Sanciones son por represión y farsa electoral

El gobierno de Joe Biden acusa a los nueve funcionarios y alcaldes sancionados por su participación en “actos de violencia contra manifestantes pacíficos” y por el proceso electoral del 7 de noviembre, considerado ilegítimo.


El gobierno de Estados Unidos explicó este lunes que las sanciones impuestas a funcionarios del régimen de Daniel Ortega responden a su participación en lo que Washington ha definido como, “actos de violencia contra manifestantes pacíficos”, ocurridos durante las protestas de 2018, donde fueron asesinadas centenares de personas, principalmente jóvenes. El Ejecutivo de Joe Biden, además, afirmó que la medida fue tomada como rechazo a las “falsas elecciones nacionales orquestadas por Ortega y Rosario Murillo”, el pasado siete de noviembre, en las que el caudillo se declaró vencedor con el 75% de los votos.

Entre los sancionados está el viceministro de Hacienda y Crédito Público, José Adrián Chavarría Montenegro, quien “reemplazó como miembro del directorio de la Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica al sancionado por Estados Unidos, Iván Acosta”, informó el Departamento del Tesoro.

El gobierno estadounidense denunció, además, estrategias del régimen de Ortega para saltarse las sanciones contra funcionarios y familiares, que incluyen un reglamento emitido por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras que implementa las reformas de febrero de 2020, a la Ley de Protección al Consumidor y Usuarios, que prohíbe a los bancos, sin razón reconocida por la ley, negar servicios financieros a sus clientes. Se trata de una acción que es vista como una maniobra del régimen para darle “vida financiera” a sus funcionarios sancionados.

El vínculo con los paramilitares

Un paramilitar luego de la «Operación limpieza» en Masaya. Divergentes.

Los alcaldes de Matagalpa, Estelí y Jinotega, también figuran en la lista de nueve funcionarios sancionados por Estados Unidos. Los tres son señalados como “responsables” de graves violaciones de derechos humanos, organizar a los paramilitares y reprimir a manifestantes nicaragüenses durante las protestas de 2018 en el norte del país.

Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el “alcalde mayor” de Matagalpa, Sadrach Zeledón Rocha, contribuyó a la violencia estatal contra ciudadanos nicaragüenses que participaron en las protestas. “Estaba vinculado a las acciones de las fuerzas paramilitares, la Policía pro-Ortega y grupos de choque que cometieron graves abusos contra los manifestantes”, cita el documento. De acuerdo, a la administración del presidente Biden, el alcalde de Estelí, Francisco Ramón Valenzuela Blandón “ordenó colocar francotiradores para apuntar a los manifestantes durante las protestas de 2018”.

Estados Unidos señala a Leonidas Centeno de estar “directamente vinculado a instancias de represión en Jinotega durante las protestas de 2018. En particular, los ataques con armamento pesado llevados a cabo por paramilitares mataron a cuatro personas, y miembros del personal de la alcaldía de Centeno participaron activamente en la represión de los manifestantes”.

Los otros sancionados por EE.UU., según el comunicado fueron Rodolfo Francisco López Gutiérrez, gerente del Despacho de Carga de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica; José Antonio Castaneda Méndez, presidente del Instituto Nicaragüense de Energía; Mohamed Farrara Lashtar, embajador de Nicaragua en Argelia, Egipto, Jordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos; Salvador Mansell Castrillo, ministro de Energía y Minas de Nicaragua.

El Departamento de Tesoro ha afirmado que  “las sanciones impuestas no pretenden ser permanentes”, sino que su objetivo fundamental es fomentar “un cambio positivo de comportamiento por parte de las personas identificadas y del régimen autoritario que apoyan”.

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