La última vez que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se sentó a conversar públicamente con dos de los poderes fácticos más influyentes de Nicaragua fue el 16 de febrero de 2019. Aquel día, Ortega y Murillo se reunieron con los máximos representantes de la Iglesia católica y con los dueños de las tres grandes fortunas del país para retomar el Diálogo Nacional, suspendido siete meses antes. Once días después de ese encuentro, se instaló una nueva mesa de negociación, que culminó en una serie de acuerdos firmados por Denis Moncada Colindres, actual cocanciller orteguista, pero literalmente horas después, fueron rechazados por el par de dictadores.
A casi siete años de aquel episodio, cuesta imaginar que algo similar vuelva a ocurrir. Ortega ha consolidado un régimen totalitario en el cual ha anulado interlocutores. Mientras tanto, los nicaragüenses viven bajo máxima expectación ante la posible expulsión del país del tratado de libre comercio con Estados Unidos, una medida que tendría graves consecuencias para las exportaciones y el empleo del país. Dentro de Nicaragua, los grandes empresarios y la jerarquía eclesiástica, otroras voces críticas, guardan silencio. No hay pronunciamientos, ni gestos de presión. Han optado por no incomodar.
“No creo que los empresarios vayan a pronunciarse porque el nivel de represión fiscal en Nicaragua es brutal. El empresario está básicamente con una pistola en la sien. Aun así, su objetivo sigue siendo generar riqueza, empleo y producir”, dice el opositor Juan Sebastián Chamorro, quien considera que el sector privado vive con miedo permanente a posibles confiscaciones. La defensora de derechos humanos Martha Patricia Molina, por su parte, cree que los líderes religiosos “están siendo prudentes”.
Empresarios e Iglesia, sin influencia
Tras las protestas sociales de 2018, la Iglesia católica y el gran empresariado se convirtieron en los únicos poderes fácticos capaces de ejercer algún tipo de influencia sobre el régimen. Pero esa capacidad se ha desvanecido, hasta desaparecer. Hoy, no existe margen real para que ambos sectores logren sentar al régimen en una mesa de negociación, ni una oposición política consolidada que pueda ejercer algún tipo de presión.
El pasado 20 de octubre de 2025, la administración de Donald Trump, a través de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), anunció la posibilidad de sancionar económicamente a Nicaragua, expulsándola del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR). Esta sería la primera medida adoptada por Washington con la capacidad de golpear severamente la raquítica economía nicaragüense, que no ha podido recuperar el ritmo de crecimiento previo a 2018.
La USTR determinó que las políticas, actos violatorios de las libertades civiles y las prácticas represivas del régimen sandinistas son “irrazonables” y constituyen una “carga o restricción al comercio estadounidense”. Por ello, abrió un proceso de consulta pública, vigente hasta el 19 de noviembre de 2025, para recibir comentarios sobre las medidas que podrían adoptarse “para obtener la eliminación de los actos, políticas y prácticas investigados”.
Washington baraja varias opciones: suspender todos los beneficios de Nicaragua bajo el CAFTA-DR; cancelar parcialmente los beneficios, limitando el impacto a ciertos sectores; aplicar aranceles de hasta 100 % a todas las importaciones nicaragüenses, de inmediato o gradualmente en un periodo de hasta doce meses; o imponer aranceles del mismo nivel a sectores específicos, con una implementación escalonada.
Si la Casa Blanca decide suspender a Nicaragua del tratado, la economía enfrentaría su peor golpe: Estados Unidos representa el 55 % de las exportaciones nicaragüenses y el país depende fuertemente del CAFTA-DR, en vigor desde 2006. Los sectores textil, agrícola y agroindustrial serían los más afectados. Y si bien Ortega ha intentado reemplazar a Estados Unidos con China, los economistas no consideran viable esa sustitución en el corto plazo.
Distintos niveles de preocupación
Manuel Orozco, politólogo nicaragüense y director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, señala que la dictadura ha construido un modelo sociopolítico que no admite la disidencia, la comunicación ni el diálogo, si no hay un componente de lealtad o transaccionalidad a cambio. En ese sentido, el sector privado ha navegado cuidadosamente estas aguas, manteniendo un bajo perfil y soportando la extorsión, la expropiación y la intimidación para poder seguir operando. “No es una cuestión de tenerles pena ajena o simpatía, sino de entender la realidad en la que las empresas están subsumidas”, apunta.
Orozco añade que las empresas que trabajan en el mercado exportador hacia Estados Unidos manejan distintos niveles de preocupación sobre el impacto que tendría una decisión adversa para Nicaragua, dependiendo de varios factores.
Los empresarios, continúa, no han podido refutar los hallazgos de la USTR con evidencia, sino que han recurrido a argumentos generales sobre el riesgo de pérdidas de empleo y el aumento de la migración, apelaciones que él considera moralistas.
Golpes más allá de la represión fiscal
El mes pasado, el Juzgado Segundo de Distrito Civil de Managua ordenó el embargo de los bienes y cuentas bancarias de la Compañía Recicladora de Nicaragua (CRN), filial de la Compañía Cervecera de Nicaragua (CCN), por una supuesta deuda fiscal que supera los 79 millones de dólares, bajo el argumento de incumplimientos tributarios y aduaneros por parte de la empresa. Entre los empresarios crece el temor de que este caso se convierta en una práctica común y que el régimen comience a emprender acciones directas contra el sector privado más allá de la represión fiscal.
Para el politólogo, la pregunta clave es: ¿será que una de las razones por las que ha prevalecido el silencio de este sector, pese a los ataques, extorsiones y la represión, es la naturaleza dictatorial misma del régimen?
No obstante, Orozco recuerda que las empresas nacionales han sido presionadas, de manera directa e indirecta, para hacer lobby, y que han enviado emisarios a Washington con el objetivo de influir en la decisión: desde solicitar una moratoria para ganar tiempo y ajustarse, hasta pedir que no se adopte ninguna medida. “En general, el peso de su influencia dentro de la administración Trump es bajo”, afirma.
Y remata: “El margen de maniobra de los empresarios para incidir en el régimen es casi nulo. Las circunstancias son muy diferentes a las de 2019: el espacio de influencia del sector exportador hacia Estados Unidos y Centroamérica es hoy mucho menor que el del grupo que administraba la actividad económica en aquel momento”.
Ortega no “perdona” a los empresarios
Durante más de una década, los empresarios y el régimen mantuvieron un sistema corporativista conocido como modelo de diálogo y consenso. El gran capital de Nicaragua se concentraba en los negocios, mirando hacia otro lado frente al desmantelamiento institucional y democrático del país. Hasta que, en abril de 2018, Ortega decidió reformar el sistema de pensiones, sin la venia del empresariado, desatando la oposición de todos los sectores sociales y fuertes protestas ciudadanas por todo el país. La dictadura respondió con represión, violencia y muerte.
El 30 de mayo de ese año, doce días después del inicio de las protestas y con el aumento de víctimas mortales, Carlos Pellas, presidente del Grupo Pellas, y Ramiro Ortiz Guardián, presidente del Grupo Promerica, concedieron entrevistas a La Prensa y El Nuevo Diario en las que pusieron sobre la mesa el adelanto electoral como salida a la crisis. La ruptura con Ortega estaba servida.
“Hay que encontrar una salida ordenada, dentro del marco constitucional, que implique reformas y un adelanto de elecciones en Nicaragua”, dijo Pellas. Propuso además la renuncia inmediata de todos los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE).
Ortiz, por su parte, declaró a El Nuevo Diario que era imperativo acordar “reformas necesarias que permitan adelantar las elecciones, pero de una manera ordenada y bajo un proceso justo, claro y transparente”. “No puede haber otra manera de salir de esta crisis que no sea a través de elecciones incluyentes y constitucionales”, añadió.
En diciembre de ese mismo año, diez empresarios, entre ellos los más acaudalados del país, enviaron una carta a Ortega pidiendo el adelanto electoral, el cese de la represión y la liberación de los presos políticos.
Juan Sebastián Chamorro, exdirector de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), sostiene que Ortega nunca les perdonó aquella ruptura. “Después de haber trabajado con ellos, los empresarios lo traicionaron, según la mentalidad de Ortega, y se las sigue cobrando”, dice el opositor.
DIVERGENTES contactó al Grupo Pellas y al Grupo Promerica para conocer su postura sobre la posible expulsión de Nicaragua del CAFTA-DR, pero no obtuvo respuesta. Tampoco del Grupo LAFISE, de la familia Zamora Terán.
Estos tres grandes conglomerados empresariales, que dominan el sector financiero, cuentan con un importante fondeo hacia el mercado y las empresas nacionales, principalmente en los sectores agroindustrial y de servicios. En el caso del Grupo Pellas, además, posee negocios en el rubro azucarero, por lo que resentiría directamente el impacto de una eventual suspensión del tratado comercial con Estados Unidos.
“Una disminución en la actividad exportadora, afectará la liquidez financiera de la banca, que es el principal financista de las empresas internacionales, pero no necesariamente el tamaño del consumo privado. Una caída de la demanda podría crear una carestía del dólar y afectar el córdoba”, valora Orozco.
Para Chamorro, todo puede ocurrir en Nicaragua: una crisis de sucesión provocada por la muerte de Ortega podría ser el detonante que empuje al sector privado a romper el silencio. La apuesta es hipotética.
La Iglesia, sin poder moral
La jerarquía de la Iglesia católica en Nicaragua ha sido históricamente el principal referente moral del país. En 2018, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) fue contactada por Ortega para que mediara en el Diálogo Nacional, y ese mismo grupo de obispos redactó varias cartas pastorales en las que expresaban su preocupación por el deterioro de la democracia y el Estado de derecho. Fueron, incluso, los primeros en lograr que Ortega se sentara a dialogar.
Durante cuatro horas, el 21 de mayo de 2014, la Conferencia Episcopal se reunió con el mandatario y le entregó un documento titulado “En búsqueda de nuevos horizontes”, en el que planteaban la urgencia de “un gran diálogo nacional” y la necesidad de reformas en el sistema electoral. Los obispos exhortaron entonces a Ortega a “ofrecer su palabra de honor” para garantizar que las elecciones generales de 2016 se realizaran con transparencia. Hoy, esos mismos obispos son considerados enemigos del régimen.
La Conferencia Episcopal y su presidente, el cardenal Leopoldo Brenes, se mantienen en silencio y hay voces que sostienen que la presión hacia Ortega deberá venir del exterior.
“Hay personas de la Iglesia que se han pronunciado al respecto (sobre la posible expulsión del CAFTA) a través de la página web de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos”, explica la investigadora Martha Patricia Molina.
A lo interno del país, agrega, la Iglesia no puede pronunciarse ni siquiera mediante referencias bíblicas. “Los curas omiten palabras que puedan ofuscar a la dictadura. La Iglesia no tiene margen de acción en este momento porque la represión ha ido a peor”, señala la experta.
Hay prudencia, insisten fuentes dentro de Nicaragua, para evitar una mayor venganza del régimen. Ni siquiera existe ya un canal de comunicación con la Santa Sede, luego de que el último nuncio apostólico, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, fuera expulsado del país en marzo de 2022. Aquella voz de la Iglesia que antes se pronunciaba con firmeza frente a Ortega, ha sido silenciada. La última carta pastoral de la CEN fue publicada en mayo de 2019 y en ella se reiteraba la necesidad de recuperar la democracia y la institucionalidad del país.
En Nicaragua, los poderes fácticos que alguna vez intentaron ser un contrapeso al régimen han sido reducidos al silencio. Los empresarios protegen sus intereses y han optado por cohabitar con Ortega, mientras los obispos se refugian en la prudencia. En cualquier caso, la apuesta es resistir.
Y sin oposición política ni voces de autoridad moral que lo cuestionen o llamen a resolver la crisis, Ortega ha encontrado un terreno fértil para consolidar su autoritarismo. Habrá que ver cuánto puede sostenerlo si llega el descalabro económico tras una eventual expulsión de Nicaragua del CAFTA-DR.
“La solución a esta situación sigue estando, en un 90%, en manos del Gobierno de Rosario Murillo. Ella puede dar señales de reformas políticas y de mejora en la relación con Estados Unidos, a cambio de una transformación económica de Nicaragua”, concluye Orozco.