Desde que en 2017 el expresidente Jimmy Morales arremetió contra la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la élite empresarial, la cúpula militar y la clase política han desarrollado una estrategia de restauración de un modelo en el que no quepa una sola pieza crítica que contrarreste o controle los abusos de poder y los intereses del sistema.
El primer logro de la alianza fue expulsar del país al extitular de la Comisión y, ahora, ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, para luego negar la renovación del mandato de la entidad. En 2018, cuando Thelma Aldana culminó su período como jefa del Ministerio Público (MP), la oportunidad estaba servida para frenar el ritmo de las investigaciones que habían llegado a más de 300 casos judiciales sobre tramas de corrupción en todos los niveles del Estado y desde todas las perspectivas, incluida la del financiamiento anómalo de los partidos políticos, por lo que altos empresarios del país tuvieron que salir en rueda de prensa para ofrecer disculpas a la población y aceptar la acusación.
Jimmy Morales nombró a Consuelo Porras al frente del MP. Con la CICIG destronada y cancelada en septiembre del 2019, la fase siguiente fue cooptar los principales cargos del sistema de justicia y contrapesos como la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, la Contraloría General de Cuentas, la Procuraduría de Derechos Humanos, el Congreso de la República y el Tribunal Supremo Electoral.
Con una constante disputa con el Gobierno de Estados Unidos, la estocada final de Consuelo Porras fue destituir al entonces jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, en julio de 2021. A partir de esa fecha, comenzó la persecución de investigadores, fiscales, jueces y operadores de justicia que tuvieron injerencia en los grandes casos de corrupción. El nuevo peón del sistema fue nombrado como sucesor de Sandoval en la FECI y en alianza con la Fundación contra el Terrorismo, una organización constituida por veteranos militares, abogados y familiares de militares acusados de crímenes de lesa humanidad durante el Conflicto Armado Interno en Guatemala, ha trabajado los casos judiciales contra los actores que investigaron o enfrentaron la corrupción del sistema, además de ir contra la prensa crítica.
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Con ese esquema montado desde las entidades de justicia y con decenas de exiliados, perseguidos y apresados con procesos exprés, el analista independiente Álvaro Montenegro expone que el actuar del MP ha sido desde la lógica de criminalizar en favor de grupos político-económicos corruptos. El pasado 22 de mayo, por ejemplo, el mismo Curruchiche no supo explicar por qué no ha pedido información sobre una investigación en contra de Giammattei que comenzó su antecesor. Los temas de gran corrupción quedaron en el olvido a la vez que van poco a poco debilitándose.
La persecución y criminalización de periodistas independientes y críticos se recrudeció a partir del 2020, dice Evelyn Blanck de Centro Civitas, quien ha trabajado más de 20 años en la protección de la libertad de prensa. La experta comenta que, antes, había esperanza de que el Organismo Judicial respondiera conforme a la ley, pero eso se modificó en cuanto a que ahora las propias entidades del sector justicia se convierten en acusadores porque participan y permiten que prosperen acusaciones sin fundamento. Hasta el momento hay al menos 24 periodistas y columnistas con denuncias o amenazas de ser investigados.
El caso más emblemático es el del presidente del diario elPeriódico, José Rubén Zamora, quien guarda prisión desde julio de 2022 por supuesto lavado de dinero, mientras el medio tuvo que cerrar por el hostigamiento fiscal, judicial y financiero el pasado 15 de mayo. Una imputación común del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua contra periodistas críticos.
“En el caso de Zamora es muy evidente la persecución porque de ahí salen los casos contra los políticos Juan Francisco Foppa y contra Edmond Mulet. No se está buscando perseguir gente que está desfalcando el Estado, sino que están hurgando minucias contra los enemigos para vengarse de ellos”, expone Montenegro.
La receta nicaragüense
Aunque la dinámica de poder es distinta en Guatemala, los avances represivos marcan una línea similar a la que sigue Daniel Ortega en Nicaragua. El caso actual del país imita estas fases de cooptación autoritaria, aunque la diferencia es que el sistema guatemalteco carece de una figura única de mando, no es una dictadura unipersonal, sino que la estructura rota a sus peones conforme los necesite. Hay una gran semejanza en cómo funcionaban los gobiernos autoritarios y contrainsurgentes durante el conflicto armado interno, que se sucedían en el poder, pero manejaban las mismas líneas de acciones auspiciados por la oligarquía bajo las sombras.
De esta cuenta, con fiscales y jueces a la medida, el Estado guatemalteco ha dedicado el último año a intimidar, perseguir y cancelar a una decena de disidentes y opositores políticos.
Uno de los candidatos más conocidos que ha sido víctima de esta estrategia es el diputado Aldo Dávila. Él llegó al Congreso en 2020 con el partido Winaq, una formación de izquierda caracterizada por componerse de miembros indígenas, de colectivos en pro de la diversidad sexual y de feministas. En el primer año de la legislatura, Dávila se separó de esta agrupación por diferencias con la dirigencia, pero su rol en el parlamento saltó a la popularidad por los cuestionamientos y fiscalización a funcionarios y al mismo presidente Giammattei. Este último, en declaraciones públicas, calificó al diputado Dávila como un “esperpento”.
La popularidad de Dávila alcanzó su pico más alto cuando, desde su teléfono móvil, transmitió en directo las sesiones del Congreso en las que se negaba acceso a la prensa y en la que se evidenciaban las negociaciones y las argucias para aprobar iniciativas convenientes al gobierno y a la alianza de partidos que apoyan la cooptación. Esas transmisiones alcanzaron más de 250,000 visualizaciones por ciudadanos que agradecieron al parlamentario por transparentar y enfrentar a los oficialistas.
En esta contienda electoral, el legislador se postuló en la primera casilla de la lista nacional de diputados al Congreso por el partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), formado por disidentes de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que gobernó entre 2008 y 2012, con el ya fallecido Álvaro Colom como presidente, quien estaba casado con Sandra Torres, principal contendiente a la Presidencia en estas elecciones.
La UNE ha mantenido la bancada más grande durante las últimas cuatro legislaturas, por lo que sus votos han sido decisivos para formar mayoría con partidos aliados a los oficialismos de turno. En el actual período, el grupo legislativo liderado por Torres ha votado de conformidad con el oficialismo. Algunas publicaciones de prensa han asegurado que Torres y Giammattei se reúnen con frecuencia para llegar a pactos a cambio de impunidad judicial para la primera. En los últimos tres años, las cortes la liberaron de prisión, desvanecieron sus procesos y frenaron la cancelación de su partido tras las acusaciones de financiamiento ilícito. Estos casos fueron investigados por la CICIG y la antigua FECI, dirigida por Juan Francisco Sandoval, hoy exiliado en Estados Unidos.
En contraste, desde 2021, a Dávila lo han denunciado en más de 50 ocasiones. Incluso, la Corte Suprema de Justicia le retiró la inmunidad a partir de dos casos, mientras ha mantenido esa prerrogativa a muchos otros señalados de corrupción.
Las denuncias interpuestas contra Dávila no son por anomalías o negocios, sino por abuso de autoridad, entre otras figuras legales discrecionales utilizadas en los procesos contra funcionarios críticos e independientes. Según lo recabado por Dávila, sus casos fueron promovidos por ministros y otros funcionarios de este gobierno. Incluso figuran tres denuncias interpuestas por el mismo presidente Alejandro Giammatei.
En total, acumula 54 denuncias, asevera Dávila. El político explica que la primera surgió el 21 de abril de 2021, justo dos días después de que sufriera un atentado en el centro de la Ciudad de Guatemala. De los 14 miembros del gabinete de Giammattei, han sido seis quienes lo han denunciado: el ministro de Cultura, Felipe Aguilar; el ministro de Salud, Francisco Coma; la ministra de Educación, Claudia Ruiz; el exministro de Desarrollo Social, Raúl Romero; el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel y el ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado. Además, tiene otras acusaciones de viceministros, del director de Aeronáutica Civil y diputados del partido oficial.
De estas 54 quejas, nueve llegaron a la Corte Suprema de Justicia para retirarle la inmunidad. Los magistrados ya decidieron que a Dávila se le levante el derecho de antejuicio en tres ocasiones. Seis procesos siguen pendientes de resolverse.
A finales de marzo, luego de que el legislador postulara su candidatura a la reelección, el secretario general del partido gubernamental Vamos, Víctor Valenzuela, la impugnó y el Tribunal Supremo Electoral le dio la razón. La argumentación del también candidato a diputado fue que Dávila guarda procesos judiciales abiertos y tiene denuncias vigentes. Las mismas que los integrantes de Vamos promovieron.
El 26 de abril, la CSJ también favoreció la impugnación del partido de Giammattei al negar un amparo provisional a Dávila con el que buscaba proteger su candidatura.
Para el diputado, “es evidente que la persecución es sistemática y de eso se agarran para bloquear mi candidatura”.
El procurador incómodo
En agosto del 2017, unos días antes de que Jimmy Morales declarara persona non grata al extitular de la CICIG, Iván Velásquez, el Congreso nombró a Jordán Rodas Andrade como procurador de Derechos Humanos para un período de cinco años. Su primera acción pública fue un amparo interpuesto en la Corte de Constitucionalidad en contra de la decisión de Morales, por lo que la máxima Corte tuvo que resolver ese mismo día y le enmendó la plana al expresidente, que se enfrentaba a su primera protesta ciudadana, pues la CICIG contaba con el 70% de aprobación en esos momentos.
Luego de esa primera acción contra el sistema, Rodas manejó una agenda pública de denuncia de la corrupción y los vejámenes en contra del Estado de Derecho. Una de sus herramientas para defender los principios democráticos fue el recurso de amparo, pues presentó decenas en la CC para frenar abusos de los gobiernos de Morales y de Giammattei y de las instituciones cooptadas.
Unos meses antes de culminar su gestión en la PDH, Rodas se postuló como candidato a rector de la Universidad de San Carlos (USAC), la única universidad pública del país. En esa contienda, el exprocurador acumuló los electores necesarios para disputar la rectoría al candidato oficialista, Walter Mazariegos. Sin embargo, el día de la elección, la administración de la USAC prohibió el ingreso de los electores de Rodas y del otro candidato opositor, por lo que Mazariegos ganó con unanimidad por los votos de sus electores y con los de un cuarto contendiente, el decano de la Facultad de Economía, quien prestó sus votos para Mazariegos. El decano, ahora, es candidato a vicepresidente por el partido oficialista Vamos.
Para algunos analistas políticos, este fraude en la universidad fue el ensayo de lo que pasaría en la contienda electoral a nivel nacional. A un año de esos sucesos, un grupo de estudiantes mantiene el Campus Central tomado y Mazariegos sigue en el cargo con un alto rechazo de estudiantes, catedráticos y sindicatos.
El 18 de agosto del año pasado, Rodas entregó el cargo a su sucesor Alejandro Córdova, y salió del país para evaluar sus pasos. Sin embargo, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), un partido político surgido del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) lo proclamó, en asamblea, como candidato a la Vicepresidencia en conjunto con la lideresa indígena, Thelma Cabrera, como candidata a la Presidencia.
El TSE y las cortes rechazaron la inscripción del binomio con el argumento de que el precandidato carecía de finiquito (un documento que acredita que la persona no tiene cuentas pendientes o actos ilícitos durante el ejercicio de su cargo).
La postulación sucedió el 28 de diciembre del año pasado y, el 6 de enero de 2023, el nuevo procurador lo denunció sin dar detalles sobre la misma, sólo indicó de manera somera que tenía que ver con su indemnización. Luego, el 19 de enero, el secretario general del TSE emitió una circular interna dirigida al Registro de Ciudadanos, que es la oficina que inscribe a los candidatos, en la que instruye que al momento de recibir la papelería de los interesados, deben verificar el finiquito en el portal electrónico de la Controlaría General de Cuentas y si en el apartado titulado “Descripción” indica que tiene sanciones o expedientes, la inscripción es inválida.
Esta instrucción, según Rodas, rompe con los protocolos legales, pues este tipo de fallos deben emitirse por medio de un decreto público con las firmas de cada magistrado del TSE. Además, el también abogado resalta la fecha de la instrucción, el 19 de enero, un día antes de que comenzara el plazo para la inscripción de candidaturas. Esta revisión innovadora derivó en que, el 27 de enero, el Registro de Ciudadanos rechazara la postulación de Rodas y Cabrera porque, en el portal de la Contraloría, ya aparecía la denuncia interpuesta por su antecesor. Esto a pesar de que el finiquito tiene vigencia de seis meses y hasta la fecha, el portal de la Controlaría muestra que está vigente.
Ante esta negativa, el partido protestó y presentó recursos de amparo, pero todos han sido infructuosos.
Ahora, desde el exilio, Jordán Rodas argumenta que el bloqueo a su candidatura carece de fundamento legal y es arbitraria. “A todas luces es una decisión de carácter político porque les da pavor que la población está harta de la corrupción y reconocen la trayectoria de Thelma y sabe que es la única alternativa con posibilidades de triunfar”, sentenció Rodas.
Sobre su salida del país indicó que lo decidió porque ha sido testigo de la persecución a los operadores de justicia independientes que están encarcelados o exiliados. “No había que ser adivino para saber que las condiciones en Guatemala no son las adecuadas ya que soy enemigo de la clase política corrupta”, concluyó.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un pronunciamiento sobre el caso del MLP en el que subrayó el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que establece la obligación de los Estados a garantizar los derechos políticos y el acceso igualitario de su ejercicio. La Comisión hizo un llamado al Estado guatemalteco a que garantice “la participación efectiva de personas, grupos y organizaciones y partidos políticos mediante normativas y prácticas que posibiliten el acceso real y efectivo a los diferentes espacios deliberativos en términos igualitarios”.
Doble cárcel para Foppa
Juan Francisco Solórzano Foppa es otro de los candidatos cancelados por el régimen de Guatemala. Es más conocido como Foppa por el legado de su familia y, especialmente, de su abuela, la poetisa desaparecida durante el Conflicto Armado Interno, Alaífe Foppa. En este proceso electoral, el abogado se postuló como candidato a alcalde de la Ciudad de Guatemala, la capital del país, con una coalición de izquierda entre el partido Semilla, Winaq y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
El 7 de abril pasado, el TSE notificó al precandidato que su postulación incumplía los requisitos de ley por tener procesos penales abiertos, pero a Foppa le han empedrado el camino, al igual que a Aldo Dávila y a Jordán Rodas, pues las denuncias interpuestas provienen de los mismos personajes y grupos de poder.
Actualmente, el político guarda prisión después de que un juzgado ordenara su captura el 20 de abril pasado. El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, lo acusa de patrocinio infiel por la defensa que sostuvo a favor del periodista José Rubén Zamora, presidente del diario elPeriódico, quien también guarda prisión desde julio del año pasado, pues le sindicaron de supuesto lavado de dinero para financiar el medio. elPeriódico tuvo que cerrar finalmente el lunes 15 de mayo por el hostigamiento legal, fiscal y financiero desde el encarcelamiento de Zamora, tras casi 27 años de confrontar al poder político del país.
En mayo del 2021, Foppa también fue detenido cuando Curruchiche dirigía la Fiscalía de Delitos Electorales. A pesar de que existen unos ocho casos similares más que no fueron procesados, al abogado y a otras seis personas las acusaron de falsificar las actas de adhesión de un nuevo partido político al incluir a una persona que ya había fallecido. En ese caso también capturaron a Aníbal Argüello, exanalista de la CICIG en el caso “La Línea” que llevó a Otto Pérez y Roxana Baldetti a prisión y fueron condenados a 16 años por defraudación aduanera y asociación ilícita.
En esos aprisionamientos de 2021, ambos imputados denunciaron que fueron perseguidos por carros sin placas y con procedimientos inadecuados. Argüello aceptó los cargos para rebajar su pena que podría haber sido de nueve años.
La enemistad de Foppa con el sistema político y económico surgió en 2016 cuando fue jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, desde donde denunció a varias empresas de alto nivel por evasión de impuestos.
Los disidentes de la derecha también
El otro candidato a la presidencia al que le fue vedada la participación en elecciones fue Roberto Arzú, del partido derechista Podemos. Arzú es hijo del fallecido expresidente del país y exalcalde de la capital guatemalteca, Álvaro Arzú, quien fue una pieza importante en la articulación del cisma contra la CICIG después de ser acusado de corrupción en la Municipalidad de Guatemala.
El TSE negó la postulación de Roberto Arzú por haber empezado su campaña política antes del plazo establecido. Sin embargo, la queja del excandidato es que ese tema ya estaba resuelto al pagar una multa y, aún así, la institución obvió su propio procedimiento administrativo y no rechazó otras candidaturas que también incurrieron en campaña anticipada.
Junto a Thelma Cabrera y Jordán Rodas, Arzú se disputaba el tercer y cuarto puesto de intención de voto. Según las encuestas y sondeos publicados en el último año, el político incrementaba su popularidad al tiempo que también incrementaban sus críticas recias contra el Gobierno de Giammattei, al grado de proponer la reactivación de la pena de muerte y ofrecer aplicarla al mandatario y al que muchos consideran que es su pareja sentimental (no declarado) y “persona de máxima confianza”, Miguel Martínez, señalados por los medios de comunicación de enriquecimiento acelerado y múltiples casos de corrupción. El jueves 25 de mayo, la Corte de Constitucionalidad falló en contra de Arzú. La máxima corte del país frenó en definitiva la posibilidad de que el excandidato participe en esta contienda.
Por otro lado también está el candidato presidencial Edmond Mulet, quien disputa la segunda y tercera posición en la intención de voto. Autodenominado de centroderecha, el también diplomático señalado de gestionar adopciones ilegales en los ochenta, ha sido un crítico del presidente Giammattei y del fiscal Curruchiche.
Este último presentó dos denuncias en contra del político el 20 de abril último, el mismo día que capturaron a Foppa. Una de las denuncias se interpuso porque Mulet presentó un memorial en el juzgado donde se lleva el caso contra el periodista José Rubén Zamora para que fuera liberado y se protegiera la libertad de prensa. El jefe de la FECI interpretó esto como obstrucción de la justicia y le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que le levantase la inmunidad. Sin embargo, los magistrados rechazaron in limine la petición del fiscal, es decir, que ni siquiera conocieron el detalle de la misma. La FECI apeló ante la Corte de Constitucionalidad.
La otra denuncia que emitió el fiscal Curruchiche ante el TSE contra Mulet fue por campaña anticipada. Gracias a esa acción, el Tribunal Electoral amonestó a Mulet restringiendo su libertad de emisión del pensamiento, tal como establece la Constitución, al prohibirle que se exprese al respecto de otros temas que no sean sus propuestas políticas.
La más reciente afrenta del sistema fue contra el excandidato puntero, Carlos Pineda de Prosperidad Ciudadana. El exdiputado y excandidato a la presidencia, Manuel Baldizón, condenado en Estados Unidos por lavado de dinero proveniente del narcotráfico, denunció supuestas anomalías procedimentales en la asamblea del partido en donde se nombró a la dirigencia en el Comité Ejecutivo Nacional, por lo que si esa asamblea tiene errores, invalidaría la asamblea posterior en la que se postuló la candidatura de Pineda y la de otros aspirantes a cargos de elección popular.
Pineda ha sido la sorpresa del proceso electoral al catapultarse por medio de TikTok como un empresario agropecuario que nunca figuró en las encuestas hasta las últimas de abril y mayo, siendo la más relevante la del medio Prensa Libre que lo muestra como el candidato más popular con 23% de intención de voto.
La Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo de la Corte de Apelaciones determinó que efectivamente, la asamblea tuvo vicios de forma, por lo que el Tribunal Supremo Electoral suspendió la candidatura de Pineda y de más de novecientas personas postuladas por el partido Prosperidad Ciudadana el pasado 21 de mayo. A un mes de las elecciones generales (25 de junio) y en las fechas límites para el diseño e impresión de papeletas, la Corte de Constitucionalidad respaldó la decisión de la Sala y Pineda quedó fuera.
Sacando a Pineda de la ecuación; si el sistema cancela además a Mulet, quien subiría al segundo lugar sería la candidata por el partido Valor, Zury Ríos, hija del exdictador Efraín Ríos Montt, condenado por genocidio en 2013, aunque su sentencia fue anulada por errores del proceso. Zury Ríos fue inscrita a pesar de que el artículo 186 de la Constitución prohíbe que los hijos de personajes involucrados en un golpe de Estado participen como candidatos a la presidencia del país. Su padre fue mandatario tras un golpe de Estado el 23 de marzo de 1982.
Ella y su partido han sido aliados del oficialismo dentro del Congreso y se le han dispuesto cargos importantes dentro del sistema de justicia a personajes vinculados a su proyecto. En sus listados de candidatos al Congreso, postula a varios funcionarios del gobierno de Jimmy Morales, quien comenzó la arremetida para que la lucha contra la corrupción no tuviera éxito.