El anuncio de la fórmula presidencial de la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL) provocó un aluvión de críticas en varios sectores de la sociedad, quienes cuestionaron la representación de los candidatos de la oposición y su falta de conexión con los símbolos de abril de 2018. Los opositores nicaragüenses pretenden enfrentar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo con una dupla compuesta por Óscar Sobalvarro y Berenice Quezada. El aspirante a presidente es un excomandante de la Contra y la aspirante a vicepresidenta una exreina de belleza y creadora de contenidos en redes sociales.
Los candidatos de oposición fueron ratificados en una convención realizada por el partido en un hotel capitalino la mañana del miércoles. La escogencia se da en medio de una nueva etapa represiva que ha ejecutado el régimen, en la que han sido arrestados una treintena de liderazgos opositores (entre ellos siete precandidatos presidenciales), activistas, ex guerrilleros sandinistas históricos y defensores de derechos humanos. La mayoría de ellos eran rostros que tuvieron un rol público durante las protestas de abril, o dentro de los procesos organizativos de la oposición.
Con ello, se perfila un “escenario controlado en su totalidad” por el régimen Ortega-Murillo, en el que no solo se ha impedido la manifestación de la población, sino la encarcelación de las voces que se alzaron durante las protestas, según explica la socióloga Elvira Cuadra.
Si las elecciones fueran a darse en los próximos días, y los candidatos de la oposición quedaran tal cual en la boleta, ninguno de ellos podría despertar conexión con la ciudadanía que participó en las protestas de abril 2018, y que anhela un cambio democrático. O al menos así lo creen nicaragüenses como Carlos Daniel Berríos, un joven exiliado en Costa Rica que mira con desánimo el actual panorama electoral en Nicaragua.
Recibe nuestro boletín semanal
Berríos asegura que el mensaje que se envía a los exiliados como él, es que “Nicaragua parece no tener futuro como mínimo hasta en cinco años”. “Es decir, muchos exiliados eso es lo que dicen, que el retorno al país será para rato”, agregó a este medio. Este joven nicaragüense es uno de los más de cien mil nicaragüenses que han salido al vecino país, en su caso debido a la persecución política contra los manifestantes.
En su exilio en Costa Rica, cuenta que muchos otros jóvenes como él perciben una “traición” de los opositores en Nicaragua que han mostrado “incompetencia” con el actual escenario sociopolítico, en el que Ortega y Murillo pretenden competir sin ninguna otra fuerza que les pueda hacer sombra.
En Nicaragua, las posturas de los jóvenes también son diversas. DIVERGENTES conversó con un estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería, que por motivos de seguridad pidió mantenerse en el anonimato. El universitario reconoce que muchos de los ideales que “se alzaron durante las protestas se han perdido” y que no se siente representado por dichas figuras, pero que ante el actual escenario votaría por ellas “con tal de salir de la dictadura”.
“Es un tema que hablamos entre compañeros, y a pesar de que hay mucho desencanto y, con toda seguridad te digo, no estamos tan informados ni seguimos lo que pasa como en 2018, todos queremos votar. Nuestra intención es hacerlo por el que represente la mayor posibilidad de ganarle a Ortega. A este punto no nos importa quién. Al menos yo desconozco quiénes son estas personas, pero sí quiero participar en las elecciones”, reflexiona el joven.
Estas declaraciones tienen concordancia con una encuesta realizada por la firma CID Gallup en febrero de 2021, la cual arrojó que un 65% de los nicaragüenses tiene la intención de votar en los próximos comicios. Sin embargo, estas elecciones ya son tachadas de fraudulentas y antidemocráticas, debido al clima electoral impuesto por el régimen. Con un control en el Poder Electoral, unas reformas a la Ley a su medida y al menos siete precandidatos bajo arresto, Ortega y Murillo pretenden mantener su camino libre para otro presidencial mientras reina el descontento y se agudiza la crisis económica.
Sin las figuras de “Abril”
Además del control total, el régimen se ha encargado de encarcelar a las figuras surgidas durante el estallido social de abril 2018. De esta forma, la mayoría de estos rostros que aspiraban a un cargo público no estarán en la boleta electoral. “Una propuesta política electoral que tenga alguna posibilidad de cambio democrático para Nicaragua es un riesgo para el proyecto de continuidad en el poder de los Ortega-Murillo”, explicó Cuadra.
“Los actores que emergieron en 2018 y que los podíamos encontrar en organizaciones como la Unidad Nacional Azul y Blanco, una parte en la Alianza Cívica, y otra en la Coalición Nacional son los que representaban este riesgo en el proceso electoral”, agregó la socióloga.
Analistas y politólogos han alertado que Ortega y Murillo cancelaron de facto las elecciones en Nicaragua, al imponer una nueva escalada represiva. Ante esto, la comunidad internacional no solo ha alertado sobre la “consolidación de una dictadura” en la región, sino que ha anunciado que desconocerá los resultados de unas elecciones fraudulentas, así lo anunciaron los países miembros del Parlamento Europeo en una reciente resolución.
Según Cuadra, el régimen está utilizando diversos recursos para controlar el resultado electoral. El primero de ellos es el control que mantiene dentro del Consejo Supremo Electoral, mediante un grupo de magistrados afines que fueron elegidos por los diputados sandinistas de la Asamblea Nacional a inicios de mayo. Y la segunda variable de este control es la fuerza política de la competencia.
“Allí hemos visto acciones en función de dividir e interrumpir los procesos de unidad de la oposición hasta el control de los partidos políticos. Entonces a eso obedece, por ejemplo, que Ortega haya suspendido la personería jurídica de dos partidos, que haga presión sobre otros y que busque por la vía del colaboracionismo, el clientelismo, el chantaje, etcétera… cómo mantener dentro de su corralito a los otros partidos”, explicó la socióloga.
Con la ausencia de las figuras de abril, la fórmula opositora por la cual ha optado la ACxL solo ha generado más dudas entre los diferentes sectores de la sociedad y los actores dentro de la oposición que criticaron los nombramientos. “En realidad no es extraño, porque todos los partidos políticos, siempre han tenido prácticas poco democráticas. Dentro de ellos lo que ha prevalecido es el dedazo para ese tipo de nombramiento”, advirtió la experta.
Dirigentes de CxL aseguraron que la candidatura de Sobalvarro y Quezada pasó por una consulta a las bases y los convencionales. No obstante, todavía se desconoce a fondo cómo fue verdaderamente este mecanismo de consultas. Dicho partido se había comprometido a realizar un mecanismo de selección con sus candidatos inscritos, lista en las que no estaba la actual fórmula. Los dos únicos precandidatos que sí perfilaban no fueron tomados en cuenta. Por una parte, el conservador Noel Vidaurre permanece en arresto domiciliario por la Policía Nacional, y Américo Treminio fue apartado del proceso debido a su poco reconocimiento en el ámbito político.
La escogencia de la fórmula Sobalvarro-Quezada también causó inconformidad entre la Alianza Cívica, aliado primordial de CxL. Figuras como Yubrank Suazo y la doctora María Asunción Moreno renunciaron a la agrupación política, aduciendo que CxL designó a los candidatos de manera unilateral, en un claro incumplimiento a los acuerdos alcanzados.
Kitty Monterrey, quien es presidenta de CxL, aseguró tras la selección de su fórmula que con esta decisión no desea “regalarle el camino al régimen”. “Somos la única esperanza de oposición al régimen para todos aquellos nicaragüenses que anhelamos transitar de la dictadura a la democracia a través de la lucha cívica con nuestro voto”, publicó en su cuenta de Twitter.