Las enmiendas constitucionales llevadas adelante este año por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo no se pueden explicar si no es tomando en cuenta el momento crítico al que está entrando la sucesión dinástica. Las reformas constitucionales siempre responden a necesidades jurídico-políticas de un determinado momento histórico, y en el caso de Nicaragua eso jamás ha sido siquiera la excepción. La historia constitucional reciente del país ha estado jalonada por el proceso político que culminó con la Constitución absolutista y familiar que fue aprobada en febrero del 2025. 

El desmembramiento y fraude constitucional de febrero tenía al menos tres objetivos para la dictadura Ortega-Murillo: 

1. La imperiosa necesidad de disponer una fórmula jurídica que viabilizara en este plano la sucesión de Rosario Murillo.
2. La concentración absoluta del poder en manos de la presidencia, con pleno control de todos los órganos del Estado en busca de algunas garantías políticas sucesorias.
3. La des constitucionalización de los derechos fundamentales de los nicaragüenses que han perdido todo tipo de eficacia. 

Una suerte de constitucionalismo represivo que tuvo su mayor manifestación con la constitución Stalinista de 1936 y que fue aprobada en medio de la Gran Purga. Podemos preguntarnos si es casualidad que, tanto la reforma de febrero como las sucesivas cuatro reformas de los últimos meses, hayan sido aprobadas en el marco de la Gran Purga de Rosario Murillo. Los elementos objetivos hacen indicar, entonces, que todo es parte del plan de sucesión que cada día se vuelve más inviable para el “murillismo”. 

La doctrina más autorizada – en la pluma del profesor Pedro De Vega – ha reflexionado sobre las funciones de la reforma constitucional, entre las cuales destacan: Adecuar la norma fundamental a la realidad jurídica e histórica; garantizar la continuidad jurídica del ordenamiento y del Estado sin quebrantar la normatividad previa; y ser una institución básica de garantía de la Supremacía constitucional por medio del procedimiento agravado de modificación del cual goza la Constitución que la consagra como la Lex Suprema del orden jurídico. Ninguna de las reformas aprobadas revela estas funciones, sino todo lo contrario, han convertido a la Constitución en una norma más del sistema normativo (que dejó de ser complejo), sometida a merced de los caprichos de la dictadura. 

Las enmiendas son una respuesta dirigida exclusivamente a solventar las brechas críticas que sufre la sucesión dinástica. Así, la reforma de mayo procura inhibir electoralmente a centenares de miles de nicaragüenses que hayan adquirido una segunda nacionalidad, despejando el camino de una posible salida electoral. Las reformas de agosto tienen como objetivo cerrar el círculo de control de Murillo ante la eventual sucesión: garantizar la sujeción del órgano acusatorio y del resto de Ministerios e instituciones del Estado por medio del Supra Ministerio de Justicia, sobre el cual subyace la aprehensión patrimonial de toda la militancia del Frente Sandinista bajo el falso lema de “Todos contra la corrupción”. 

Además, la división del mando policial solo se entiende en el ambiente de desconfianza y de necesidad de que las lealtades se disputen entre los abyectos a la tiranía: a mayor división del mando jerárquico represivo, menos posibilidad de contradicción y sublevaciones policiales internas, aunque corren el riesgo de crear facciones dentro de la policía que pueden entrar en pugnas. 

En síntesis las reformas constitucionales no responden a requerimientos ni técnicos ni de ampliación de la lista de derechos, sino a la construcción de un ordenamiento político conteste a los momentos críticos que vive la sucesión dinástica, y es por eso que ya ni siquiera se toman el tiempo en la Asamblea de la dictadura para que las iniciativas de reforma constitucional cumplan con el procedimiento especial de tramitación y más aún, por tal razón aprueban las leyes de desarrollo, como la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia o la reforma a la ley de la policía, sin que aún se hayan aprobado las modificaciones a la Constitución en segunda legislatura, sobreviniendo, toda esta legislación, en inconstitucional. 

La inviabilidad de la sucesión  

En otras ocasiones he tratado de apuntar las causas que hacen inviable la sucesión de Daniel Ortega a Rosario Murillo, y el actual panorama político no ha eliminado los obstáculos, precisamente, porque Murillo, como heredera del poder –ante la ausencia de fuente de legitimidad– ha entrado, sin posibilidad de retorno, a la deriva del “poder o la muerte”, como ya ha dicho Óscar-René Vargas. Sin embargo, hay factores externos e internos sobre los que no tiene control. 

1. Primero tiene que ver con la esperanza de vida del sucesor. Rosario Murillo tiene ahora mismo 74 años y, si juzgamos por su salud bucal y su aspecto físico, parece que no goza de una salud robusta que le permita vivir unos cinco o diez años en los cuales pueda consolidar el relevo a sus hijos, mientras estos “se foguean” más. Si bien este es un elemento importante para tener presente, no parece ser el más determinante, toda vez que al final es lo que es: un imponderable.
2. Por otro lado, la dictadura sufre de insolvencia internacional. Antes que les exijan cuentas en organismos internacionales, ellos prefieren salirse, y sus alianzas a nivel internacional son más de corte geoestratégico que de otro tipo y, por lo tanto, fácilmente permutable. Me refiero a sus aliados de China, Rusia e Irán, en un contexto de disputas y negociaciones a nivel global, no garantizan protección ni certeza para que la dictadura se sostenga en el poder por medio de una dinastía. Y si volteamos a ver a la región, las maniobras militares cerca del territorio marítimo de Venezuela no parecen ser un buen augurio.  
3. La ruptura total con la oligarquía criolla. Al igual que la dictadura somocista, los Ortega-Murillo, pretenden suplantarla por medio de la neo burguesía que se ha erigido al amparo del poder y de la corrupción. Todas las empresas que licitan o son de capital orteguista o están coludidas con estos. Exactamente lo mismo que hizo el somocismo tras el terremoto de 1972 lo cual forzó a la burguesía a colocarse en la acera opositora. En un escenario crítico de la sucesión donde lo que se necesita no es recursos provenientes solo de una fuente, sino certezas para poder proyectar con estabilidad al proyecto dinástico, el respaldo del capital tradicional no es cosa menor. 
4. La imposición del terror absoluto, si bien es estratégico para inmovilizar a la ciudadanía, no es sostenible a largo plazo. Sobre todo, porque ese terror, ahora no solo está dirigido a la disidencia, sino también a las inmensas mayorías de la población, incluso a los militantes y cuadros, viejos y nuevos de lo que fue el Frente Sandinista. Es en el marco de esa estrategia del terror que Rosario Murillo ha desatado la Gran Purga en contra de los viejos actores que representaban a las estructuras de la seguridad del estado, y hacia Bayardo Arce, Álvaro Baltodano, Néstor Moncada Lau, entre otros, precisamente adelantándose a la crisis que se avecina ante la ausencia de Daniel Ortega. El quid del asunto reside en que, así como la represión es consustancial para que la dictadura pueda sostenerse, de forma transitoria, en el poder, para que el relevo sucesorio se consume, las purgas son, entonces, también, necesarias, sin embargo, tienen un límite, y llegará el momento de la movilización interna y las disputas de poder dentro de la estructura de la dictadura.

El somocismo pudo consolidar su dinastía porque reunían todos los presupuestos de los que carecen los Ortega-Murillo: una perversa alianza de respaldo de los Estados Unidos; estrechos acuerdos con el gran capital y un resorte partidario importante. Sumado a que los sucesores eran muy jóvenes. 

Como ya han reseñado los historiadores, las caídas de las autocracias y regímenes de larga duración en Nicaragua, han sido porque los detentadores del poder no practican la alternancia. Clave para entender nuestra cultura política. Y los ejemplos son cuantiosos: Roberto Sacasa en 1893, el último presidente de la república conservadora; José Santos Zelaya; los Somoza, y ahora los Ortega-Murillo. Ninguno de los mencionados estuvo dispuesto a propiciar las condiciones para una salida ordenada del poder, y todos, sin excepción, se marcharon estrepitosamente. Y si existe un tribunal incontestable, ese es el tribunal de la historia.

Al pie del instrumento: ¿Habrá espacio para la segunda generación de la familia? 

En algunos análisis colectivos, surge un eventual escenario de salida de la dinastía, pero una vez asuman el poder la siguiente generación, es decir, los hijos de los codictadores. El tema está, nuevamente, en la capacidad de suceder que puedan tener. Y eso no se improvisa, y requiere de un poco de simpatía dentro del mismo régimen, elemento que es imposible que tenga Laureano Ortega quien se dedica a hipostasiar al dandy político con los treinta mil dólares que anda puesto encima, mientras quienes le rodean viven de las prebendas y las migajas. 

Sin embargo, la imposibilidad de que la segunda generación tenga espacio se halla en la ausencia de factores de estabilidad y en la paranoia con la que hace política y pretende imponerse Rosario Murillo. Los perseguidos serán todos y pondrá, una vez más, de relieve que el régimen no es monolítico. ¿Tendrá el Ejército la última palabra?