Desde el llamado a aislar al régimen copresidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo que hizo el secretario de Estado Marco Rubio este 21 de julio, gobiernos de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica condenaron la pretensión del caudillo sandinista de abolir las elecciones en Nicaragua. Panamá ha sido quien ha tenido la reacción más fuerte: retiró a su embajador de Managua y luego naciones del istmo se sumaron a las condenas, hasta ampliarse el repudio a Brasil y Bolivia. Por ahora, uno de los países más importantes de Mesoamérica, México, guarda silencio.
Hasta la tarde de este jueves 23 de julio, ocho gobiernos del hemisferio y dos organismos internacionales habían condenado el anuncio de Ortega. Costa Rica, Estados Unidos, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Chile, Brasil y Bolivia se sumaron en una ola de rechazo que produjo lo que años de encarcelamientos, destierros y despojos de nacionalidad no habían logrado de manera tan rápida y sincrónica: sacar a América Latina de la tibieza con la que trató al régimen copresidencial. A ellos se agregaron la Secretaría General de la OEA y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Ortega habló el domingo 19 de julio, durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, y en una frase liquidó lo que quedaba del andamiaje electoral nicaragüense. “Aquí no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, dijo, en referencia a los partidos opositores. “Aquí se acabó la historia que los partidos puestos por los yankees, puestos por los somocistas, volverán a llegar al Gobierno. Jamás, jamás, jamás”, insistió desde la plaza, acompañado de su copresidenta y esposa, Rosario Murillo.
La primera respuesta fue la de Costa Rica, ese mismo domingo, y quedó sola durante dos días. El martes 21, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, difundió a través del Departamento de Estado el “llamado a la acción” dirigido a la comunidad internacional, a la que instó a “unir fuerzas para demostrarle a la dictadura Murillo-Ortega que no puede pretender mantener relaciones normales con otras naciones mientras vulnera los principios fundamentales de nuestro hemisferio democrático”. El anuncio de Ortega, agregó, “deja al descubierto su verdadera naturaleza autoritaria”. Los copresidentes “han abandonado incluso la apariencia de contar con el consentimiento popular”.
Lo que vino después fue una cascada de repudio diplomático. En las siguientes 72 horas se pronunciaron Panamá, Guatemala, República Dominicana, Chile, Brasil y Bolivia.
Fuentes cercanas a Washington consultadas por DIVERGENTES señalaron que una de las cartas sobre la mesa es un esfuerzo de presión diplomática a través de la OEA, con énfasis en los países centroamericanos. Aunque obstáculo es de todos conocido: el régimen abandonó el organismo el 18 de noviembre de 2023, cuando entró en vigor la denuncia de la Carta presentada dos años antes, tras el desconocimiento internacional de las elecciones de 2021, en las que los copresidentes se autoungieron sin competencia luego de apresar a todos los precandidatos presidenciales.
Centroamérica sale del vacío
Costa Rica fue el primer país del istmo en pronunciarse. El canciller Manuel Tovar expresó “su profunda preocupación por el cierre sistemático de los espacios cívicos y la persecución contra las voces disidentes” y recordó que San José no reconoció los comicios de 2021 “por la ausencia de condiciones y garantías”.
El comunicado tiene una carga particular. Apenas unas semanas antes, la presidenta Laura Fernández dijo en una entrevista con NTN24: “Dios con Nicaragua, Dios con Costa Rica, Dios con todos. Ellos con sus problemas internos y su forma de Gobierno que han elegido tener”. Defendió entonces una relación “pacífica y armoniosa” con Managua, apelando a los vínculos fronterizos y comerciales. Sus palabras fueron leídas como una legitimación del régimen y la obligaron a retractarse ante la presión interna y de la diáspora nicaragüense refugiada en Costa Rica. Para las fuentes consultadas, el giro de San José no fue casual, sino producto de la diplomacia que dirige Rubio.
Managua respondió horas después con una nota en la que acusó a Costa Rica de intervenir en sus asuntos internos, afirmó que Nicaragua “no es una provincia costarricense” y calificó de “atrevidas” las declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. También deslizó una crítica velada a la administración Fernández al mencionar sus supuestas “desavenencias y desacuerdos internos”.
Sin embargo, Panamá fue más lejos que nadie. El martes, la Cancillería del gobierno de Raúl Mulino sostuvo que suprimir el voto “representa un fuerte agravio a los principios, valores y derechos que sostienen nuestras sociedades” y anunció que “en respuesta a ese grave hecho, el Gobierno de Panamá ha convocado a consultas en la Ciudad de Panamá al embajador ante Nicaragua”. Se trata del diplomático Eddy Davis Rodríguez.
Fuentes oficiales explicaron a la agencia EFE que el retiro del representante canalero rebaja el nivel de las relaciones bilaterales. Es la única medida concreta que ha tomado un Gobierno de la región. La Cancillería sandinista contestó que la decisión “lesiona nuestros principios y valores de soberanía y dignidad nacional”.
El miércoles llegó Guatemala, a través de la Cancillería de Bernardo Arévalo, que sostuvo que la afirmación de Ortega “constituye una grave vulneración de los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. Y advirtió que “la supresión de los procesos electorales elimina toda posibilidad de alternancia en el ejercicio del poder, restringe los derechos políticos de la ciudadanía y debilita los principios del Estado de derecho”. Guatemala recibió en 2024 a los 135 presos políticos que el régimen liberó y expulsó del país.
La diplomacia del agravio
La respuesta de Managua a Guatemala inauguró un método que se repetiría toda la semana. En lugar de discutir el fondo, la Cancillería copresidencial invocó los Acuerdos de Esquipulas de 1987 y la frase de Benito Juárez: “Desde antes de Esquipulas, pasando por Esquipulas, y hasta hoy, el mensaje es el mismo: el respeto al derecho ajeno, es la paz”. Reivindicó así un proceso cuyo eje fue precisamente el compromiso centroamericano de celebrar elecciones libres y pluralistas, para defender su eliminación.
Con República Dominicana, que el miércoles condenó las declaraciones en los términos “más enérgicos” e invocó el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, el tono fue otro. “Resulta increíble, a estas alturas de la historia, que un pueblo valiente y digno, como el pueblo dominicano, que ha sufrido dictaduras, invasiones e intervenciones imperiales, tenga voces vasallas y servidumbres vergonzosas instaladas en sus máximas instituciones”, escribió Managua.
El quiebre en Sudamérica
El jueves el repudio se amplió más allá de Centroamérica y el Caribe. Chile expresó que “declaraciones como la indicada, comprometen el derecho del pueblo nicaragüense a elegir a sus propias autoridades”. Managua acusó recibo de “sus comentarios que lucen injerencistas sobre nuestros procesos políticos, jurídicos e institucionales, soberanos y dignos”.
Brasil, el interlocutor más indulgente que le quedaba al régimen en Sudamérica, también se pronunció. Itamaraty afirmó que “la realización de elecciones libres, periódicas, plurales y transparentes constituye uno de los pilares fundamentales de la democracia” e instó a Managua a garantizar al pueblo nicaragüense el derecho de elegir a sus gobernantes. Fue el tono más suave del bloque, preocupación y no condena, pero rompió el resguardo que el gobierno de Lula le había dado a Ortega durante años.
Bolivia cerró el círculo, y lo hizo desde un lugar impensable hace un año. La nota no salió de un aliado del ALBA, sino del Gobierno de Rodrigo Paz, que puso fin a dos décadas de hegemonía del partido de Evo Morales, indiciado por abuso sexual de menores, y desarmó el respaldo automático con el que Managua contaba en los foros multilaterales.
El Gobierno de Paz recordó que “la celebración de elecciones libres, periódicas y transparentes constituye un elemento esencial de la democracia representativa y un pilar del Estado democrático de derecho en el hemisferio” y exhortó a Nicaragua “a actuar en estricto apego a los principios democráticos y a los compromisos internacionales asumidos en el marco del Sistema Interamericano”.
La Cancillería nicaragüense respondió con la fórmula de la semana. Saludó “al digno y valiente pueblo de Bolivia con quienes hemos compartido luchas, esperanzas, certezas y victorias, priorizando siempre la paz, el bienestar y nuestros derechos soberanos, como pueblos en la Patria Grande”.
A las voces de los Estados se sumaron las de los organismos. El secretario general de la OEA, Alberto Ramdin, dijo que “el régimen nicaragüense ha dejado ahora claro lo que sus acciones venían demostrando desde hacía tiempo: ha abandonado la democracia, incluso la apariencia de la misma”.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió reabrir el espacio cívico y enmarcó el anuncio en una serie más amplia: la revocación de credenciales de abogados “sin fundamento jurídico ni explicación oficial alguna”, los al menos 46 detenidos por motivos políticos y la falta de información sobre el paradero del obispo Abelardo Mata, de 80 años, desaparecido desde el 29 de junio.
El repudio también alcanzó a la izquierda continental. El Grupo de Puebla, que reúne a figuras del progresismo latinoamericano como los expresidentes Alberto Fernández y Rafael Correa, sostuvo que el anuncio de Ortega “constituye una ruptura abierta con los principios democráticos más elementales” y que ningún proyecto político “puede situarse por encima del derecho soberano de los pueblos a elegir libremente a sus gobernantes”.
Los silencios
El Gobierno de Nayib Bukele, por ahora, no ha dicho nada, pese a que su aliado estadounidense encabezó el llamado contra Ortega. Tampoco el hondureño Nasry Asfura, cercano a Trump. El silencio del mandatario catracho tiene antecedente. En diciembre pasado, tras recibir la felicitación de Ortega y Murillo por su triunfo electoral, dijo en CNN En Español que había hablado por teléfono con la pareja copresidencial: “Hablamos de la región, de la paz y la tranquilidad que debe haber en la región, somos países vecinos donde debemos de tener la mayor hermandad posible para tener paz en la región”. En esa misma entrevista reconoció que en Venezuela “no hay democracia”, pero declinó decir lo mismo de Nicaragua.
Pero el silencio más pesado es el de México, que no emitió una sola línea en cinco días. Claudia Sheinbaum mantiene así la doctrina de no intervención que ha protegido a Managua en cada foro multilateral. Tampoco se ha pronunciado Colombia que está en una situación de cambio de gobierno muy atropellado entre Gustavo Petro y el presidente electo, Abelardo de la Espriella.
Mientras tanto, hacen ley el deseo de Ortega
Mientras tanto en Managua, la Asamblea Nacional inició el martes lo que Gustavo Porras llamó un “plan de trabajo” para preparar las reformas constitucionales. “Lo importante es que dejemos en rango constitucional de que en este país no podemos aceptar elecciones donde participen golpistas, traidores a la patria, donde participen partidos y organismos financiados con dinero extranjero”, afirmó. Según el leal diputado, lo que Ortega quiso decir es que no volverá a haber “elecciones en manos de los imperialistas””.
Para Mónica Baltodano, historiadora y exguerrillera sandinista exiliada en San José, el giro regional es alentador, pero insuficiente. “Uno de los grandes déficits de los últimos años ha sido el de la posición de los centroamericanos en relación a esta dictadura. Exceptuando a Guatemala, hemos tenido una especie de vacío”, dijo. Y pidió que las condenas pasen “más allá de los pronunciamientos y comunicados a una posición de más acción”, como ocurrió en los años setenta contra Somoza y en los ochenta con los procesos de paz.
Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026. Las enmiendas constitucionales ampliaron el período presidencial y en teoría las trasladaron a 2027. Ahora, hasta esa fecha queda en el limbo.