El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, acabó la semana retirando una de las principales medidas que anunció el miércoles contra la ola de criminalidad que escala en la lista de problemas del país donde su población se aferra al deseo de mantener el banderín de nación estable y segura en Centroamérica.
Dos días duró en la palestra pública la promesa lanzada en un acto especial de elevar hasta a 9.500 las cantidad de policías patrullando en las calles, pues buena parte de esa propuesta se basaba en la decisión unilateral del Gobierno de reducir los días libres de los 12.000 oficiales que integran la Fuerza Pública, una medida que provocó protestas intermitentes de pequeños grupos de policías en distintos puntos del país entre la noche del jueves y la mañana del viernes.
“Por ahora váyanse tranquilos, que eso no va a entrar en funcionamiento”, dijo Chaves en la tarde del viernes después de hacer una visita a una delegación policial, tras el ruego de su ministro de Seguridad, Jorge Torres, a los policías que retiraran su movimiento de protestas y aseguró que, en cualquier caso, la directriz sobre el cambio de roles de trabajo ni siquiera estaba aún formalizada. “Esa visita me abrió los ojos”, dijo en la noche del viernes en un video que hizo difundir, admitiendo que no conocía las condiciones en que trabajan los policías cuando decidió cambiarles sus roles de trabajo.
Era alta la presión por el movimiento de protesta y por el contexto. Es inusual en Costa Rica un movimiento de protesta de policías y las circunstancias del momento no están para que Chaves se enemiste con el gremio que puede ayudarle a desinflar el globo de críticas por la falta de acciones del Poder Ejecutivo ante la escalada de violencia reflejada en datos groseros: el 2022 fue el año más violento de su historia y en el primer tercio del 2023 los asesinatos superan en 40% los del primer tercio del año anterior, mientras dejan de ser noticia rara las balaceras en las calles entre grupos ligados al narcotráfico, causantes de más del 60% de los homicidios.
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Ante la crudeza de los datos, la complejidad del trasfondo social y las limitaciones presupuestarias, la inseguridad crece como un problema nacional en las encuestas. Chaves ha oscilado entre decir que los crímenes “se nos están yendo de las manos” y culpar, de nuevo, a la prensa porque “quieren hacer ver como una crisis”, mientras las embajadas de países emisores de turistas toman nota de los indicadores de criminalidad y las organizaciones de empresarios piden declarar una “emergencia nacional”. Ante esta presión, los reproches del Presidente al Poder Judicial y a la Asamblea Legislativa pueden cumplir un papel dentro de una estrategia de propaganda política, pero el malestar de sus oficiales de la Fuerza Pública no tenía cabida y eso jamás lo previó.
Una noche movida
La reacción de los policías se vio en la noche del jueves, con cierres esporádicos de algunas carreteras nacionales, en Caribe y en Occidente, pero también en la icónica rotonda llamada la Hispanidad donde se suelen celebrar los triunfos de causas deportivas o políticas. “No se coma la bronca con nosotros”, decía una pancarta, en alusión a la frase de la campaña electoral que permitió que ahora el ‘outsider’ Chaves casi cumpla un año en el poder, el 8 de mayo.
Los asesores del mandatario lo mantenían informado durante la noche del jueves, mientras él se reunía con el diputado opositor Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, a quien le ofrecía los votos de la bancada oficialista para que el primero de mayo se reelija en ese puesto, a pesar de los intentos iniciales de evitarlo mediante alianzas políticas con otros diputados. Chaves dio el brazo a torcer y le ofreció el apoyo a Arias, quien hace un mes tomó la iniciativa de convocar a autoridades para buscar soluciones a la inseguridad, ante las señales de vacío del Ejecutivo.
Al amanecer viernes el ministro Torres convocó a reunión a representantes del gremio, quienes le dijeron que ellos no dirigían el movimiento, que era algo casi orgánico de los policías. Más complicado aún, pero Torres apeló al “corazón azul” y les pidió “poner un grano de arena” deponiendo las protestas.
El ruego no funcionó y Chaves tuvo que improvisar su agenda de viernes por la tarde visitando una comisaría en San José para hablar con policías sobre sus necesidades, en aparente posición de solidaridad, en transmisión en vivo por sus redes sociales. Fue cuando salió con el nuevo anuncio al gremio policial: “vamos a pensar en volver a la mesa de diseño”.
Así se cayó la principal acción que anunció Chaves en el programa que bautizó “Operación Costa Rica Segura”, según el cual se aumentaría la presencia policial en las calles y se impulsarían seis proyectos de reforma legal que el mismo Chaves quiso mostrarse llevándolos a la Asamblea Legislativa, aunque ya le han aparecido cuestionamientos también por ello.
Chaves, que el mismo miércoles quiso adelantarse a críticas diciendo que nada de esto era improvisado y todo venía preparándose desde tiempo atrás, acabó aceptando que ni siquiera entendía bien la propuesta del ministro Torres de exprimir al recurso policial, expuesta con bombos y platillos en el acto especial con el cual se sustituyó la conferencia de prensa semana la posterior a las reuniones del gabinete, su principal vitrina popular. Ahora dice que “pedirá cuentas”, una frase que frecuenta en su afán por mostrarse como un presidente estricto.
Algunos dudan de esa imagen. Además de las críticas por la inacción ante la inseguridad y por su tendencia a depositar las responsabilidad en gobiernos anteriores o en otros poderes, ahora aparecen los reproches por la improvisación. “No hay una verdadera estrategia sobre la que se haya trazado una ruta de acción articulada, que le permita al país combatir el crimen organizado desde su raíz, y, más aún, prevenir el nacimiento de nuevos grupos criminales. Se está improvisando sobre la marcha en un momento en el que los índices de homicidios, enfrentamientos entre pandillas y vulnerabilidad en las calles está en su punto más alto”, dijo el diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista, una de las bancadas opositoras que oscila entre ser apoyo del Gobierno o adversario, según qué temas.
La expresidenta Laura Chinchilla (2010-2014), que en su gobierno logró atenuar una crisis de seguridad, fue más enfática: “¡Insólito! Una propuesta que pretendía sacar a los criminales de las calles, terminó con las calles bloqueadas por policías protestando. ¿Sobre qué bases se diseñaron y propusieron las acciones? ¡Basta de ocurrencias! La seguridad de los ciudadanos es cosa seria”.
Así numerosas críticas en redes sociales de usuarios más o menos notables, sin que los grupos de apoyo del presidente parecieran haber tenido capacidad para equilibrar la discusión pública y sin que faltaran en las cuentas oficiales los comentarios de ciudadanos en favor de políticas de mano dura o las comparaciones con el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador.