Sergio Ramírez ha protagonizado una escena que podría caber en una de sus últimas obras policiacas, en las que el detective Dolores Morales, quien encarnó su regreso a la novela negra, tiene que nadar en un escenario plagado de corrupción y poder en exceso, como metáfora de la Nicaragua contemporánea. El escritor, ganador del Premio Cervantes, fue citado este martes por la Fiscalía por el caso de supuesto lavado de dinero contra Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), Cristiana Chamorro y los exfuncionarios Walter Gómez y Marcos Fletes, quienes permanecen encarcelados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Ramírez fue citado en calidad de testigo, y al ser consultado sobre si las acusaciones contra Chamorro, la aspirante a la presidencia mejor valorada según las encuestas, tiene un trasfondo político, dijo que “está a la vista”. Esta tarde fue llamado a comparecer como representante legal de la Fundación Luisa Mercado, una institución sin fines de lucro que se ha encargado de promover actividades culturales a nivel nacional, pero sobre todo en Masatepe, la ciudad de origen del escritor.
“Nuestra relación con la Fundación Violeta Barrios ha sido correcta y con letra de la ley”, agregó al salir de la Fiscalía con su abogado después de estar dos horas dentro de las instalaciones. “Me preguntaron si teníamos una relación con la Fundación, yo le dije que sí. Desde luego somos dos entidades que trabajan con absoluta transparencia”.
A Ramírez le consultaron específicamente sobre los fondos brindados al proyecto Centroamérica Cuenta, un festival literario que aglutina a escritores y periodistas de toda América y España, que a raíz de la crisis sociopolítica de 2018 tuvo que volverse itinerante. “Dentro de la investigación que la Fiscalía lleva adelante me han preguntado de ese apoyo. Yo he firmado esos convenios como representante legal de la Fundación Luisa Mercado”, reiteró Ramírez.
El involucramiento del escritor en el caso de la Fundación Violeta ha generado sorpresa en la opinión pública, pues hasta el momento solo han sido involucrados periodistas, directores de medios y extrabajadores de la organización. Ramírez, quien fue vicepresidente de Ortega en los ochenta, rompió con el Frente Sandinista en los noventa y desde entonces ha sido uno de los intelectuales más críticos contra el mandatario sandinista. De hecho, su literatura se ha presentado como una radiografía de la actual Nicaragua gobernada por el caudillo sandinista. El país que se expone en su más reciente obra “Ya nadie llora por mí” sirve de “espejo” por su descomposición social, la corrupción y la podredumbre de poder que tiene que enfrentarse un antiguo guerrillero sandinista que pasó a ser policía y luego detective privado. Recientemente, Ramírez anunció en su cuenta de Twitter que se encontraba finalizando una tercera parte de las andanzas del inspector Morales, titulado “Tongolele no sabía bailar”, a publicarse en octubre de este año por Alfaguara.
En 2017 fue galardonado con el Premio Cervantes, uno de los galardones literarios más importantes del español. Al recibir su premio en 2018 dedicó su discurso “a los nicaragüenses que en los últimos días han sido asesinados en las calles por reclamar justicia y democracia, y a los miles de jóvenes que siguen luchando, sin más armas que sus ideales, porque Nicaragua vuelva a ser República”.
“Todos somos poetas de nacimiento, salvo prueba en contrario”, dijo al inicio de su discurso de recibimiento. Ramírez ha sido el primer centroamericano en recibir dicho galardón a manos del rey de España.
La acusación contra Chamorro y la Fundación Violeta
El Ministerio de Gobernación señaló el 20 de mayo “graves inconsistencias en los registros financieros del periodo 2015-2019” de la FVBCh, organización encargada de promover la libertad de prensa y expresión en el país desde 1997. En el caso fueron involucrados Cristiana Chamorro, aspirante a la presidencia de Nicaragua, el exadministrador Walter Gómez y el excontador Marcos Fletes. Ambos fueron detenidos el 28 de mayo por policías y civiles. Luego fueron trasladados a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), donde hasta el momento permanecen encarcelados. Las autoridades realizaron una audiencia inicial, donde no estuvieron presentes los abogados defensores.
El régimen publicó el sábado un comunicado donde asegura que los detenidos se encuentran en proceso de investigación, y pasarán un periodo de 90 días. De esta forma se utilizan las reformas a la Ley 1060 del Código Procesal Penal, aprobadas el tres de febrero de este año, que ampliaron el plazo de detención preventiva que era de 48 horas y ahora es de “no menor a 15 días y ni mayor a 90 días”. Chamorro ha insistido que la detención de Gómez y Fletes fue un secuestro.
En menos de 24 horas después, familiares de los detenidos llegaron a las instalaciones de la DAJ para conocer el paradero de ellos. Pero los portones de la institución fueron cerrados. Esto ha sucedido después de que el régimen trasladara las pesquisas a la Policía Nacional, considerada como una de las instituciones más represivas de Nicaragua y la encargada de fabricar pruebas contra manifestantes.
Cristiana Chamorro ha asegurado que el fin de Ortega y Murillo es “inhibirla” políticamente para que los nicaragüenses no puedan votar. En las últimas encuestas, se le ha perfilado como una de las candidatas que mejor simpatía genera en la población.
Los señalamientos en contra de Chamorro ocurrieron la misma semana en que el Consejo Supremo Electoral (CSE) canceló la personería jurídica del Partido Restauración Democrática (PRD), que iba a ser el vehículo electoral para la Coalición Nacional en las elecciones generales. La dictadura elevó su escalada represiva en mayo, un mes que se perfilaba clave para el proceso electoral.
Desfile de periodistas
Desde entonces han sido llamados a la Fiscalía más de una decena de periodistas por el caso contra la FVBCh. María Lilly Delgado, corresponsal freelance de Univisión, es hasta el momento la única reportera implicada en las acusaciones. Junto a ella, también han sido implicados los extrabajadores Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano.
Además de María Lilly Delgado, el pasado viernes fueron citados cuatro periodistas quienes comparecieron en la Fiscalía para ser entrevistados, en una semana han sido citadas 20 personas, entre ellas 19 periodistas. Los últimos comunicadores llamados al Ministerio Público fueron Carlos Herrera, fotoperiodista de Divergentes, colaborador del diario español El País y de agencias internacionales. Amparo Aguilar, periodista de Qué Tal Ocotal. Rosa María Blandón, de La Lupa, y Francisco Gadea, propietario de ABC Stereo, una emisora local del departamento de Carazo.
Los otros periodistas citados la semana pasada son los siguientes: Roberto Mora, periodista de ABC Stereo; Argentina Olivas, de Radio Vos; Ludwing Loásiga, quien brindó talleres de formación; Aníbal Toruño, propietario de Radio Darío; Francisco Gadea, propietario de Radio Stereo Romance; José Adán Silva, director del medio Literal y Paula Smith, representante de Radio La Costeñísima.
Horas después de la entrevista en la Fiscalía, Ramírez aseguró que todos los convenios entre ambas fundaciones han sido “en estricto cumplimiento con las leyes de Nicaragua”. También se solidarizó con la prensa independiente: “La prensa independiente de Nicaragua va a salir muy bien librada de esta situación. Pese a todos los obstáculos, se multiplica el número de periodistas que están dispuestos a informar con valentía, serenidad y entereza”.
La Fiscalía ha convocado a los “testigos” en dos franjas: entre las 08:00 y 11:00 de la mañana y otra de entre 01:00 a 04:00 de la tarde. Durante las comparecencias se les ha insistido a los entrevistados que dieran cuentas del dinero que “han recibido” de parte de la FVBCh y para qué tipo de acciones han sido utilizados.
En las oficinas del Ministerio Público ha primado una fuerte presencia policial y de civiles que actúan de forma coordinada con la Policía Nacional.
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