Los jueces sandinistas suspendieron el pasado 22 de octubre los juicios en contra de los presos políticos para lo que resta de este 2021, denunció Berta Valle, esposa del precandidato opositor Félix Maradiaga en una entrevista en CNN el pasado 29 de octubre. Esta medida condena, hasta ahora, a prisión indefinida ilegal para las más de 30 personas arrestadas desde junio por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Yo creo que Felix va a permanecer preso por varios meses más… La semana pasada la jueza indicó tanto para el caso de Félix, como otros presos políticos, que no iban a haber más sesiones, audiencias durante este año porque están saturados. Es como que ellos hacen una pausa y se continúa el proceso de juicio y acusación hasta el próximo año”, dijo Valle.
La esposa del opositor aseguró a DIVERGENTES que, ante el anuncio, los defensores presentaron un recurso de reposición ante la justicia sandinista “para dejar por sentado de manera legal la arbitrariedad con que están manejando el debido proceso”.
Además, el 28 de octubre, los abogados de los precandidatos Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro solicitaron ante el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas investiguen la Detención Arbitraria ambos disidentes. Mediante una declaración escrita, el defensor internacional Jared Genser dijo que su equipo pidió “se investigue la detención en marcha de Chamorro y Maradiaga y concluya que están siendo detenidos arbitrariamente y en violación de las obligaciones de Nicaragua en virtud del derecho internacional”.
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Pablo Fletes, hermano de Marcos Fletes, ex funcionario de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, también confirmó a DIVERGENTES sobre la suspensión del juicio de su familiar. “Los procesos están interrumpidos y no saben hasta cuándo. Suponemos que después de las benditas elecciones o mejor dicho, circo electoral”, afirmó.
Según el Código Procesal Penal de Nicaragua, la duración del proceso judicial es de hasta seis meses máximo. Sin embargo los jueces “están tratando de extender ese plazo de tal forma que nuestros familiares van a estar ahí, hasta el momento de forma indefinida”, añadió Berta Valle.
“El régimen actua de forma arbitraria pero obviamente nuestra esperanza es que tanto Félix como los más de 150 presos políticos puedan quedar libres a la brevedad posible, porque es nuestra demanda y es su derecho”, insistió Valle.
Según el más reciente informe del observatorio electoral Urnas Abiertas, entre mayo a octubre de 2021, han sido arrestadas 37 personas (7 de ellas son precandidatos opositores) en el contexto electoral, como parte de la persecución judicial y una “estrategia represiva contra personas candidatas, organizaciones políticas, integrantes de partidos y movimientos y la sociedad en general”.
Presos políticos como “ficha de canje”
Valle aseguró que Ortega y Murillo pretenden “usar a los presos políticos como una ficha de canje” tras las elecciones sin competencia. “Los usa sin ningún trato digno, sin respeto a sus derechos, como una arbitrariedad al debido proceso legal”, dijo. Además, indicó que la alarma “cómo el régimen abiertamente plantea un diálogo nacional después que ellos ganen estas supuestas elecciones”, agregó.
Los presos políticos arrestados durante el contexto electoral en Nicaragua tienen hasta 130 días de estar tras las rejas y solamente les han permitido ver a sus familiares en dos ocasiones. Según Latinobarómetro, los comicios del próximo siete de noviembre “se tratan del uso del mecanismo electoral por un dictador para vestirse de legitimidad”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que la elección sin competencia “podrá calificarse como nuevos crímenes de lesa humanidad”.