiccione al analizar los primeros 90 días de la gestión de Rodríguez, marcados principalmente por la ausencia de hechos que demuestren que se está gestando un cambio político.
Si bien la prórroga es técnicamente automática bajo la aprobación de la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) podría, tras el límite de julio, prolongar un interinato que desde ya es cuestionado por los constitucionalistas.
Como ninguno de los supuestos ordinarios de la Constitución encajaba con el escenario de la captura de Maduro, la Sala Constitucional decidió atrincherarse en el artículo 234. Y en la medida que la ausencia de Maduro pueda ser calificada como “temporal”, el sistema bloquea automáticamente el mecanismo de la falta absoluta, el cual obligaría a convocar elecciones presidenciales en apenas 30 días.
“Dudo mucho que pese el elemento jurídico; pesará el elemento político. La Sala Constitucional va a seguir esbozando argumentos de ‘soberanía vulnerada’ por el hecho de que el presidente en funciones fue capturado en territorio nacional”, advierte el experto.
Es decir, en tanto Maduro “siga vivo” bajo custodia en Nueva York, la Sala Constitucional tiene la llave para optar indefinidamente por la vía de la falta temporal. Esta interpretación convierte al proceso judicial en Estados Unidos en una especie de cronómetro de la política venezolana.
Al no existir una sentencia definitiva o un desenlace biológico, el interinato de Rodríguez puede renovarse en ciclos de 90 días, transformando una sustitución de emergencia en una estructura de gobierno permanente y sin urnas a la vista. Rodríguez, por su parte, insiste en que Maduro sigue siendo el presidente de Venezuela, lo que le permite mantener el relato de la temporalidad.
El invento de la Sala Constitucional
El pasado 24 de marzo, un grupo de constitucionalistas de la Universidad Central de Venezuela (UCV) rechazó la interpretación que hizo la Sala Constitucional del TSJ tras la ausencia de Maduro. Tulio Álvarez, experto en Derecho Constitucional, afirmó que la situación en Venezuela debe analizarse más desde los hechos que desde el derecho.
“El acontecimiento del 3 de enero se puede valorar como un abandono del cargo, porque puede ser voluntario o involuntario”, indicó, al tiempo que cuestionó la sentencia de enero en la que el Tribunal “tergiversó” la Constitución en lugar de “interpretarla”. 
“Desde los hechos, más que desde un formalismo jurídico estricto, esta situación no encaja ni como falta temporal ni como falta absoluta prevista en los artículos 233 y 234. Es un invento criollo”, añadió el especialista. Otras voces que han criticado la decisión de la Sala Constitucional incluyen a Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la UCV, quien enfatizó que la detención de un presidente en ejercicio no está prevista literalmente en la Carta Magna, pero advirtió que extender indefinidamente el interinato genera inestabilidad jurídica, desalienta inversiones y profundiza la crisis de legitimidad.
Hay quienes consideran que, llegado el mes de julio de julio de 2025, en Venezuela se deberían convocar a elecciones. La Administración de Donald Trump, que se encuentra tutelando la situación en Venezuela, ha dicho que su estrategia contempla un plan de tres fases: estabilización, recuperación y transición, pero no ha marcado los tiempos de cada una ni ha hablado de un proceso electoral.
“No queremos que esto descienda al caos”, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. No obstante, transcurridos casi tres meses desde el operativo militar, no hay señales de que el país sudamericano se encamine hacia el restablecimiento democrático.
Persiste ausencia de garantías mínimas
Al respecto, la periodista y directora del medio venezolano Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes, dijo recientemente en una entrevista con DIVERGENTES que no se están dando los pasos para conducir a un cambio de régimen a través de una elección; además, nada indica que se vaya hacia allá.
La ausencia de garantías mínimas —desde la habilitación de candidatos opositores hasta la observación internacional— refuerza la tesis de que el oficialismo prefiere habitar el limbo jurídico del TSJ antes que arriesgar su permanencia en unas urnas.
Según el experto electoral Eugenio Martínez, director de la plataforma electoral Votoscopio, antes de plantear una elección en un plazo determinado, se debe avanzar en una reforma electoral que establezca mínimos comunes para designar a un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), la apertura del Registro Electoral para los millones de venezolanos en el exterior y el cese de las inhabilitaciones políticas.
Sin embargo, estas conversaciones no se están produciendo; por el contrario, la realidad es que miles de venezolanos aún permanecen en las cárceles y la represión no ha cesado. Y en cuanto a las inhabilitaciones, la líder opositora María Corina Machado continúa impedida de presentarse a cargos públicos, pero su partido ha encendido la maquinaria ante un escenario electoral.
Pero ese escenario ha sido descartado por el oficialismo. El jefe del Legislativo, Jorge Rodríguez, descartó a principios de febrero cualquier convocatoria a las urnas en el corto plazo.
Para el principal operador político del chavismo, hermano de la presidenta encargada, la urgencia de Miraflores no es electoral, sino consolidar una “estabilidad plena” que sirva de antesala a cualquier votación. En ese sentido, Rodríguez fue tajante al señalar que no habrá comicios en lo inmediato, condicionando el ejercicio del sufragio a un proceso previo de estabilización.