El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través del Ministerio de Gobernación, solicitó la cancelación de la personalidad jurídica de la ONG Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (Fideg), que preside el empresario sandinista Alejandro Martínez Cuenca. El régimen pidió la ilegalización del Fideg debido a que esa ONG, especializada en la realización de estudios socioeconómicos, no se registró como agente extranjero y ha incumplido con sus obligaciones legales y estatutarias, según la iniciativa que será discutida el martes en el plenario.
Según Gobernación, esa ONG no presentó los estados financieros 2020 con sus desgloses detallados, ingresos, egresos, balanza de comprobación, origen y detalles de donaciones, con lo cual viola la Ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro, y la Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo, y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Tampoco presentó el informe de donaciones previas provenientes del exterior, y no se registró como agente extranjero “incumpliendo” con la Ley de regulación de agentes extranjeros, “ya que es sujeto obligado porque recibe donaciones provenientes del exterior”, argumentó esa cartera.
Además, no ha presentado los convenios (donante y ONG) sobre sus proyectos y actividades, “que definan claramente sus fuentes de financiamiento, cartera de proyecto, el impacto social de los mismos y si están acorde a los fines y objetivos de la Fundación”. Asimismo, no ha presentado los documentos de identidad de sus proveedores de fondos, y soporte de ingreso, la buena reputación de sus beneficiarios y de sus organismos asociados, de acuerdo con la información.
Con estas acciones, continuó el Ministerio de Gobernación, la Fideg “obstaculiza la labor de control y vigilancia del Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro”, y esas omisiones “constituye causal suficiente para proceder a la cancelación de la personalidad jurídica” de esa Fundación.
Recibe nuestro boletín semanal
Creada por los sandinistas
La Fideg, creado el 30 de marzo de 1990, 26 días antes que asumiera la presidencia Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) que derrotó en las urnas al actual mandatario, Daniel Ortega, se define como un centro de pensamiento multidisciplinario autónomo e independiente que busca promover el desarrollo socioeconómico a través de la producción de conocimiento aplicado.
Su presidente ejecutivo es el economista y empresario Alejandro Martínez Cuenca, que en el 2000 disputó la candidatura presidencial del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), junto al exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco, que guarda prisión acusado de “traición a la patria”, y el mismo Ortega, que al final se impuso.
Martínez Cuenca renunció al Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua en agosto de 2018, cargo que ocupaba desde el 2011, tras la revuelta popular contra el Gobierno de Ortega, que dejó 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Entre los usuarios de los servicios de Fideg se encuentran los Gobiernos de Finlandia, Canadá, Países Bajos, Noruega y Suecia, la Agencia Suiza para la Cooperación al Desarrollo (Cosude), la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), la Agencia Internacional de Cooperación del Japón (Jica), el Instituto de Investigación para el Desarrollo de las Naciones Unidas (Unrisd), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros.
En Nicaragua, el Ejecutivo de Ortega, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, han ilegalizado al menos 49 ONG nicaragüenses desde diciembre de 2018.
El día 15 de agosto pasado, el Ministerio de Gobernación también canceló los registros y números perpetuos de tres ONG estadounidenses y tres europeas.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión.