Republicanos demandan suspender el programa de patrocinio de inmigrantes de Joe Biden

Una coalición de 20 estados liderados por republicanos presentó una demanda que pretende cerrar el nuevo programa de la administración Biden que permitiría que hasta 360,000 personas de Nicaragua, Cuba, Haití, y Venezuela ingresen a los Estados Unidos cada año, en un momento que Estados Unidos ya ha admitido a los primeros migrantes

Migrantes de distintas nacionalidades en la frontera sur de Estados Unidos antes del anuncio del programa humanitario. EFE/Luis Torres

Veinte estados controlados por republicanos presentaron una demanda el martes pidiendo a un juez federal en Texas que detenga el programa humanitario, mejor conocido como parole, presentado recientemente por la administración Biden, que permitiría que hasta 30,000 inmigrantes de cuatro países ingresen legalmente a los EE. UU. cada mes si tienen patrocinadores estadounidenses.

Anunciado por el presidente Biden a principios de este mes como parte de una nueva estrategia para disuadir los cruces fronterizos ilegales, el programa permite a los inmigrantes elegibles de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela vivir y trabajar en los EE. UU. legalmente bajo una autoridad de inmigración humanitaria conocida como libertad condicional.

La administración de Biden ha argumentado que el programa, junto con el aumento de las expulsiones de inmigrantes que intentan ingresar ilegalmente a los EE. UU., permitirá que el sistema de seguridad nacional gestione mejor los flujos migratorios históricos registrados a lo largo de la frontera sur en los últimos dos años.

Desde que se anunciaron las medidas a principios de enero, el promedio diario de migrantes detenidos después de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México sin permiso legal se ha reducido en más del 40%, según estadísticas internas del Gobierno obtenidas por el medio estadounidense CBS News.

Pero la coalición de Estados encabezada por Texas alegó en su demanda que la política de patrocinio amplía ilegalmente el alcance de la autoridad de libertad condicional, que argumentaron solo puede usarse en casos extraordinarios. Los estados también dijeron que los funcionarios deberían haber permitido que el público comentara sobre el programa antes de implementarlo.

En un comunicado el martes, la Casa Blanca criticó la demanda y dijo que los funcionarios estatales republicanos buscaban “sumar puntos políticos”.

“Han bloqueado la reforma migratoria integral y el financiamiento para la seguridad fronteriza, y ahora están tratando de bloquear un programa que ha reducido drásticamente la cantidad de migrantes que intentan ingresar ilegalmente al país, al mismo tiempo que proporciona una vía segura, legal y ordenada para la migración de personas que huyen del comunismo o del colapso económico”, dijo la Casa Blanca a CBS News.

Lo que dice la demanda

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, es uno de los principales impulsores de la nueva demanda. Mark Felix/The Texas Tribune

Los demandantes señalan en el escrito que el poder de libertad condicional del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) “es excepcionalmente limitado” y ha sido restringido por el Congreso “varias veces y puede usarse solo caso por caso por razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo”.

A pesar de estas limitaciones, los estados contrarios al programa señalan que “el plan del DHS permite que extranjeros en sus países de origen puedan obtener una autorización anticipada para ingresar a Estados Unidos, a pesar de que no haya otra base legal para que lo hagan”.

“El programa de libertad condicional establecido por el DHS falla en cada uno de los tres factores limitantes de la ley. No es caso por caso, no es para urgencia por razones humanitarias y no promueve ningún beneficio público significativo”, se lee en el escrito.

Los demandantes plantean que el plan de Biden “equivale a la creación de un nuevo programa de visas que permite a cientos de miles de extranjeros (unos 36,000 al año) a entrar a Estados Unidos que de otro modo no tienen ninguna base para hacerlo. Esto es una burla y no sigue los límites establecidos por el Congreso”, argumentan.

Según los registros judiciales, la demanda presentada el martes fue asignada al juez del Tribunal de Distrito de EE. UU. Drew Tipton, un designado de Trump que ya bloqueó varias políticas de inmigración de la administración Biden a pedido de los estados liderados por el Partido Republicano, incluida una pausa de cien días en las deportaciones a principios de 2021.

Los estados que se unieron a Texas para demandar a la administración Biden el martes fueron Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Carolina del Sur, Tennessee, Utah, Virginia Occidental y Wyoming. America First Legal, un grupo conservador fundado por el exasesor principal de Donald Trump, Stephen Miller, también está involucrado en el caso.

“La agenda de fronteras abiertas de Biden ha creado una crisis humanitaria que está aumentando el crimen y la violencia en nuestras calles, abrumando a las comunidades locales y empeorando la crisis de los opiáceos”, dijo el fiscal general de Texas, Ken Paxton, en un comunicado sobre la demanda. “Este programa de amnistía ilegal, que invitará a cientos de miles de extranjeros a los Estados Unidos cada año, sólo empeorará drásticamente esta crisis de inmigración”.

La política de patrocinio anunciada a principios de este mes se basa en dos programas similares que la administración Biden dio a conocer el año pasado para permitir que los ciudadanos estadounidenses y otros en los EE. UU. patrocinen financieramente la llegada de ucranianos que huyen de la invasión rusa de su patria y venezolanos desplazados por la crisis socioeconómica en el país sudamericano.

Desde que se anunciaron estos programas, en abril y octubre de 2022, respectivamente, EE. UU. ha admitido a más de 100,000 ucranianos y 11,000 venezolanos bajo la autoridad de libertad condicional, según datos del Gobierno.