En una nueva embestida legal que consolida su autoritarismo, el régimen Ortega-Murillo impulsó y aprobó este jueves 16 de mayo de 2025, a través de la Asamblea Nacional, una reforma parcial a la recién estrenada Constitución OrMu.
La enmienda, avalada en primera legislatura por voto unánime, establece que cualquier nicaragüense que adquiera otra nacionalidad perderá automáticamente la suya. La enmienda fue presentada por la Presidencia y aprobada por unanimidad durante una sesión especial dedicada al natalicio de Augusto C. Sandino, figura histórica utilizada por el oficialismo como emblema ideológico.
La reforma modifica los artículos 23 y 25 de la Constitución OrMu —que entró en vigor apenas el 30 de enero de este 2025— y establece, además, que los extranjeros que busquen nacionalizarse como nicaragüenses deberán renunciar a su ciudadanía de origen, excepto si provienen de países centroamericanos.
El jurista Juan Diego Barberena, consultado por DIVERGENTES, advierte que aunque esta reforma aún requiere una segunda legislatura para entrar en vigor, el régimen ya ha demostrado su disposición a ignorar los procedimientos.
“Para que entre en vigencia se requiere dos legislaturas, aunque ya en el pasado aprobaban en la primera y entraba en vigencia la ley en desarrollo antes de la aprobación en segunda legislatura, violando el procedimiento de reforma y de rigidez”, explica.
Barberena también contextualiza que esta disposición constitucional no es nueva, sino una reversión deliberada de reformas previas. “La Constitución de 1987 establecía que la nacionalidad nicaragüense se perdía por la adquisición voluntaria de otra. Pero la reforma del año 2000, durante el pacto político, eliminó esa pérdida como un derecho, para no inhibir electoralmente a los exiliados que habían adquirido otra nacionalidad en los años 70 y 80”, detalla.
Para el jurista, lo que hace ahora el régimen es dar marcha atrás a esa garantía, con un propósito claro. “Refuerzan una causa de inhibición electoral. No solo por traición a la patria, sino también por el simple hecho de haber adquirido otra nacionalidad, como la española. Es una doble prohibición para impedir que estas personas puedan aspirar a cargos públicos”, advierte.
Doble inconstitucionalidad con nueva norma represiva
Barberena también alerta sobre una posible movida legal paralela. “Estoy casi seguro de que luego de la aprobación en primera legislatura de esta reforma constitucional, van a reformar la Ley de Migración y Extranjería para darle vigencia inmediata, aunque la Constitución no haya sido aprobada en segunda legislatura. Eso generaría una doble inconstitucionalidad”.
El sociólogo Juan Carlos Gutiérrez ilustra la arbitrariedad del régimen con una anécdota heredada de la dictadura somocista: un guardia leía al revés el documento de identidad de un ciudadano y, ante la corrección, respondió con desdén: “La guardia lee como quiere”.
Para Gutiérrez, esa frase encierra la esencia del poder absoluto en Nicaragua. “Se aplica la ley como conviene, o se ignora si estorba”, sostiene. En ese patrón encaja la reforma constitucional: una normativa hecha a la medida del castigo, que no solo manipula el marco legal, sino que lo usa para justificar acciones represivas ya ejecutadas.
“El caso de la desnacionalización de 317 personas en 2023 es un ejemplo claro: primero los declararon traidores y les quitaron la nacionalidad sin procedimiento alguno. Luego, mucho después, reformaron las leyes para justificar retroactivamente esas decisiones”, recuerda.
En ese sentido, advierte que esta nueva reforma podría tener implicaciones más allá del despojo de ciudadanía. “Desconozco si esta reforma implicará directamente la confiscación de bienes, pero ya existe un precedente. Cuando quitaron la nacionalidad en 2023, también expropiaron propiedades. Si alguien pierde la nacionalidad, aunque no sea declarado traidor, podría quedar desprotegido jurídicamente y expuesto a la pérdida de sus bienes”, comenta.
El despojo de la nacionalidad como herramienta de castigo
Lo que no queda claro por ahora es si esta reforma tendrá efectos retroactivos sobre los miles de nicaragüenses en el exilio que, tras huir de la persecución política del régimen, han adquirido una segunda nacionalidad en países como Costa Rica, España y Estados Unidos. Esta incertidumbre deja abierta la posibilidad de que el régimen utilice la nueva disposición como otro mecanismo de castigo y represión contra quienes han denunciado las violaciones a derechos humanos desde el extranjero.
Con esta reforma, el régimen consolida legalmente una práctica que ya ha ejecutado por la vía administrativa y judicial: la desnacionalización de opositores. Desde febrero de 2023, al menos 317 personas fueron despojadas de su nacionalidad de forma expedita, tras ser acusadas de “traición a la patria”. A ellas se suman más de 90 personas afectadas en el mismo periodo, la mayoría en el exilio, muchas de las cuales han sido declaradas “prófugas” o “apátridas”.
Aunque algunos países del mundo restringen la doble ciudadanía, los casos en que se despoja a un ciudadano de su nacionalidad por adquirir otra son excepcionales y con condiciones claras. Países como Japón o Países Bajos exigen renunciar a una nacionalidad al naturalizarse, pero no aplican estas disposiciones de forma retroactiva ni por motivos políticos. En cambio, la medida aprobada por el régimen Ortega-Murillo rompe con el principio de irretroactividad de la ley y se alinea con una estrategia de venganza estatal, ampliamente condenada por organismos internacionales de derechos humanos.
Golpe a la Diáspora nicaragüense
De aprobarse en segunda legislatura, la reforma afectará directamente a la diáspora nicaragüense que, según cifras citadas por Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano, supera las 800 mil personas desde el estallido de la crisis en 2018. Muchas de estas personas han accedido a refugio o residencia permanente en el extranjero, y un número creciente ha iniciado procesos de naturalización por razones de estabilidad jurídica y laboral.
Esta modificación constitucional aparece como una amenaza directa contra este segmento de la población, convertido en voz crítica del régimen desde el exilio. “Esta medida reafirma que ser nicaragüense no es un título, sino un acto de entrega a la defensa de la Independencia, Soberania y Autodeterminación. Quien elija otra bandera, renuncia voluntariamente a su lugar en la patria de Sandino, única, indivisible y revolucionaria”, sentencia el régimen en el texto enviado y posteriormente aprobado por la Asamblea Nacional.
La nueva reforma no solo refuerza el cerco sobre los exiliados, sino que se inscribe en un patrón más amplio de reformas constitucionales que, desde 2024, han convertido a Nicaragua en un Estado policial sin contrapesos. El nuevo texto constitucional, aprobado en enero, ya elimina garantías fundamentales como la separación de poderes y legaliza la “democracia directa” controlada por el Ejecutivo.
Ahora, con esta reforma, la nacionalidad se convierte en un privilegio revocable según los intereses políticos del poder. Mientras tanto, miles de nicaragüenses seguirán preguntándose si conservar su nueva ciudadanía en el extranjero significará renunciar —o ser forzados a renunciar— a la que los vio nacer.