Para Shangela, es común escuchar historias sobre jóvenes que son expulsados de sus comunidades indígenas por ser de la diversidad sexual. A través de redes que han construido, muchas veces llegan a las cabeceras regionales a pedir ayuda a familiares o amistades.
“La violencia que se sufre en la Costa Caribe es peor. Aquí te corren de su municipio si sos gay, lesbiana o trans. La policía no se mete en nada, más bien te violenta. La familia te da totalmente la espalda y a muchos no les queda más que vivir en la calle. Por eso a muchos les da miedo salir del clóset”, dice.
Shangela, nombre anónimo que usa, es un hombre gay de 33 años, originario de Bluefields, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS). Junto a un grupo de jóvenes activistas de la diversidad sexual, ayuda a muchachos y muchachas expulsadas de sus territorios.
Ritos y exorcismos para “curar”
La expulsión no es el único castigo que sufren los jóvenes de la diversidad sexual que pertenecen a comunidades indígenas y afrodescendientes. La medida depende de lo que diga el líder de la comunidad o el wita.
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Aunque la mayoría intenta ocultar su orientación sexual o su identidad de género a toda costa para evitar la violencia, cuando se hace público muchas veces, son acusados de “tener espíritus dentro”.
En esos casos, el wita ordena realizar un “exorcismo”, que implica varios ritos. Estos van desde golpear a los jóvenes con ramas en medio de oraciones, forzarlos a hacer ayunos de largas jornadas y otros tipos de penitencias.
“La familia de la persona se reúne con el líder de la comunidad y hacen un sinnúmero de cosas que casi siempre son violentas. Sus familias les dicen que la homosexualidad es algo maldito. A veces ellos huyen por la discriminación que viven y vienen a las cabeceras, en este caso a Bluefields, Nueva Guinea o El Rama, donde tenemos incidencia como movimiento”, señala Kaurniz, otro miembro de la diversidad sexual que también solicitó anonimato.
“Por nuestras características multiétnicas y pluriculturales, vivimos de manera diferente la discriminación que en la zona del Pacífico. Aquí somos bastante apegados a nuestras creencias culturales, en particular en las comunidades indígenas, y ninguna ve la homosexualidad de buena manera”, explica.
Lidiando con la discriminación
El activismo de Shangela comenzó desde muy joven. Por ser gay y expresar su feminidad ha vivido discriminación en todos los espacios: su hogar, la universidad, la calle, las instituciones públicas.
Vivir en la zona urbana de Bluefields nunca lo eximió de sufrir violencia. Así que después de finalizar la carrera de Psicología, decidió trabajar en organizaciones sociales para brindar atención psicosocial a otras personas LGBTIQ+ que pasaban por lo mismo.
En esos espacios, tuvo la oportunidad de construir redes de ayuda para que personas de la diversidad puedan asistir en momentos de emergencias. Ahí descubrió que la violencia que ha sufrido desde niño, en otros lugares se multiplica mucho más.
Si bien hay territorios más tolerantes respecto a la diversidad sexual, también hay lugares que lo tienen completamente prohibido. En todas las comunidades, tanto del norte como del sur, se vive de manera diferente, aclara Shangela.
“Nosotros quisiéramos tener una casa de albergue para tantos chicos que vienen de las comunidades indígenas. Vienen misquitos, ulwas, garífunas y no tienen a dónde ir. Cuando vienen a las cabeceras, a veces tienen familia aquí, pero esas casas también los discriminan y no les permiten expresar su orientación sexual o su identidad de género”, señala Kaurniz.
Procuradora de la dictadura evade denuncias
Aunque en Nicaragua existe una Procuradora Especial de la Diversidad Sexual, Samira Montiel, dentro de la Procuraduría de Derechos Humanos, esta institución no recoge las denuncias de la población LGBTIQ+ del país. Esto se debe a órdenes explícitas de no dar cabida a situaciones que puedan “alterar la paz”, un eufemismo utilizado para justificar el estado policial que prevalece en Nicaragua.
De acuerdo con Shangela y Kaurniz, muchas personas de la diversidad denuncian ante la Policía Nacional las agresiones que viven. Sin embargo, los oficiales ni siquiera toman las denuncias, sino que casi siempre los culpabilizan o los amenazan si continúan insistiendo, alegando que “son escandalosos y quienes inician las agresiones”.
“La Policía nunca me ha apoyado, nunca me ha defendido, ni a mí, ni a ninguna persona de la diversidad. Una vez un agente me quería golpear cuando fui a poner una denuncia. La Policía es uno de los grupos que más fomenta la violencia”, señala Shangela.
“Cuando voy en la calle, me gritan, me vulgarean y me dicen cosas humillantes. ‘Yo no sé por qué no te volvés hombre’, ‘andas ganas de que te agarremos a cachimbazos’ y cosas así siempre me gritan”, relata.
Hasta antes de que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo dirigiera una persecución contra las organizaciones sociales, varios colectivos de derechos humanos y de la diversidad sexual, denunciaron los ataques que vive esta población por parte de la Policía Nacional ante la Procuradora Especial de la Diversidad Sexual. Sin embargo, nunca recibieron respuestas.
Crímenes de odio afectan a la población LGBTIQ+
Las cabeceras departamentales y regionales también son zonas de riesgo para las personas de la diversidad, que además de sufrir agresiones, la mayoría de estas quedan impunes y sus agresores no enfrentan ninguna consecuencia.
El Observatorio de Violaciones a Derechos Humanos de las Personas LGBTIQ+ en Nicaragua, de la Asociación Feminista La Corriente, contabilizó cuatro crímenes de odio entre enero y junio de 2024.
Dentro de los casos se encuentra el de Elmer Johnson, un hombre gay de 39 años, originario de Bilwi, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, que sufrió un intento de asesinato en mayo de este año.
“La víctima relató que tres hombres de forma repentina y sucesiva lo golpearon e hirieron con arma blanca. Se desconoce el curso de las investigaciones”, indicó el informe del Observatorio.
Por su parte, otro observatorio local documentó 108 denuncias de agresiones y crímenes de odio contra personas de la diversidad sexual, desde enero hasta septiembre de 2024. Dentro de los crímenes de odio se contabilizan siete muertes violentas.
Este observatorio también contabilizó alrededor de 30 organizaciones sin fines de lucro que promovían y defendían los derechos de las personas LGBTIQ+ que fueron despojadas de su personería jurídica por la dictadura.
Jóvenes ya no tienen apoyo psicosocial
Para Shangela y Kaurnis, el cierre de las organizaciones sociales emprendido desde el Ministerio del Interior ha afectado a la población LGBTIQ+, especialmente a las personas más jóvenes y a las que sufren expulsiones por parte de sus comunidades, ya que no tienen espacios donde recurrir y pedir ayuda.
Shangela, que antes brindaba terapia a personas afectadas por la violencia en estas organizaciones, señala que ya no tiene oportunidad de hacerlo debido a los cierres. Esto deja a los jóvenes en situación de vulnerabilidad, de los cuales muchos encaran depresiones profundas, trastornos de ansiedad y intentos de suicidio.
“Ellos mentalmente no están bien, no pueden con la discriminación. No tienen apoyo psicoemocional ni por parte de sus amigos, ni de su familia, ni de otras personas. Hay bastante trabajo y casi no hay acceso a psicólogos”, señala.
“Los muchachos le agarraron bastante cariño a varias organizaciones porque trabajábamos con ellos y se derrumbó todo con los cierres. Los muchachos volvieron a entrar en crisis y en colapso emocional porque ya no tienen a quien acudir. Ahí hacíamos dinámicas y actividades recreativas, o intentábamos hablar con sus familiares. Los muchachos se sentían en un espacio seguro”, continúa.
La clausura de estos programas y organizaciones no solo ha implicado la falta de apoyo psicológico para las personas que sufren violencia, sino que también ha promovido un ambiente de discriminación y discursos de odio, de acuerdo con los activistas.