Juan Diego Barberena

Juan-Diego Barberena
9 de octubre 2024

Purgas, un general muerto y la inviabilidad de la sucesión dinástica 

Nicaragua mujeres

La muerte de Humberto Ortega Saavedra (HOS), ex Jefe del Ejército de Nicaragua, Comandante de la Revolución sandinista y hermano del dictador de turno, bajo custodia estatal, ha puesto sobre el tapete una serie de debates: si era prisionero político o no –yo en lo particular considero que  sí era un preso de conciencia–, el pasado reciente de abusos y violaciones a los derechos humanos que ha vivido Nicaragua en los últimos 45 años, la capacidad que pueda tener el régimen o no de continuar imponiéndose con muertes de por medio, etc. 

Sin embargo, yo considero que tanto la muerte de HOS, como el proceso de purgas que se intensifica a lo interno de la dictadura, nos obliga a discutir, analizar y tomar posiciones, en consecuencia, sobre la sucesión dinástica de la dictadura y la inviabilidad de esta. No solamente porque, como dijo HOS, no existen sucesores, sino porque el principal factor de inestabilidad para la sucesión es Rosario Murillo.  

Lo primero que debemos tener en cuenta, (y es allí donde creo que yerran la mayoría de reflexiones sobre el tema sucesorio) es que para que se materialice la sucesión dinástica, no basta únicamente que se suceda al dictador de turno, es decir, que la sucesión no se consuma y consolida con el hecho que Rosario Murillo o Laureano Ortega asuma el poder luego de Daniel Ortega, sino que se requiere dotar de una mínima estabilidad al régimen político que se pretende prolongar en el tiempo. Para reunir esa cualidad de estabilidad, los sucesores deben tener algún tipo de legitimidad partidaria; posibilidad de tender acuerdos y alianzas con otros actores, principalmente económicos. Ya decíamos que el somocismo se logró sostener por tanto tiempo porque mantuvo una alianza con la oligarquía criolla hasta 1972.  

Ni Murillo, ni Laureano Ortega, por mucho que los designan como herederos del poder de la dictadura, pueden generar estabilidad y posibilidad de mantenimiento por larga duración de la tiranía orteguista porque sus alianzas con el capital criollo están inexorablemente rotas, a nivel internacional sufren de un aislamiento del cual no fue objeto la dictadura somocista ni en sus últimos días y en su defecto han decidido colocarse en un juego geoestratégico que a mediano plazo les dejará más costos que beneficios. Y lo más importante, es que adolecen de una ausencia total de legitimidad partidaria que es un resorte supremamente importante para sostener los pilotes del poder de la dictadura y proyectar en el tiempo a la sucesión dinástica. La prueba toral de tal ilegitimidad es el proceso de purgas que ha iniciado a lo interno del régimen Ortega-Murillo y que  ha cruzado de forma transversal tanto el aparato partidario como estatal. 

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El proceso de purgas y la muerte de HOS 

El término “purga” fue empleado a partir de la década de 1930 para explicar la expulsión de miles de miembros del Partido Comunista de la Unión Soviética a manos de Stalin y que se tradujo en vigilancia, persecución y juicios. Eso es precisamente lo que la dictadura familiar de los Ortega-Murillo ha hecho con centenares de miembros del FSLN y miembros de la administración pública

Así podemos enumerar a el ex ministro de Hacienda Iván Acosta y su vice ministra; el ex asesor presidencial Stedman Fagoth; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos y el Secretario general de administración, Berman Martínez y unos mil funcionarios judiciales; el Director del Departamento de Relaciones Internacionales del Frente e hijo del fundador de ese partido, Carlos Fonseca Terán y su grupo político denominado “La Comuna”, todos presos y la mayoría procesados por supuestos delitos contra las finanzas del Estado; el ex jefe de la Dirección de Inteligencia para la Defensa (DID) del Ejército, General Rigoberto Balladares, el ex jefe de escoltas de Daniel Ortega, Alberto Acuña, el alcalde de Granada Pedro Vargas y decenas de funcionarios locales y secretarios políticos que día a día son purgados. 

Lo anterior pone de relieve el proceso de descomposición de la dictadura a lo interno y de manifestaciones de las contradicciones endógenas del orteguismo que se ha traducido en estos desplazamientos que comprueban la incapacidad hoy de Daniel Ortega y, mañana de la sucesión, de obtener algún atisbo de legitimidad interna que les dé viabilidad. 

Ahora bien, tanto el proceso de purgas como la muerte de HOS como prisionero político, por haber criticado abiertamente la deriva totalitaria de la dictadura y la incapacidad de Rosario Murillo y sus hijos de suceder a Ortega en el poder, son síntomas de la necesidad de apartar del camino a quienes sean, para el grupo en el poder, un mínimo riesgo para su proyecto político dinástico el cual, paradójicamente, en lugar de fortalecerlo, cada día lo hacen más inviable. No porque no tengan el control estatal, no porque no mantengan aún el poder de coerción, sino porque no logran detener las inconformidades internas y porque la persecución, vigilancia y enjuiciamiento político se ha trasladado ahora a sus propias filas. Lo hemos visto con los casos enumerados arriba y con el desenlace fatal de HOS, como él mismo lo dijo. 

Una prueba de la crisis de la sucesión 

Todo proceso político de cohesión, de erosión y de crisis requiere de elementos de prueba objetivos que comprueben en la realidad de las cosas, determinadas circunstancias. Ello en el entendido de lo difícil que puede ser pretender alguna rigurosidad probatoria, en la complejidad que emanan los procesos políticos. No obstante, me atreveré a presentar una prueba real que corrobora la inviabilidad y crisis de sucesión de la dictadura Ortega-Murillo: la infuncionalidad del Poder Judicial. 

El poder judicial, por mandato constitucional concentra la función jurisdiccional, es decir, tiene reservada la facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado. Tras la barrida llevada a cabo hace un año, la Corte Suprema de Justicia, principal órgano judicial, ha quedado en completa inoperancia porque no tiene los suficientes magistrados para dictar resoluciones que ameriten una mediana cognición judicial, pues la mayoría de magistrados han sido defenestrados. Algunos analistas han expresado que la barrida en el poder judicial se ha debido a la intención de la dictadura de allanar su camino para la sucesión. 

Sin embargo, si eso fuese así ¿por qué no ha elegido a nuevos magistrados dentro de los más serviles jueces y abogados orteguistas o chayistas? Tienen mayoría absoluta en el legislativo y una fila de funcionarios a la espera que los llamen como los ungidos. Sin embargo no han elegido nuevos magistrados (todos tienen sus cargos vencidos dicho sea de paso), por dos elementos que me parece valen la pena resaltar… Primero, que los Ortega-Murillo no confían absolutamente en nadie lo cual es reflejo de la crisis interna y de sucesión. En otras palabras, no confían ya ni en los más adeptos y abyectos funcionarios. Segundo, la dictadura, en consecuencia, ya no tiene capacidad de reemplazo a lo interno lo que es peor aún porque no tiene con quién sostener la sucesión. 

La necesidad de un discurso y una alternativa para la disidencia interna 

Si bien la dictadura y su capacidad de establecer, con estabilidad y eficacia, la sucesión familiar es cada vez menos viable, como ya hemos visto, ello no basta para que se encauce una verdadera transición a la democracia. Se necesitan de varias cosas, sin embargo, una de ellas es que desde oposición política pro-democracia, la menos fanatizada y más racional, podamos construir un discurso y una alternativa política como contrapartida a la dictadura, no solamente para la población dentro de Nicaragua que a diario sufre los embates de la dictadura más oprobiosa de la historia, sino también para quienes disienten dentro del régimen. 

No es cierto que todos son orteguistas dispuestos a dar la vida por los neo oligarcas Ortega-Murillo, tampoco es cierto que todos son culpables por las graves violaciones a los derechos humanos y por la corrupción. Muchos también sufren la vigilancia, el asedio y el desgarramiento familiar. Esa es una regla que Ortega y Murillo la aplican a todos por igual no solo a nosotros los opositores. El proceso de purgas, la muerte de HOS y la crisis de la sucesión es una nueva oportunidad para construir ese discurso clave y eficaz.

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Juan-Diego Barberena

Abogado, Maestrante en Derechos Humanos. Miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco.