¿Qué está pasando con los resultados de las elecciones generales en Guatemala?

Luego de una semana de las elecciones generales en Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral decidió “suspender” la calificación y la oficialización de los resultados de las elecciones efectuadas el 25 de junio. Sin embargo, este “atentado a la voluntad popular” ha causado confusión y preocupación entre la ciudadanía guatemalteca. El equipo de DiverCheck te explica

elecciones en Guatemala

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala acató este domingo el fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordena frenar la oficialización de resultados de la primera vuelta electoral, en la que la candidata Sandra Torres quedó en primer puesto seguido del candidato sorpresa: Bernardo Arévalo. La CC amparó el sábado de manera provisional a un grupo de nueve partidos políticos, generando una serie de pasos para la verificación de actas, impidiendo que el TSE pueda oficializar los resultados de las votaciones generales del pasado 25 de junio. 

La movida es interpretada como un atentado contra la voluntad popular de parte de una justicia controlada por el llamado “pacto de corruptos”, que ve peligro en el Movimiento Semilla de Arévalo, quien enarbola un discurso anticorrupción. 

Con esta resolución, las distintas juntas electorales del país tienen que repetir la audiencia de revisión de escrutinios, en la que podrían presentarse impugnaciones en actas que, a criterio de los partidos políticos, no estén del todo claras. El recurso legal planteado ante la CC fue interpuesto en “contra del Tribunal Supremo Electoral”. Entre los partidos políticos que firmaron el recurso se encuentran la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) de Sandra Torres; Vamos, del actual presidente, Alejandro Giammattei, y Valor, de la hija del dictador golpista Efraín Ríos Montt, Zury Ríos Sosa.

El documento alega que “existe riesgo y amenaza inminente de que se realice adjudicación de cargos a elección popular sin haber entrado a conocer las juntas electorales departamentales los vicios contenidos en actas manuscritas, actas digitalizadas, y consecuentemente, subsistentes al efectuarse la revisión de escrutinios a nivel nacional”.

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El TSE informó también que la CC habilitó un período de cinco días para que las Juntas Electorales se organicen y lleven a cabo las audiencias de escrutinios, “guardando rigurosamente las formas y requisitos que la ley especial de la materia les impone”. 

El Gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA) expresaron su preocupación por la suspensión de los resultados de las elecciones en Guatemala. 

El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, advirtió sobre intentos de algunos de interferir en el resultado de la votación del pasado domingo, y afirmó que el pueblo de Guatemala tiene derecho a elegir a sus dirigentes en unas elecciones libres y justas. Por otro lado, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Guatemala (MOE-Gt) emitió un comunicado en el que insta a resguardar las cajas electorales en las que se encuentran las actas electorales y la papeletas de votación de los guatemaltecos.

De igual forma, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) urgió “a los poderes del Estado, Legislativo, Judicial y Ejecutivo a respetar la separación de poderes, la integridad del proceso electoral, así como los trabajos y conclusiones alcanzados en este proceso por la autoridad electoral de Guatemala”.

¿Cuál es el procedimiento?

elecciones en Guatemala
Fiscales y voluntarios del instituto Belén cuentan las papeletas presidenciales al final de la jornada electoral, en el centro histórico de Ciudad de Guatemala, Guatemala. EFE/ Esteban Biba

De acuerdo al reglamento, el Tribunal tiene un plazo máximo de ocho días después de la primera vuelta, que fue el 25 de junio, para oficializar a los dos candidatos que van al balotaje. Por ahora, esto no se ha cumplido. 

La Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) establece un plazo de cinco días para que en audiencias se revisen las impugnaciones así como la información digitalizada. Estas audiencias terminaron el viernes 30 de junio.

Las Juntas Receptoras de Votos (JRV) están conformadas por cinco personas que atienden la mesa cuando se realiza la votación. Se conforman por ciudadanos empadronados, pero que no estén afiliados a partidos. En cuanto terminan las elecciones a las 18 horas, inician inmediatamente el conteo de votos.

Todos los partidos tienen derecho a tener un fiscal por mesa verificando que el conteo sea el correcto. El presidente de la JRV debe ir enseñando voto por voto y si en algo no estuviera claro, los fiscales de partidos pueden impugnar el voto. La decisión final es de la JRV. Si el fiscal continúa sin estar de acuerdo puede continuar con su impugnación y en el acta se debe dejar indicado que hubo una impugnación. Al igual, se tiene un documento describiendo dicha impugnación.

Al terminar se llena un acta con los totales de votos por partido político, la cual firman tanto los miembros de la JRV como cada fiscal que estuvo allí. Actas que en las últimas horas se han estado publicando en las redes sociales.

Según los expertos, el problema radica en que los partidos tuvieron dos momentos para indicar su desacuerdo: a) cuando las JRV contaron votos impugnando el conteo; y b) en las audiencias pudieron pedir revisión si no estaban de acuerdo

El candidato de Semilla, Bernardo Arévalo, ha indicado que ha presentado junto a su ‘número dos’, Karin Herrera, y su equipo legal, tres solicitudes ante el Constitucional para que se revise y se revoque su resolución sobre las elecciones. “Vamos a defender la voluntad del pueblo”, ha sostenido, al tiempo que ha indicado que la democracia “se defiende” en las urnas y no en las cortes.

Arévalo ha sostenido que la resolución del TSE ha sido pronunciada “sin sustento legal”. “Estamos constituyéndonos como tercera parte interesada en el proceso, estamos pidiendo una aclaración de un lenguaje que nos parece obscuro y ambiguo, y estamos solicitando que se revoque esta resolución en virtud de que la Corte no tiene competencia de acuerdo a la legislación guatemalteca”, finalizó.