Antes de emprender el viaje de Managua a Madrid, le dijeron que tendría que pagar el doble del costo real del boleto de avión que la llevaría a España. Andrea, que en 2017 tenía 28 años, aceptó. Ese enero había sido despedida del casino donde trabajaba en la capital y una amiga la puso en contacto con una nicaragüense residente en Bilbao, en el norte de España, que supuestamente la ayudaría a conseguir empleo cuidando personas mayores. Un par de meses después, en abril, empacó algunas mudas de ropa en una vieja maleta comprada en el mercado Oriental y emigró.
Aquí, en España, la promesa de empleo se desvaneció.
La mujer que le había indicado qué debía decir si la policía la retenía en el aeropuerto, que le compró los boletos de avión con escalas en Ciudad de Panamá, y le prometió una vida mejor apenas pisara territorio español, ni siquiera intentó recogerla en la terminal aérea de Madrid.
Le dio instrucciones por teléfono para llegar hasta Bilbao, donde la esperaba. Allí la instaló en una habitación que compartiría con otra nicaragüense y por la que debía pagar desde ese mismo día unos 300 euros al mes. Era 23 de abril. Andrea todavía recuerda la fecha.
“¿Cómo voy a pagar si no tengo trabajo?”, le espetó.
Ese no había sido el acuerdo. Durante los dos meses que hablaron antes del viaje, nadie le mencionó una deuda de miles de euros. Ella tampoco preguntó. Asumió que la mujer, hábil para convencerla, la ayudaría con techo y comida mientras encontraba empleo. Los 1300 euros que la misma nicaragüense le había enviado por Western Union —para presentarlos ante las autoridades migratorias como prueba de solvencia económica y simular que entraba a España como turista— le fueron retirados apenas llegó. Poco después supo que debía 5000 euros: el costo inflado del boleto de avión, la renta de la habitación durante un mes y otros gastos que ahora ya no recuerda con precisión. Un mes después de llegar a España consiguió trabajo cuidando a un hombre de 60 años. En menos de un año había pagado toda la deuda.
Nunca quiso denunciar.
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El caso de Andrea no fue el único.
Durante años, un grupo de nicaragüenses asentados en las comunidades de La Rioja y Aragón, en el norte de España, construyó —según la Fiscalía española— una estructura dedicada a captar mujeres en Nicaragua, facilitar su entrada al país ibérico y someterlas a deudas que podían superar los 7000 euros.
De acuerdo con el escrito de la acusación, al que tuvo acceso DIVERGENTES, este sistema operaba a través de contactos familiares y redes de confianza a ambos lados del Atlántico, que gestionaban los viajes, los alojamientos iniciales y la llegada a territorio europeo bajo la apariencia de entradas como turistas. Una vez en Madrid, las mujeres eran derivadas a viviendas en distintas localidades, en la que se les imponía una deuda vinculada a los costes del traslado y otros gastos asociados.
Aunque Andrea no forma parte de la investigación de la Guardia Civil, su experiencia refleja el mismo mecanismo de endeudamiento y vulnerabilidad descrito en el expediente judicial. El caso permanece abierto desde 2019. La organización operó al menos entre 2016 y 2019 y habría movilizado miles de euros mediante el cobro sistemático a mujeres migrantes en situación de precariedad económica.
La Fiscalía sostiene que la estructura funcionaba como una red familiar dividida entre las ciudades de Chinandega en Nicaragua y La Rioja y Huesca en España. Siete nicaragüenses están acusados de los delitos de inmigración ilegal, coacciones, integración en grupo criminal y blanqueo de capitales.
De ser hallados culpables, la mayoría de los acusados enfrentan penas de entre cuatro y seis años de prisión. Siguen en libertad mientras el proceso avanza. El 25 de marzo de 2026 comparecieron ante un juzgado para intentar alcanzar un acuerdo con las víctimas y la Fiscalía, pero las negociaciones no prosperaron y el caso quedó fijado para juicio en febrero de 2027. La detención de una de las acusadas en el aeropuerto de Madrid en julio de 2019, tras llegar desde Nicaragua acompañada de tres mujeres bajo su control, fue uno de los episodios que permitió a la Guardia Civil reconstruir el funcionamiento de la presunta red de trata de personas.
Algunas víctimas han sido acosadas por los pagos en pleno proceso judicial.
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En España residen aproximadamente 840 000 personas en situación irregular, entre ellas una parte significativa de mujeres que han llegado huyendo de la violencia o de la pobreza en América Latina. Para muchas latinoamericanas, el aterrizaje no termina en el aeropuerto madrileño, sino más bien en un laberinto administrativo: la Ley de Extranjería las empuja a años de espera para regularizar su situación y las conduce, casi sin alternativas, hacia los márgenes más precarios del mercado laboral. En ese recorrido, los salarios rara vez alcanzan el mínimo legal y, en muchos casos, apenas rozan la mitad.
El trabajo doméstico y los cuidados se ha convertido en el principal destino de esta fuerza laboral invisibilizada por la sociedad española.
Maryorit Guevara, presidenta del Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura, rechaza la idea de que las mujeres migrantes sean “vulnerables” por naturaleza.
“No son vulnerables, son vulneradas”, afirma. A su juicio, es el propio sistema migratorio y laboral el que las empuja hacia la economía sumergida y las deja expuestas a redes de explotación.
“La necesidad de salir de la pobreza, de la violencia de género o incluso de la persecución política las obliga a aceptar acuerdos de deuda”, sostiene la defensora de derechos humanos. En muchos casos, agrega, las mismas redes de confianza o de amistad que ofrecen ayuda para migrar pueden terminar funcionando como estructuras de explotación sostenidas sobre trabajos precarios y dependencia económica.
Según datos de Intermón Oxfam y la Red Tiempo de los Derechos, el 69% de las personas empleadas en el sector del hogar son extranjeras, y de ellas, un 32% trabaja en la informalidad absoluta, sin contrato ni cotizaciones a la Seguridad Social. En las sombras.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su balance de 2025, advierte por su parte que las brechas de género y origen no solo persisten, sino que se han ampliado: las mujeres migrantes ganan 25% menos que sus pares locales y, en los regímenes de internas, pueden encadenar jornadas que superan las 60 horas semanales. Organizaciones sociales denuncian que estas condiciones constituyen formas contemporáneas de servidumbre.
Guevara denuncia que empresas españolas también explotan a mujeres migrantes en situación irregular.
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La red de trata obtuvo al menos 97 000 euros entre 2017 y 2019
A una de las mujeres llegaron a cobrarle 60 euros por medicamentos básicos, como paracetamol y pastillas para el dolor de vientre. El control económico impuesto a las víctimas no se limitaba a la deuda inicial del viaje, sino que se extendía a cualquier gasto cotidiano, por mínimo que fuera. Así quedó reflejado en un cuaderno oculto detrás de una cómoda, en la habitación de una de las acusadas, que la Guardia Civil encontró durante las investigaciones. Ahí, escritas a mano, aparecían anotaciones que abarcaban años de actividad, entre 2009 y 2017, que daban cuenta del sistema de cobros aplicado a distintas mujeres migrantes.
En una de esas páginas aparecía el nombre de una presunta víctima identificada como “Raquel”. Bajo su registro se detallaban distintos montos: 300 euros por el vuelo, 2050 euros por un concepto no especificado y otros 2500 euros por “intereses”. A esa suma se añadían pequeños gastos como taxi, teléfono, maleta o ropa. El total: 7170 euros. El cuaderno, según la investigación, funcionaba como una contabilidad paralela de una deuda exorbitante.
La Fiscalía española sostiene que este esquema —desde la introducción irregular de mujeres en España hasta la generación y cobro insistente de deudas abusivas— se repitió durante años. Aunque decenas de mujeres habrían pasado por ese circuito, solo 26 decidieron colaborar con la Policía.
Las propias víctimas fueron utilizadas para mover las ganancias de la red a través de envíos de remesas a Nicaragua. El dinero circulaba en pequeñas cantidades fragmentadas, distribuidas entre familiares y terceros para evitar levantar sospechas. Entre 2017 y julio de 2019, la investigación rastreó decenas de transferencias realizadas desde España hacia Nicaragua, tanto por integrantes de la organización, como por mujeres endeudadas que enviaban dinero utilizando nombres vinculados a la red. La circulación fragmentada de remesas evidencia un intento de ocultar el origen del dinero y la dimensión económica de un negocio construido alrededor de la necesidad de migrar. Parte de esos fondos terminaron invertidos en propiedades en Chinandega.
Los beneficios reales de la red podrían haber sido mayores.
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La mamá de una de las cabecillas actuaba como enlace en Chinandega.
El negocio comenzó a tomar forma cuando dos de las acusadas, instaladas en España desde 2014 y 2015, detectaron la creciente demanda de mujeres para el cuidado de personas mayores y enfermos. A partir de ese momento, activaron una red de captación en su lugar de origen. El procedimiento se repitió una y otra vez: las acusadas financiaban los billetes de avión y adelantaban alrededor de 1000 euros a cada mujer para facilitar su entrada como turista a España. Una vez superado el control migratorio, ese dinero se convertía en una deuda que podía alcanzar entre 5500 y 6000 euros.
En la práctica, esa deuda marcaba el inicio de otra vida en España. Algunas mujeres entregaban sus pasaportes como garantía de pago y quedaban atrapadas en una relación de dependencia económica mientras trabajaban como cuidadoras o empleadas domésticas. Según la investigación, la situación administrativa irregular de las víctimas era utilizada también como mecanismo de presión. Intervenciones telefónicas recogidas en el expediente muestran conversaciones en las que los acusados recomendaban a las mujeres evitar espacios públicos para no ser identificadas por las autoridades.
Algunas víctimas desempeñaban trabajos exigentes.
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A Andrea le dijeron que iba a ganar 1000 euros.
Había trazado un proyecto de vida que empezaba con dejar a su hijo de 10 años al cuidado de su madre en su natal Nueva Guinea. Con ese salario, le explicaron, podría cubrir el billete de avión y los gastos iniciales sin problemas. “Me dijeron: no vas a gastar nada, te dan comida y dormida adentro”, recuerda sobre la promesa que le hizo la mujer que intermediaba su viaje y quien luego se benefició de su necesidad. Pero la realidad fue otra. Aunque apenas pasaba unas horas en la habitación, los cobros no dejaban de acumularse. Le seguían facturando mes a mes una supuesta estancia que no nunca coincidía con el uso real. No fue hasta más de un año después cuando empezó a ver una leve mejoría económica.
Al respecto, la defensora Maryorit Guevara sostiene que la explotación de mujeres mediante el cobro de deudas desorbitadas se repite en España desde hace años. “Que alguien le pague el billete de avión a una mujer puede parecer una oferta generosa, pero forma parte de un engaño cuando se les dice que van a ganar mucho dinero en España y no es cierto”, afirma.
Explica que no todas las mujeres acceden siquiera a un salario mínimo y muchas terminan cobrando alrededor de seis euros la hora, como es el caso de la comunidad donde su organización apoya a decenas de mujeres migrantes. “Se aprovechan de la necesidad de las mujeres, tanto las mafias como el propio sistema en España”, añade.
La razón por la que, según Guevara, muchas mujeres no denuncian estos casos tiene que ver con una combinación de miedo, desconfianza institucional y amenazas directas. Temen la expulsión del país, no ser creídas o enfrentarse a represalias de las propias redes que las captaron.
“O las mismas represalias de estos grupos criminales: conocen a la familia de las mujeres, son personas con las que han crecido, el vecino que les dijo ‘si te vas a España te voy a conseguir trabajo’. Ante todos esos temores, lo último que se les ocurre es denunciar”, explica. Su organización ha documentado además que, en algunos casos, las mujeres perciben que al acudir a comisarías su situación administrativa irregular termina condicionando la respuesta institucional.
El silencio es una forma de supervivencia.
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Andrea hay muchas. Una conoce a otra y la otra, a otra, otra y otra. Algunas, después de años en la irregularidad, han empezado este año a iniciar trámites para obtener la residencia legal en España, aprovechando un proceso extraordinario de regularización.