Después que el Estado de Nicaragua regresó de las vacaciones de Navidad y Fin de Año de 2022, el 11 de enero de 2023 específicamente, el diario oficial La Gaceta publicó una decisión tomada días antes por Daniel Ortega y Rosario Murillo: remover como embajadora de Nicaragua en Chile a Lilliam del Carmen Méndez Torres. La destitución de la diplomática no causó mayor revuelo, ya que la dictadura maneja de manera rocambolesca la diplomacia y, por ende, al personal del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex). Sin embargo, esta defenestración inició una gran purga en las instituciones estatales que no sólo ha devorado a miles de funcionarios públicos rasos, sino que ha alcanzado a altos cargos sandinistas, incluidos personajes del círculo de poder más cercano e íntimo de la pareja presidencial. Podría decirse a una suerte de Politburó ampliado del régimen. Los de confianza pero, al final, ninguno imprescindible… Se trata de una reconfiguración total del Estado que ha sido atada a un plan de “compactación”, cuya ejecución fue anunciada por la primera dama, quien prepara el escenario para su ascensión presidencial en 2026.
Pero antes de la “compactación del Estado” ha sido la purga, una muy profunda. El precedente de la gran purga fue la persecución en contra de detractores de toda índole del proyecto totalitario Ortega-Murillo y, luego, adquirió los matices y colores del celebérrimo cuadro de Goya: Saturno devorando a su hijo. En la misma línea que la gran purga de Stalin, primero fueron purgados los “saboteadores” y “traidores a la patria”, ya fuese con asesinatos, cárcel, destierro, el Gulag… y siguieron los propios: los bolcheviques que habían tenido un función importante en la Revolución de Octubre o el Gobierno de Lenin. No se escaparon siquiera los generales, mariscales y comisarios del Ejército Rojo…
La historia de la colapsada Unión Soviética se empeña en paralelismos con el presente Ortega-Murillo: La “reorganización del Estado” —que fuentes sandinistas consultadas coinciden es liderada por la “Copresidenta”— ya ha alcanzado a una institución que parecía impenetrable, ajena a la guillotina que ha caído sobre el funcionariado civil: el Ejército de Nicaragua. Hasta la publicación de este reportaje, uno de los últimos altos funcionarios del Estado en ser guillotinado fue el general de brigada Rigoberto Balladares Sandoval, quien por 14 años fue jefe del órgano de “Inteligencia Política” del Ejército de Nicaragua, conocido como Dirección de Información para la Defensa (DID).
Aunque Balladares es el primer funcionario con uniforme castrense purgado, a él lo han antecedido –y sucedido– 110 funcionarios públicos sandinistas. Funcionarios del nivel más alto, ya sea por el organigrama estatal o confianza política, que han sido defenestrados o degradados por la pareja presidencial desde enero de 2023 hasta septiembre de 2024. Después del cierre de la construcción de la base de datos, fue destituido el canciller Dennis Moncada Colindres y relevado por un leal de la pareja presidencial: Valdrack Jaentschke, un eficiente operador diplomático en foros regionales y quien, previo a su nombramiento como canciller de la dictadura, había sido enviado a Costa Rica a ejercer labores de espionaje entre los exiliados en ese país.
Recibe nuestro boletín semanal
A finales de septiembre de 2024, la guillotina cayó sobre el pescuezo de seis alcaldes del Caribe Norte, es decir más de la mitad de los ediles de ese territorio. Una base de datos construida por DIVERGENTES revela que dentro del total de 111 altos funcionarios sandinistas descabezados hay asesores presidenciales, magistrados, ministros, viceministros, rectores de universidades estatales, embajadores, cónsules, diplomáticos, directores y codirectores de instituciones, comisionados policiales, gerentes de empresas públicas, alcaldes, hasta un general del Ejército y el leal jefe de la escolta presidencial de Daniel Ortega.
Entre ese centenar de altos funcionarios hay nombres “pesados”, considerados “intocables”… por ejemplo, la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos. La viceministra de Cancillería y operadora política de la “Copresidenta” en esa institución, Arlette Marenco. El magistrado y presidente interino de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar. El comisionado y Jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), Luis Pérez Olivas. Y hasta el ex subdirector y jefe de espionaje de la Policía Nacional, comisionado Adolfo Marenco, otrora figura temida por haber sido parte de la mesa de represores en jefe del régimen.
La caída del comisionado Marenco ocurrió el 17 de enero de 2023 y preludió la particularidad de la gran purga Ortega-Murillo: la mirilla apuntaba a la cabeza de funcionarios preponderantes del régimen, sin excepción de las fuerzas armadas, cuya lealtad blinda la perpetuación en el poder de la pareja presidencial. La destitución del jefe del espionaje policial llevaba, además, un mensaje ejemplificante, característico de las purgas: la imposición de prisión. El subdirector de la Policía Nacional fue el primer jefe de alto nivel que cayó y fue recluido en una celda. Lo arrestaron en la casa de su pareja, 50 días después que fue apartado de la subdirección policial.
Marenco cayó por supuestas denuncias de “corrupción y manejo de negocios privados no autorizados”. Sin embargo, alrededor de su caída circularon dos versiones: la primera que quería huir del país y la segunda que se negó a seguir trabajando para la pareja presidencial. Eso irritó a Ortega y Murillo. De modo que la dupla dictatorial ordenó enviarlo a retiro el 25 de noviembre de 2022, luego del nombramiento como subdirector del ahora comisionado general Zhukov Serrano Pérez, el ahora silencioso operador del terror en Nicaragua.
De los 111 altos funcionarios sandinistas destituidos, 53 pertenecen al Ministerio de Relaciones Exteriores. La Cancillería ha sido una de las instituciones más purgadas a raíz de la deserción, en marzo de 2022, de Arturo McFields como embajador del régimen ante la Organización de Estados Americanos (OEA). La renuncia del diplomático —por estar en desacuerdo con la represión— desató la paranoia en la “Copresidenta” Murillo. Encomendó al viceministro de Gobernación, Luis Cañas, redoblar la vigilancia sobre los empleados del Minrex, en especial a los diplomáticos, con el control incluso sobre los pasaportes de ellos.
Al mismo tiempo, Arlette Marenco como viceministra del Minrex, se consolidó como la operadora política de la “Copresidenta” Murillo. “Cuando Arlette Marenco daba una orden en Cancillería, vos sabías que era la misma Rosario Murillo quien te estaba hablando, ordenando”, relata una fuente ligada a Exteriores. A pesar de esa prominencia, Arlette Marenco cayó junto a su esposo, Reynaldo Martínez —también funcionario de Exteriores— en julio de 2024. Martínez fue arrestado y recluido en El Chipote al estar investigado por “actividades de corrupción no autorizadas”.
Después de los funcionarios del Minrex, entre los más purgados están embajadores del régimen en diferentes países: 23% del total de 111 descabezados. El número de ministros y viceministros equivale al 26.13%. Entre directores, gerentes, subdirectores, responsables, presidentes y rectores representan un 12.61%. Mientras que los alcaldes sandinistas son 14.41%.
Magistrados destituidos sólo han sido cinco, es decir 4.50%. Sin embargo, en torno a los togados del Poder Judicial es donde más se ha centrado la atención mediática. A partir de 2023, la “Copresidenta” Murillo ejecutó una purga sin precedentes en la Corte Suprema de Justicia (CSJ): más de 1100 funcionarios fueron destituidos. Una “barrida” que alcanzó a empleados judiciales de todos los niveles, desde magistrados hasta conserjes y conductores.
La base de datos de DIVERGENTES permite trazar una línea de tiempo de la gran purga Ortega-Murillo desde enero de 2023, cuando las destituciones comenzaron a ser constantes: un promedio mensual de cinco altos funcionarios sandinistas destituidos durante los 21 meses que lleva este desfile de defenestrados y degradados. Si bien los funcionarios de Relaciones Exteriores siempre estuvieron en la mirilla de Presidencia, hubo zarandeos en las siguientes instituciones:
No todas las destituciones fueron oficializadas en La Gaceta. Según la base de datos de DIVERGENTES, de los 111 altos funcionarios sandinistas defenestrados, sólo 80 destituciones fueron anunciadas en el diario oficial del Estado de Nicaragua.
El resto de las 31 decapitaciones o degradaciones se manejaron de manera extraoficial y fueron dadas a conocer por medios de comunicación independientes, como Confidencial, 100% Noticias y DIVERGENTES. Aunque no en todas las ocasiones, el Gobierno las confirmó luego de ser reveladas por los periodistas. Tal fue el caso de uno de los hombres claves de las finanzas sandinistas: Iván Acosta, quien el 18 de junio de 2024 fue destituido como ministro de Hacienda y Crédito Público.
Según fuentes de Hacienda, Acosta fue destituido por presuntos actos de corrupción. Hubo versiones de una presunta detención, pero que no fue confirmada finalmente. El Gobierno guardó silencio cuando la defenestración fue publicada por los medios de comunicación, pero 24 horas después informaron que Acosta presentó “su renuncia”, y que realizaría “otras tareas y funciones”, las cuales no estaban especificadas. Tras la salida del ministro, decenas de empleados fueron purgados de esa cartera. Diez días después, el 28 de junio, La Gaceta informó que el funcionario fue nombrado “ministro asesor del Presidente de la República ante organismos internacionales”. Es decir, un cargo que no existía hasta esa publicación de este anuncio.
Una fuente ligada a la Presidencia asegura que Murillo fue quien destituyó al ministro de Hacienda, a pesar que Acosta le guardaba respeto y obediencia a la “Copresidenta”. “Iván es un hombre muy capaz en lo que hace, en lo económico, y Ortega sabe lo que él sabe. Por esa razón Ortega lo salva y lo nombra asesor presidencial. Ahora Acosta está agradecidísimo con el presidente”, relata la fuente a DIVERGENTES. Y agrega: “el tema es que la vicepresidenta, aunque no lo haya nombrado aún oficialmente, insiste en poner a su hijo Laureano Ortega en temas económicos, aunque no sepa nada de economía. Por eso ahora lo ves como encargado comercial con China y Rusia. Y Acosta, pues, de cierto modo, le restaba protagonismo al delfín de la mamá”.
Otro caso, el de la Empresa Portuaria Nacional con Virgilio Silva, sirve para ilustrar otra particularidad de la gran purga Ortega-Murillo: algunas fueron manejadas con sigilo. Nunca fueron oficializadas ni confirmadas luego, sólo se ejecutaron de facto. Silva era un funcionario fiel a la pareja presidencial y como presidente ejecutivo de la Portuaria era uno de los encargados de desarrollar una de las obras mimadas de la “Copresidenta”: el Puerto Salvador Allende, en Managua, a las orillas del lago Xolotlán.
Silva cayó en mayo de 2024 por unos supuestos negocios “anómalos”: era propietario de unos equipos de dragado que se usaban en los puertos y los tenía a nombre de testaferros, según Confidencial. El funcionario purgado formaba parte del gabinete original conformado en enero de 2007 por Ortega, tras el retorno al poder del caudillo sandinista. La dirección de la Portuaria fue intervenida y traspasada al Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI). A Silva le impusieron casa por cárcel, pero en junio de 2024 reapareció en una fiesta ofrecida por la embajada de Rusia en Managua. No obstante, no volvió a su cargo en la Portuaria.
La base de datos de DIVERGENTES arroja que de los 111 funcionarios destituidos, a seis les han impuesto casa por cárcel o recluidos en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocida como El Chipote. Ellos son: Adolfo Marenco (policía), María Lesbia Treminio Chavarría (alcaldesa de Ciudad Darío), Marvin Aguilar (magistrado presidente interino del Poder Judicial), Virgilio Silva, Eddy Enrique Gutiérrez Zavala (alcalde de Jalapa) y Marcos Alberto Acuña Avilés (el jefe de la escolta presidencial).
En las purgas, sobre todo de personajes cercanos a Ortega, las fuentes sandinistas tienen una coincidencia: que se han debido a encontronazos con la “Copresidenta” Murillo, quien ejerce ya casi un poder total en la administración pública, el partido, la Policía Nacional y ya comienza enfilarse sobre el Ejército de Nicaragua. Por ejemplo, la purga en el Poder Judicial fue ejecutada por el comisionado general en retiro Horacio Rocha, asesor presidencial con rango de ministro en temas de seguridad nacional.
Rocha expulsó a la magistrada Alba Luz Ramos de su oficina, en un acto que causó estupor en los pasillos judiciales. Ella era fiel a Ortega y una de las escasas figuras de la vieja guardia del sandinismo que acompañaban la deriva autoritaria actual. Entre el funcionariado sandinista, desde hace años, hay una división entre quienes son “fichas” de la “compañera” y quienes son del “comandante”.
Las fichas de Ortega cada vez son menos, han venido acabándose, ya que su esposa les ha venido disparando a estos personajes, descritos como “sandinistas históricos”, es decir aquellos que lucharon contra el somocismo. Murillo ha apartado al mandatario de personajes de peso, como el coronel Lenín Cerna, quien no puede ni entrar a El Carmen, residencia y despacho presidencial… o incluso ha llegado a imponer hospital por cárcel al mismísimo hermano de su marido, el general en retiro Humberto Ortega Saavedra.
“El bloque de los ‘históricos’ se ha venido reduciendo a unos 25 o 30 personajes. Es decir las fichas seguras de Ortega. Rosario tiene tacto en eso, no los va a destituir de una vez; no va a apartar de un solo a Ortega de ellos, pero con los años los va ir sacando… incluyendo a Bayardo Arce, a quien ella detesta, pero fue ratificado como asesor presidencial con esta compactación del Estado. Va a apartar a la Leticia Herrera, Calderón Vindell, Daniel Leopoldo Rivas Alfaro… es decir, todos los viejos, viejos. No los va a sacar de manera abrupta, pero lo irá haciendo”, explica la fuente cercana a la Presidencia sandinista.
Después de anunciar la “compactación del Estado”, el 16 de agosto de 2024, el Ejecutivo emitió una nota de prensa nombrando y ratificando a 17 asesores para la Presidencia y la Vicepresidencia. Antes de la “compactación”, eran 27 asesores presidenciales. La fuente cercana a la pareja presidencial recurre a esta lista para ejemplificar el reparto de fichas entre la pareja presidencial, pero sobre todo su tesis de que la “Copresidenta” irá apartando poco a poco a los sandinistas de la vieja guardia.
De los 16 asesores presidenciales, cinco son identificados como “fichas de Ortega”: Bayardo Arce, Samuel Santos, Manuel Ali Rivas Vallecillo, Francisco ‘Chico’ López, y ahora Iván Acosta. De la “Copresidenta” son nueve: Ovidio Reyes, Salvador Vanegas, Steadman Fagot, Mohamed Farrara Lasthar, Carolina Dávila Murillo, Orlando Tardencilla, Iván Lara Palacios, Wilmor López y Justa del Rosario Pérez Acuña, la única asesora exclusiva para la vicepresidencia en la lista. Pérez Acuña fue por años una silenciosa y efectiva asistente de los asuntos personales de Murillo, y por primera vez ha subido de nivel de manera pública y oficial.
Sólo tres asesores presidenciales son compartidos por Ortega y Murillo: Valdrack Jaentschke, recién nombrado canciller; la exministra de Salud Sonia Castro que goza de “consideración de ambos”, y el comisionado Rocha, el ejecutor de la gran purga.
Al mismo tiempo, la “Copresidenta” ha colocado en posiciones oficiales a funcionarios que respondan directamente a su dictado. Una voz de mando cada vez más preponderante en las filas del partido rojinegro y el Estado, a tal punto que ha afianzado su influencia casi total en la jefatura de la Policía Nacional, un terreno que solía ser exclusivo de su marido y sus asesores íntimos como Néstor Moncada Lau.
Una de las destituciones más recientes fue la del comisionado Marcos Alberto Acuña Avilés, jefe de la escolta personal de Presidencia y un leal absoluto de Daniel Ortega. Fue destituido por órdenes expresas de Murillo después de sostener un altercado, cuya razón aún las fuentes allegadas a la pareja presidencial no logran precisar.
Luego de la purga del jefe de escoltas de Ortega, la Policía Nacional emitió un comunicado señalando al comisionado Acuña de “desobedecer flagrantemente órdenes superiores, poniendo en riesgo la seguridad ciudadana”. “En consecuencia y de conformidad a lo establecido en la Ley 872 [Ley de la Policía Nacional] y sus reformas, se le impuso baja deshonrosa y será juzgado por el delito de incumplimiento de deberes, desobediencia e insubordinación”, indicó la cuestionada institución policial.
“Él era un hombre muy suave y muy gente, pero tenía criterio y carácter. Pero ella nunca tuvo muy buena relación con él, porque Acuña le manejaba todas las cosas personales al comandante Ortega… No se sabe la naturaleza del pleito que tuvieron, pero fue Rosario quien lo jodió, a tal punto que él (Ortega) la apoyó. Pero ahora el comandante está repensando las cosas, esperando que se enfríen para suavizarlas; para que no lo condenen. Es decir, que lo sancionen y lo dejen en retiro”, describe otra fuente cercana al entorno de la seguridad personal de la Presidencia. “Lo que sabemos es que el comandante está buscando cómo lo dejan con casa por cárcel para después dejarlo libre, porque le tiene cariño al comisionado Acuña y tampoco se quiere pelear con Rosario”.
En el caso del Ejército de Nicaragua, en particular con el general de brigada Rigoberto Balladares Sandoval —uno de los purgados más recientes—, las fuentes consultadas para este reportaje aseguran que también fue Murillo la que ordenó la caída del encargado de la “Inteligencia Política” del Ejército de Nicaragua. Al alto militar le impusieron una suspensión temporal y una investigación en junio de 2024. Un mes después fue separado del cargo de forma definitiva. La razón fue que no acató “una orden ejecutiva”, de modo que la “Copresidenta” ordenó purgarlo sin reparos.
El general Balladares Sandoval es descrito como un militar “leal a Ortega y no a Murillo”. Sin embargo, fuentes cercanas al Ejército de Nicaragua explicaron a DIVERGENTES que ese “mito” de que la jefatura castrense responde al 100% al caudillo sandinista no “describe el estado actual de las cosas”.
“El Ejército es la única institución que le ha quedado a Ortega, pero Rosario ya ha venido ganando influencia; poca, pero avanza… ¿Qué te quiero decir? Que si bien Rosario no puede purgar al Ejército como lo hizo de manera tan contundente con el Poder Judicial, que era el otro gran feudo que le quedaba a Ortega, con los militares lo hará con pinzas”, explica la fuente allegada a la institución castrense.
“Ella tiene mucho olfato con el Ejército, es inteligente: sabe que en el Ejército tiene que irse ganando uno a uno a los militares, sobre todo al Consejo Militar de los generales que son veinte. Por eso, últimamente, a algunos generales o sus esposas los ha invitado a almorzar para hablarles de viajes, lujos, de sus vidas, de prebendas… es decir, darles a entender que con ella, como sucesora, habrá luz verde para sus negocios, tal cual sucede con Ortega”.
DIVERGENTES consultó a ocho fuentes cercanas a Presidencia, al sandinismo y a la pareja presidencial para este reportaje. Todas ellas coincidieron en que la gran purga y la “compactación del Estado” están encaminadas a la sucesión en el poder: la “Copresidenta” tiene planeado ser la candidata presidencial para las elecciones de 2026. Autoimponerse la banda presidencial, después que las protestas de 2018, boicotearon y retrasaron su anhelo de poder. El caudillo sandinista tiene dudas sobre este plan, incluso ha pensado en retractarse en círculos de funcionarios íntimos, pero al final ha dejado claro que su esposa cuenta con su venia.
En un acto público de entrega de buses, celebrado el 22 de agosto, Ortega defendió airadamente a la “Copresidenta” de quienes critican la gran purga y la “compactación del Estado”. Dijo el caudillo sandinista: “¡Cómo aúllan los perros contra la Compañera Rosario! ¡Cómo aúllan! ¿Y qué le dijo el Quijote a Sancho? ‘Si aúllan los perros es porque caminamos’ (…) Porque la Compañera no hace más que decir verdades todos los días, de lo que se está haciendo en beneficio del pueblo, en beneficio de los pobres, de los trabajadores, de los campesinos, de todos los sectores”.
Una fuente que conoce muy bien a la dupla presidencial sostuvo que esas declaraciones de Ortega no hacen más que confirmar la sucesión de la “Copresidenta” Murillo en 2026, para después poner en marcha el ascenso de Laureano Ortega como presidente.
“Si bien Daniel tiene sus lapsus en los discursos, no tipo Joe Biden, creo que aún está bien de la cabeza. Con el tema físico, siempre le hacen la limpieza en la sangre y en los riñones por el lupus… todo eso lo maneja bien, por eso creo que el tema de la sucesión, darle todo el poder a ella, está servido. Un acuerdo entre ellos, aunque a veces en él se generen dudas”.
Dudas sobre la sucesión que también comparte la alta oficialidad del Ejército. Misma duda que tuvo el purgado general Rigoberto Balladares Sandoval. Insiste la fuente cercana a los militares que “los generales no están muy convencidos de la sucesión de Murillo y ella, al tener olfato en eso, por eso intenta ganárselos uno a uno”. “No es trabajo fácil porque todos los generales, en un 90%, son de Daniel. No es como la Policía Nacional que ahora es un 100% de Rosario. Es cierto que le costó su tiempo, pero ella consiguió el control. Ahora, en el Ejército le va a tomar buen tiempo lograr consolidarse”, prosigue la fuente cercana al Ejército.
“Se habla de cambios al más alto nivel militar, pero no creo que llegue a lograr eso. Por eso Rosario ha optado la estrategia de irse ganando uno a uno a los generales. No creo que Ortega interfiera, siempre y cuando los generales se queden en sus mismos lugares, aunque la apoyen a ella. Aunque pueden haber casos como el del general Balladares, que si le hacen alguna mala cara o no se le cuadran, lo manda a retiro”, puntualiza la fuente castrense.
Tanto las fuentes sandinistas como analistas opositores están de acuerdo que esta gran purga y “compactación del Estado” tiene dos razones fundamentales: La primera reducir el tamaño de la inflada nómina pública, que alcanza casi 200 000 trabajadores. Y la segunda un Estado más compacto y leal.
“En medio de la transición dinástica, Rosario Murillo intenta consolidar las lealtades de los empleados públicos bajo amenaza de despido masivo. Y al momento no hay una respuesta concreta de qué hacer con esas obligaciones”, plantea Manuel Orozco, analista del Diálogo Interamericano. “La llamada compactación, anunciada para aumentar ‘ahorros’, es un intento de dar una respuesta parcial, de tratar de cubrir una parte de los recursos necesarios por pagar, a pesar del riesgo de que los despidos rebotarían con reducción del consumo privado y aumento de la impopularidad”, dice.
Orozco plantea que una política por la vía de la compactación laboral creará ahorros en las arcas públicas para cubrir deudas: una reducción de 5% es de 85 millones de dólares, pero significa el despido de 7500 empleados públicos. “Este es un riesgo económico y político que la dictadura quiere tomar. Aunque económicamente se reduciría el consumo privado aumentando la tasa de informalidad, que ya es del 74% de la fuerza laboral, reduciendo la contribución tributaria, el costo económico para el círculo de poder lo están compensando por otros métodos. Políticamente a la dictadura le importa poco que continúe su impopularidad y desprecio, porque para eso tienen la política del miedo para seguir controlando al pueblo”.
En ese sentido, Orozco afirma que la condición económica de Nicaragua no es muy positiva ya que su productividad no crecerá, el consumo privado es leve, a 4% de crecimiento, sus opciones de endeudamiento son menores (China no desembolsará más de 40 millones de dólares en 2024) y la economía informal no genera mucha riqueza. “Mientras Rosario Murillo está construyendo su propio equipo en la administración pública y consolidando su círculo de poder preparando su plataforma electoral para 2026, su reserva de capital económico es adversa”, sostiene el investigador.
“El pueblo sabe que las cosas no están bien, se enfrentan con esta situación día a día. No hay más apoyo filantrópico de la sociedad civil, que ayudaba al menos a un millón de personas, ni hay gasto social del Estado, solo los monólogos de las mentiras del Estado y un endeudamiento fuera de lo normal que premia a los cómplices económicos de la dictadura”, sentencia Orozco.