La mansión del comandante sandinista Bayardo Arce Castaño, durante décadas uno de los hombres más poderosos del círculo de Daniel Ortega y ahora preso político de su antiguo aliado, fue convertida por la copresidenta Rosario Murillo en un hotel boutique. La antigua residencia del exasesor presidencial en asuntos económicos, ubicada en el sector de San Isidro de la Cruz Verde, en Managua, fue presentada este jueves 19 de noviembre como un nuevo establecimiento del Instituto Nacional Tecnológico (INATEC), bajo el nombre de “Hotel Boutique Jocote Dulce”.
“Esta tarde también estaremos inaugurando, desde el INATEC, el Hotel Boutique Jocote Dulce, ubicado en el sector de San Isidro de la Cruz Verde, para eventos y reuniones con atención y calidad”, anunció la copresidenta durante su acostumbrada alocución de mediodía, sin mencionar que el inmueble perteneció a uno de los últimos comandantes históricos de la Revolución sandinista que permanecieron leales a Ortega.
Cuatro fuentes consultadas por DIVERGENTES confirmaron que el nuevo hotel funciona en la antigua mansión de Arce, detenido en su residencia el 30 de julio de 2025, en medio de una purga interna del sandinismo. “Yo estuve en esa casa varias veces. Sin duda es la propiedad”, dijo un allegado a la familia del otrora asesor presidencial.
La propiedad, una amplia construcción rodeada de jardines, con techos de tejas, terrazas y espacios sociales, aparece ahora promocionada en una página de Facebook creada bajo el nombre comercial de Hotel Boutique Jocote Dulce.
La conversión de la residencia en un establecimiento hotelero ocurre mientras Arce permanece encarcelado, tras haber sido condenado en enero de 2026 por supuesto lavado de activos y defraudación al Estado, en un proceso judicial del que las autoridades no han aclarado públicamente cuándo ni cómo se celebró el juicio. Su familia ha denunciado su aislamiento, las restricciones a las visitas y el deterioro de su salud durante la reclusión.
El nuevo destino de la mansión también pone de manifiesto otra dimensión de las confiscaciones ejecutadas por Ortega y Murillo: el despojo de los bienes de antiguos aliados políticos que han caído en desgracia, después de años de persecución patrimonial contra periodistas, opositores, empresarios, organizaciones civiles y familiares de personas desnacionalizadas.
Del poder económico a una celda

Arce fue el último integrante de la antigua Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que se mantuvo cercano a Ortega. Durante años ejerció como asesor presidencial para asuntos económicos y financieros y fue uno de los principales interlocutores del régimen con el sector privado, especialmente durante la etapa de entendimiento entre Ortega y el gran empresariado.
Sin embargo, su posición comenzó a debilitarse en medio de los reacomodos del poder impulsados por Murillo, quien desplazó a distintas figuras históricas del sandinismo en el marco de la consolidación de la copresidencia y la sucesión dinástica.
La caída definitiva de Arce comenzó a finales de julio de 2025, cuando agentes policiales allanaron sus oficinas y arrestaron a su asistente, Ricardo Bonilla Castañeda. Días después, un contingente de fuerzas especiales irrumpió en la vivienda del exasesor económico para detenerlo.
Tras su captura, el régimen intervino sus bienes y congeló cuentas bancarias vinculadas a su entorno familiar, según la documentación recopilada sobre el caso por DIVERGENTES. La persecución también alcanzó a su esposa, Amelia Ybarra, y a su cuñado, Amílcar Manuel Ybarra, señalados posteriormente por las autoridades en una supuesta trama de operaciones financieras ilícitas. La familia de Arce se fue al exilio para evitar la prisión.
El 27 de enero de 2026, la Procuraduría General de Justicia anunció que el Juzgado Noveno de Distrito Penal de Juicio de Managua había declarado responsables a Arce y Bonilla del delito de lavado de activos, en la modalidad de defraudación al Estado.
La acusación oficial atribuyó a ambos una supuesta estructura de operaciones financieras que habría movilizado 2713 millones de dólares y otros 82 344 millones de córdobas, una cifra conjunta cercana a los 5000 millones de dólares. Según la versión del régimen, la trama utilizaba sociedades mercantiles, cuentas bancarias, testaferros y operaciones internacionales para ocultar el origen y destino de fondos.
La sentencia anunciada por la Procuraduría también ordenó el decomiso de bienes y la cancelación de sociedades mercantiles. Sin embargo, no se ha divulgado un inventario público detallado que permita conocer el conjunto de propiedades confiscadas a Arce ni cómo fueron asignadas posteriormente a instituciones estatales.
La multimillonaria cifra atribuida al antiguo asesor económico fue cuestionada por especialistas consultados por DIVERGENTES, quienes advirtieron sobre la falta de información pública que permitiera comprobar su dimensión real y trazabilidad. Los casi 5000 millones de dólares superan ampliamente las magnitudes habituales de los grandes escándalos de corrupción conocidos en Nicaragua.
El INATEC y el nuevo destino de las propiedades confiscadas

La transformación de la mansión de Arce en el Hotel Boutique Jocote Dulce se inscribe en una política de confiscaciones que el régimen Ortega-Murillo comenzó a ejecutar después de las protestas sociales de abril de 2018 y que se profundizó con el destierro y la desnacionalización de opositores en febrero de 2023.
Inicialmente, la ocupación de inmuebles se concentró en medios de comunicación independientes y organizaciones de la sociedad civil, como las instalaciones de Confidencial, 100% Noticias y el diario La Prensa. Posteriormente, el despojo se extendió a viviendas particulares de periodistas, empresarios, profesionales, dirigentes opositores e incluso familiares de los afectados.
El INATEC, institución bajo la cual Murillo anunció la apertura del nuevo hotel, ya ha recibido otros bienes confiscados por el régimen. Uno de los casos más emblemáticos es el antiguo edificio del diario La Prensa, ocupado por la Policía en agosto de 2021 y convertido posteriormente en un centro cultural y politécnico.
En mayo de 2024, una investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) identificó al menos 135 propiedades confiscadas de facto desde 2018, con un valor estimado superior a 250 millones de dólares. El organismo advirtió entonces que esa cantidad apenas constituía “la punta del iceberg” del patrimonio arrebatado, debido a la opacidad oficial y al temor de las víctimas a denunciar.
El despojo también alcanzó a familiares que no habían sido objeto de sanciones políticas. En febrero de 2024, DIVERGENTES documentó al menos cinco familias de opositores desnacionalizados cuyos inmuebles fueron intervenidos por la Policía, entre ellas la familia del exmagistrado sandinista Rafael Solís.
La política de confiscaciones entró después en otra fase: la explotación comercial de los bienes arrebatados. Una investigación publicada por DIVERGENTES en junio de 2026 reveló que propiedades de opositores desterrados estaban siendo vendidas, alquiladas o entregadas a particulares vinculados al poder.
Entre los casos documentados figura la vivienda del politólogo Óscar René Vargas, convertida en el restaurante El Chamol Pinolero; una casa de la madre del exmagistrado Rafael Solís, transformada en el restaurante El Parrillaje; y la antigua residencia del propio Solís, entregada, según fuentes sandinistas consultadas por este medio, al boxeador Román “Chocolatito” González.
La mansión de Arce se suma ahora a los inmuebles que han adquirido una nueva función económica después de que sus propietarios fueran perseguidos por el régimen. En este caso, la inauguración fue anunciada directamente por Murillo.
Una mansión convertida en hotel mientras Arce sigue preso

La apertura del Hotel Boutique Jocote Dulce ocurre en medio de las denuncias sobre las condiciones de detención de Bayardo Arce. El pasado 2 de marzo, sus seis hijos exigieron a Ortega y Murillo una “prueba pública de vida inmediata”, después de recibir información sobre un posible traslado de su padre a un hospital en estado grave.
En una carta confiada a DIVERGENTES para su publicación, los familiares denunciaron que desconocían con certeza su paradero y estado de salud desde diciembre de 2025. También reclamaron acceso a visitas y atención médica adecuada.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Arce y su núcleo familiar en abril de 2026, al considerar que enfrentaban una situación de gravedad y urgencia que ponía en riesgo sus derechos fundamentales.
Mientras persisten interrogantes sobre las condiciones de reclusión del antiguo asesor económico, su residencia ha sido transformada en un hotel destinado a “eventos y reuniones”, según Murillo. Las autoridades no han explicado públicamente mediante qué procedimiento se transfirió el inmueble ni quién administrará los ingresos del nuevo establecimiento.
En su anuncio de este 19 de noviembre, la copresidenta únicamente informó de la inauguración del Hotel Boutique Jocote Dulce y de su vinculación con el INATEC.