Sentada sobre un pedazo de cartón y envuelta con una sábana color crema, Paola Massiel Pérez observa vagamente su alrededor. Es su segunda noche en las afueras de la Unidad de Refugio de Migración de Costa Rica. El frío inclemente solo le permite mantener descubierta su cabeza. Junto a ella está su pareja y unas 70 personas más que, bajo las mismas condiciones, esperan pacientemente por uno de los 50 cupos diarios que otorgan las autoridades migratorias de ese país a los solicitantes de refugio. “Las horas aquí se hacen eternas…”, dice la nicaragüense, mientras se frota las manos para entrar en calor.
Esta noche de febrero en la capital josefina, además de las bajas temperaturas, las ráfagas de viento empeoran el ambiente helado, por lo que muchas personas se abrigan entre cartones. “Esto no es nada, entre la una y tres de la mañana es peor el frío”, interrumpe un ciudadano mientras conversamos con Paola Massiel Pérez.
“Llevo dos noches de estar acá. Me vine porque participé de algunas marchas, nos grabaron, y la verdad que la situación en Nicaragua está fea y hemos visto lo que ha pasado con muchas personas, y preferimos buscar la protección en otro país para no correr el riesgo”, manifiesta Pérez, quien optó por Costa Rica frente al peligro que representa viajar de forma irregular a Estados Unidos.
Las filas en esa sede de migración iniciaron a inicios de enero de este año, semanas después de que el Gobierno de Rodrigo Chaves anunció cambios en el Reglamento de Refugio, con el objetivo de frenar “de una vez por todas”, la migración “económica”. Desde entonces, las autoridades migratorias decidieron entregar únicamente 50 cupos por día para atender las solicitudes, una cantidad insuficiente ante la demanda de miles de migrantes que huyen de la crisis política y económica que vive Nicaragua.
Recibe nuestro boletín semanal
El pasado 19 de enero, la Policía Profesional de Migración (PPM) desplegó a varios agentes con el fin de evitar que los migrantes pernoctasen durante la noche y madrugada en los alrededores de la entidad migratoria. Sin embargo, los campamentos de personas se mantienen a la fecha, aunque en menor cantidad, según constató DIVERGENTES.
El primer decreto modificado por Chaves refiere que los solicitantes de asilo deberán tramitar el proceso de forma presencial dentro de un mes natural, después de ingresar al país, cuando antes de esta reforma bastaba hacerlo a través de una llamada telefónica.
Según datos de Migración costarricense, tras el anuncio de Chaves las solicitudes de refugio bajaron en un 50%, con apenas 3,352 solicitudes, frente a las 7,000 u 8,000 solicitudes en cada uno de los meses anteriores.
La otra medida establece que los permisos laborales ya no se otorgarán de forma inmediata. Los solicitantes, ahora, deberán cumplir con un procedimiento administrativo y, mientras la solicitud esté en trámite, el migrante no podrá salir del país, un cambio que afecta directamente a la oposición exiliada y defensores de derechos humanos que, a veces, deben desplazarse a otros países con el fin de mantener activa la denuncia sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua.
Gonzalo Carrión, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más, critica que, con esta acción, la administración de Chaves está violando el derecho a la libre circulación y limitando la labor de diferentes grupos de la sociedad civil, que exponen en el extranjero lo que ocurre en Nicaragua.
“Varios de los colegas nuestros, a partir de 2019, salimos a audiencias de la Comisión Interamericana, incluso fuimos a Ginebra con nuestra condición de solicitantes de refugio… Son cantidades de personas, defensoras de derechos humanos, activistas, opositores, que tienen la necesidad y el derecho de seguir abogando por un país en libertad”, señala Carrión.
Resoluciones estancadas
Carrión plantea que el Colectivo de Derechos Humanos cuenta con una unidad de atención dirigida a compatriotas desplazados por la dictadura Ortega-Murillo, y comparte que, aunque han conocido casos atendidos con rapidez por las autoridades ticas, en los dos últimos meses se han recibido denuncias de migrantes nicas que aseguran que sus solicitudes de protección han sido rechazadas por las autoridades.
“Conocemos también que hay personas que tienen años de estar en espera de resoluciones. Algunos de ellos están recurriendo a la Sala Constitucional de Costa Rica, el Poder Judicial, para que, mediante recurso de amparo y otras acciones de carácter jurídico, que aquí están permitidas, se avance para que se atienda su petición”, explica el defensor.
Por otro lado, DIVERGENTES conoció el caso de una familia nicaragüense en el que las autoridades habían programado la fecha de la resolución para inicios de enero de este año. No obstante, al llegar a la oficina de Migración, les dijeron que “aún no estaba lista”, y los citaron para presentarse nuevamente a finales de mayo.
Esta redacción intentó comunicarse con el director de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de Costa Rica, Allan Rodríguez, para conocer a fondo los beneficios e implicaciones que ha tenido esta nueva medida, pero este nos remitió a la oficina de comunicación. Al cierre de este artículo esta área no había respondido nuestras consultas.
“Costa Rica tiene una tradición de respeto a los derechos humanos, no es casual que aquí, por ejemplo, haya sede de varios mecanismos como la Corte IDH, y confiamos que esa tradición la va a seguir practicando, porque lo que enfrenta la población no está acorde a esa tradición, creemos que el gobierno corregirá estos problemas creados por estas nuevas medidas”, complementa Carrión.
Vivir en Nicaragua “no es bonito”
Sandra* hace un año vino a Costa Rica, y aunque ya está más adaptada al clima de San José, resiente el ambiente helado que persiste esta noche de febrero en la capital tica. Trabaja como cocinera en un restaurante y lleva dos noches esperando un cupo para poder conseguir su carné de solicitante y, así, formalizar su estatus. “En mi caso, yo me vine buscando mejores oportunidades para mi hijo (de un año), que él crezca en un lugar no violento, donde pueda decir lo que piensa y que pueda vivir en un país en democracia. No es bonito vivir en Nicaragua y siempre estar con miedo”, dice la mujer, aferrada a una manta que recién consiguió con un compañero de campamento.
Ese temor que menciona Sandra lo vivió David Domingo Dávila Guido, de 31 años y originario de El Rama, en el Caribe Sur de Nicaragua. Es un fiel católico y asegura que decidió salir del país porque, cada domingo, la Policía llegaba a asediar la iglesia Nuestra Señora de Fátima, de la que él era parte del coro.
“Yo participaba de las actividades religiosas de la iglesia y la Policía llegaba y preguntaba qué decían los sacerdotes en las misas, incluso prohibieron algunos cantos… A mí me decían que ‘cuidadito decía algo en contra del gobierno’. Hay gente que está presa por expresar lo que siente”, expone Dávila, quien aguarda pacientemente su turno para obtener su documento.
Datos de la DGME revelan que desde 2018 a la fecha, la entidad tica ha recibido 222,056 solicitudes de refugio de migrantes de diferentes nacionalidades, entre ellas nicaragüenses, cubanas, venezolanas y haitianas, sin embargo, el 90% de estas corresponden a solicitudes de compatriotas que huyen de la represión del régimen Ortega-Murillo. La autoridad migratoria indica que, de ese total, 172,689 están pendientes de resolver.
(*Algunos nombres fueron modificados a petición de las personas entrevistadas).