Un fuerte contingente de la Policía del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, acompañado de antimotines, personal de la Procuraduría General de la República (PGR) y civiles se tomaron “por la fuerza” las instalaciones del Grupo Venancia de Matagalpa, ocho meses después de que los diputados sandinistas de la Asamblea Nacional disolvieron la personería jurídica de dicho colectivo feminista ubicado en la zona norte del país.
“El despojo de nuestro inmueble es un paso arbitrario más tras la ilegal cancelación de nuestra personería jurídica, porque ya sabemos que las leyes son papel mojado en este país. Esta es otra muestra de la violencia estatal en contra de nuestros derechos”, denunció el organismo a través de una publicación en Facebook.
El colectivo feminista calificó la toma de sus instalaciones como un “robo”, debido a que las autoridades no cumplieron los procedimientos legales para dicha ejecución. A su vez, enfatizó que, por más que la dictadura se haya adueñado del local, continuará con el compromiso de defensa de los derechos humanos en Nicaragua,
La cancelación de dicho organismo de mujeres se concretó el pasado 30 de junio de 2021, tras más de 31 años de servicio. Sin embargo, los ataques del régimen contra este colectivo iniciaron entre los meses de septiembre y octubre del 2008, cuando “las Venancias”, como también son conocidas, fueron acusadas por el gobierno de lavar dinero y promover el aborto. Las acciones judiciales fueron conducidas a través del Ministerio de Gobernación y la Fiscalía.
Recibe nuestro boletín semanal
El espacio de mujeres destacó en su comunicado que durante todos estos años ha sido una casa abierta “para la reflexión feminista y el empoderamiento personal y colectivo de mujeres de todas las edades, principalmente de las zonas rurales de diversos departamentos del norte de Nicaragua”.
“También ha sido un espacio para la sanación de las heridas que deja la violencia atendiendo a mujeres y niñas víctimas y sobrevivientes y una tarima para promover la cultura, el arte y el activismo en esta ciudad.”, recalcó.
A su vez enfatizó que durante este tiempo ha brindado un espacio de denuncia y acuerpamiento para las personas de la comunidad LGBTIQ+, “no solo para reflexionar sobre sus derechos, sino para celebrar el orgullo sin ningún tipo de discriminación”.
“Son unos asaltantes”
La abogada Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), reaccionó a esta nueva acción represiva de la dictadura y recordó que el régimen sandinista no tiene la facultad para declarar o ejecutar confiscaciones.
“No les da vergüenza convertirse en unos asaltantes, eso es lo que están haciendo, son prácticamente unos despojadores, porque no tienen ninguna facultad para declarar confiscaciones. No tramitan el simulacro de expropiación por causa de utilidad pública, porque tendrían que indemnizar a los despojados”, rechazó la defensora.
Un estudio presentado por la Fundación del Río y otras organizaciones, en diciembre del año pasado, señala que entre finales de 2018 al cierre de noviembre de 2022, el régimen ha cancelado un total de 3 mil 106 organizaciones civiles, que representa el 42% de los organismos sin fines de lucro que existían en Nicaragua previo al estallido de la crisis social y política, cuando la dictadura reportaba 7 mil 227 entidades activas en ese momento.
La gran mayoría de estas oenegés no persiguen ningún fin político, sino que llevaban a cabo labores de asistencia humanitaria o trabajos con enfoque cultural o educación, como es el caso del Grupo Venancia que trabajaba temas educativos y comunicación a mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes.