La Policía Nacional ingresó con violencia este mediodía a la casa de Cristiana Chamorro, precandidata presidencial acusada de presunto lavado de dinero. La jueza sandinista Karen Chavarría Morales, titular del juzgado Noveno de Distrito Penal de Audiencia de Managua, ordenó el allanamiento y detención en contra de la expresidenta de la Fundación Violeta Barrios.
La solicitud de detención fue a pedido del Ministerio Público a través de un escrito presentado en los juzgados capitalinos, en el que también solicitó la tramitación compleja de la causa y la medida cautelar de prisión preventiva para Chamorro, quien “una vez aprehendida y puesta a la orden de la autoridad judicial”, se le realizará la respectiva audiencia.
Horas después de haber formalizado su intención de inscribirse en el proceso de selección de candidatos a presidentes del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), Cristiana Chamorro fue inhibida por medio de un comunicado del Ministerio Público obediente a Daniel Ortega y Rosario Murillo, que alega que no está “en pleno goce de sus derechos civiles y políticos” por encontrarse en un proceso de supuesto lavado de dinero. El bloqueo de facto de la precandidata pone en una nueva encrucijada a la oposición, que deberá decidir si rechaza por completo las inhibiciones o sorteará un proceso electoral que hasta ahora carece de transparencia y competitividad.
Chamorro es la precandidata más popular, según las encuestas de opinión pública en Nicaragua. El viernes pasado los resultados de la firma encuestadora Cid Gallup la ubicaron en el primer lugar de los opositores con un 21%, convirtiéndose en la que más opciones tiene de arrebatarle el poder a Daniel Ortega, el caudillo del Frente Sandinista, que tiene 14 años en el poder, y busca su tercer reelección consecutiva.
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La Fiscalía presentó la acusación contra Chamorro por los delitos de “gestión abusiva y falsedad ideológica”, ambos conexos con el delito de lavado de dinero, bienes y activos. Sin embargo, esto es violatorio de sus derechos ciudadanos porque la Constitución de Nicaragua indica que una persona pierde sus derechos políticos cuando existe una sentencia firme (que haya pasado por todos los procesos de apelación) en un tribunal. En el caso de Chamorro hasta este viernes se ha presentado la acusación.
El régimen de Daniel Ortega inició la persecución contra Cristiana Chamorro desde el pasado 20 de mayo, cuando anunciaron el inicio de las investigaciones en contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh) por encontrar supuestas inconsistencias financieras en los informes de entre 2015 y 2019. Desde entonces han citado a entrevistar a más de 20 periodistas, extrabajadores de la fundación, y este martes entrevistaron al escritor Sergio Ramírez Mercado, Premio Cervantes y vicepresidente de Daniel Ortega en los años 80.
En todo este proceso se han congelado cuentas bancarias de cinco personas investigadas y se han solicitado medidas precautelares de retención migratoria a cuatro investigados, entre ellas Cristiana Chamorro y la periodista y corresponsal freelance de Univisión, María Lilly Delgado. Según la Fiscalía, estas personas tienen prohibido concurrir a determinadas reuniones y lugares y comunicarse con personas vinculadas a los hechos investigados.
Dos de los extrabajadores de la Fundación Violeta, Marcos Fletes y Walter Gómez se encuentran detenidos desde el pasado viernes sin posibilidades de que cuenten con sus abogados. No han podido hablar ni con sus familiares. El sábado el régimen comunicó que Fletes y Gómez quedarán detenidos hasta el próximo 26 de agosto.
Chamorro ha afirmado en reiteradas ocasiones que este caso de presunto “lavado de dinero” es “fabricado” y pretende no solo acallar al periodismo nacional, sino inhibir su candidatura presidencial, al ser una de las más populares. Insiste que los Ortega-Murillo tienen pavor del fantasma de la derrota electoral que su madre, la expresidenta Violeta Barrios, le dio a Ortega en 1990. “Es una venganza de Daniel Ortega contra el legado de mi madre. Quiere impedir que los nicaragüenses votemos y no haya un traspaso a la democracia”, ha sostenido.
“Fraude en cámara lenta”
La exguerrillera Dora María Téllez considera que esto demuestra que la dictadura Ortega Murillo está aterrorizada con la posibilidad de ir a elecciones. “Han ido cerrando todo espacio, toda posibilidad… Han recurrido a un arsenal de instrumentos de su aparato represivo (policía, jueces, fiscales, las leyes, los diputados) para ejecutar un fraude en cámara lenta”, agregó Téllez.
Para Téllez, la inhibición de Chamorro demuestra un acto de desesperación porque la acusaron sin haber recogido pruebas contra ella y la despojaron de sus derechos civiles. “Es atroz en materia de derechos ciudadanos. Lo que cometieron es absolutamente inconstitucional: despojar a cualquier nicaragüense de sus derechos civiles y políticos”, insistió Téllez, quien recordó que “solamente se le quitan algunos derechos cuando alguien es objeto de una sentencia firme”.
Descabezar a las figuras que gozan de mayor confianza
La socióloga y activista política Violeta Granera advirtió que otros precandidatos opositores pueden ser inhibidos. “No es la Fiscalía a la que le corresponde inhibir a ningún candidato, más cuando no se tiene una sentencia firme… Además, Cristiana no es candidata oficial ante el Consejo Supremo Electoral (CSE). Es una ridiculez”, afirmó Granera, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).
También recomendó a Ciudadanos por la Libertad (CxL) continuar con el proceso de inscripción de precandidatos que ese partido reabrió entre el 31 de mayo y el 3 de junio, sin que la precandidata Chamorro sea excluida. Según Granera, todos los precandidatos deben apoyarse desconociendo “las barbaries de Daniel Ortega”.
“Pareciera que está queriendo descabezar a las figuras que él perfectamente sabe que gozan de la mayor confianza del pueblo de Nicaragua”, subrayó la integrante de la UNAB.
Granera considera prematuro afirmar que el dictador busca un rival a su medida, pero le resulta sorpresivo el momento, la forma y el temor que tiene a este proceso de selección democrática de candidaturas, y a la eventual postulación de Cristiana.
Sin sentencia firme “la pena no es efectiva”
Enrique Sáenz, analista político, insistió que la inhabilitación de Cristiana Chamorro no tiene sustento jurídico por varias razones. La primera consiste en que el Ministerio Público no puede inhibir a un candidato a la presidencia. Y la segunda es que no puede existir pena sin una sentencia firme. La aspirante a la presidencia es acusada, pero no se le ha encontrado culpable y por lo tanto no hay sentencia.
“Es como que Ortega haya decretado que Cristiana no puede ser candidata en un discurso público. Es decir, no tiene ningún valor ni sustento”, opinó Sáenz.
Para llegar a este punto, “la Fiscalía tendría que interponer una acusación en el juzgado, y el juzgado debería iniciar el proceso penal que concluye en primera instancia con una sentencia”. Estos procesos no se han cumplido, y más bien el Ministerio Público “inhabilitó” a la precandidata de tajo, pasando por encima del Consejo Supremo Electoral (CSE), el órgano encargado de estas medidas.
Otro punto cuestionable del proceso contra Chamorro son las medidas precautelares que ha impuesto el Ministerio Público. “La inhibición tampoco está incluida entre las medidas precautelares que establece expresamente el Código Procesal Penal”, explicó el analista. Por lo tanto, sin sentencia firme y sin medidas cautelares que la inhiban, las disposiciones del régimen han caído “en la ilegalidad”.
Sáenz aseguró que Chamorro debería desconocer el comunicado del Ministerio Público y mantenerse firme en sus aspiraciones. De igual forma, la Alianza Ciudadanos por la Libertad “debería desconocer las órdenes de Ortega y no inhibir a la candidata en su proceso de selección”, pues no se “debe” acatar una ilegalidad. Sin embargo, esto podría provocar la impugnación de dicho bloque opositor, según pronostican algunos analistas políticos.
“Aquí estamos frente a una Fiscalía que ha actuado abusando de sus facultades y en consecuencia, incurriendo en una causal de destitución del fiscal y del fiscal adjunto”, opinó Sáenz.
Por su parte, el politólogo e internacionalista Pedro Fonseca asegura que las medidas contra Chamorro trastocan sus derechos humanos. Uno de ellos son las atribuciones que brinda la Constitución de Nicaragua en su artículo 51, que establece que cualquier nicaragüense puede aspirar a un cargo público.
“Hacer una investigación precisamente ahorita, a meses de unas posibles elecciones, es completamente descontextualizado y oportunista”, valoró Fonseca. “Hay un claro atentado a la dignidad como persona cristiana, porque estamos viendo una escalada contra ella”.
Alianza CxL no interrumpirá proceso de inscripción
Óscar Sobalvarro, vicepresidente CxL, condenó la inhibición de Cristiana Chamorro. Sin embargo, aseguró que el mecanismo de inscripción de precandidatos no se detendrá y que la oposición no puede “desfallecer” frente al abuso y atropello de los derechos de la expresidenta de la Fundación Violeta Barrios.
“Es lamentable que estén pasando estas cosas. Lo sentimos mucho por Cristiana y por todas las personas que están siendo sometidas a un proceso injusto. Pero creo que la lucha del pueblo nicaragüense es algo que debe ser permanente y no podemos desfallecer porque se atropelle el derecho de una persona. Debemos condenar el abuso pero continuar con la lucha por la liberación del pueblo para restablecer los derechos constitucionales”, expresó Sobalvarro.
Sobalvarro aseguró que la inhibición de Chamorro no afectará la reunión que estaba programada para este miércoles en la sede del partido. “Nosotros no vamos a sacar del proceso de inscripción a Cristiana. Vamos a recibirla aunque no sepamos en qué va a terminar todo esto”, insistió.
Cada día que pasa el panorama electoral se torna oscuro para la oposición nicaragüense. La inhibición de Chamorro se suma a la cancelación de la personería jurídica del Partido Restauración Democrática (PRD), que en teoría iba a ser el vehículo electoral de la Coalición Nacional.
Al respecto Sobalvarro manifestó que si bien el panorama no es propicio para participar en el proceso electoral de noviembre próximo, esta es una decisión que tendrán que analizar todas las organizaciones que integran la Alianza y otros sectores de la sociedad. “Haremos las consultas con los diferentes sectores en su momento”, afirmó.
Minutos después de ofrecer la entrevista a DIVERGENTES, el vicepresidente de CxL, dijo a 100% Noticias que todas las actividades relacionadas al proceso de selección de precandidatos, se suspendían porque la Alianza estará enfocada en la solidaridad y denuncia por este nuevo acto de persecución política.
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