No existe información oficial sobre la integración ni el inicio de labores del Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua, que se estableció el pasado 2 de octubre durante la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La resolución establece que el grupo debe comenzar a trabajar antes del 1 de noviembre. Sin embargo, a la fecha no se ha informado oficialmente sobre su conformación ni sobre los preparativos para iniciar sus labores. El departamento de prensa de la OEA respondió que “aún no se cumplen los plazos”. Una vez que estos se cumplan, intentarían dar respuestas a las consultas.
Entre sus tareas se encontraba dialogar con los distintos sectores políticos, sociales, religiosos y empresariales de Nicaragua, incluidos la oposición, la sociedad civil y las comunidades nicaragüenses en el exilio. Sin embargo, hasta ahora no se ha anunciado una convocatoria oficial a la oposición.
El líder opositor, Félix Maradiaga, dijo que, pese a que no existe información oficial sobre la puesta en marcha del grupo, ha mantenido “un intercambio fluido” con diplomáticos de varios Estados miembros después de la resolución. “Conversaciones para compartir ideas, impresiones y propuestas sobre los próximos pasos. Algunas por iniciativa de ellos, otras nuestras”, añadió.
Maradiaga prefirió no ofrecer más detalles sobre estas conversaciones hasta que el organismo regional emita una comunicación oficial.
El Grupo también tiene el mandato de intentar un diálogo “directo y pronto” con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y presentar recomendaciones sobre nuevas acciones diplomáticas y jurídicas frente a la crisis sociopolítica, dentro de un plazo máximo de 60 días.
Fuentes de DIVERGENTES atribuyeron el “impasse” a la posibilidad de que el régimen se niegue a recibir a la delegación de la OEA en Nicaragua, de acuerdo con unos primeros acercamientos.
Tras la aprobación de la resolución, Maradiaga afirmó que, entre los cancilleres, ya se daba por hecho que Ortega no permitiría el ingreso de una delegación de la OEA a Managua.
Algunos analistas políticos consideran que este proceso de consultas sobre Nicaragua está poniendo a prueba el propio funcionamiento de la OEA.
Según la resolución, el Grupo Ministerial contará con el apoyo técnico de la Secretaría General de la OEA y tendrá una composición voluntaria, abierta a todos los Estados miembros, que podrán participar a través de sus cancilleres o de las personas que estos designen.
La Reunión de Consulta de la OEA quedó formalmente abierta. La Presidencia puede volver a convocar dentro de los 90 días posteriores a la primera reunión del Grupo Ministerial, o antes si las circunstancias lo requieren.
Ramdin defendió la resolución como un “proceso concreto”
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, calificó la iniciativa como un “proceso concreto” para impulsar el diálogo diplomático, evaluar avances y determinar nuevas medidas, mediante un mecanismo con “responsabilidades y plazos claros”.
Los cancilleres establecieron una extensa lista de medidas “inmediatas, concretas y verificables” que las autoridades nicaragüenses deberían adoptar.
Entre ellas, la liberación incondicional de todos los presos políticos y que el régimen informe sobre el paradero y estado de las personas sometidas a desaparición forzada. También demanda restituir la nacionalidad, los registros civiles y los derechos de quienes fueron despojados arbitrariamente de su ciudadanía, así como permitir su regreso seguro y voluntario a Nicaragua.
La resolución pide restablecer las libertades de expresión, asociación, religión y reunión pacífica, y permitir que medios de comunicación independientes, organizaciones de la sociedad civil, universidades, empresas y otras organizaciones disueltas recuperen su personalidad jurídica, instalaciones y bienes.
Reclama recuperar la independencia de las instituciones estatales, la separación de poderes y el pluralismo político, incluso mediante la revocación de disposiciones constitucionales y legales aprobadas en 2025 y 2026 que vulneren esas garantías.
El organismo hemisférico pide establecer las condiciones para celebrar elecciones libres, justas e inclusivas, con restitución de derechos políticos, una administración electoral independiente y observación electoral internacional creíble.
La resolución también exige mecanismos efectivos para atender las confiscaciones realizadas contra personas, empresas, organizaciones, instituciones religiosas, medios de comunicación y universidades. La resolución prioriza la restitución de los bienes y, cuando esta no sea posible, plantea una compensación “adecuada y efectiva”.