La posibilidad que Estados Unidos imponga aranceles de hasta un 100% a los productos nicaragüenses, o incluso suspenda al país del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), debido a las violaciones a los derechos humanos y laborales del régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, amenaza con desencadenar un efecto dominó en la economía nacional, alcanzando incluso a sectores micros.
De acuerdo con expertos consultados por DIVERGENTES, la medida pondría en riesgo la estabilidad fiscal, el empleo formal y una amplia red de trabajo informal vinculada al comercio exterior. En este último se incluyen transportistas, subcontratistas, pequeños negocios y trabajadores de servicios que dependen de la actividad de las zonas francas y de la demanda generada por las exportaciones hacia Estados Unidos.
La advertencia de la posible suspensión del DR-CAFTA, surge tras una investigación iniciada el 10 de diciembre de 2024 por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), en el marco de la Ley de Comercio de 1974. Diez meses después, el informe concluyó este pasado 20 de octubre de 2025, que el régimen sandinista incurre en “actos, políticas y prácticas irrazonables” que violan derechos humanos, laborales y el Estado de derecho, afectando directamente las relaciones comerciales con el país norteamericano.
En ese escenario, el régimen de zonas francas sería uno de los rubros más golpeados si Nicaragua es suspendida del DR-CAFTA o se le imponen aranceles de hasta 100% a sus exportaciones hacia Estados Unidos. Actualmente, este sector emplea a más de 120 000 trabajadores formales, cuya actividad está directamente ligada al acceso preferencial al mercado estadounidense. Según el economista y excandidato presidencial, Juan Sebastián Chamorro, por cada empleo directo en zonas francas, se generan entre uno y hasta dos empleos indirectos, lo que amplifica el impacto económico.
“De tal manera que si se va a hablar de un despido de personas en zona franca, automáticamente hay que hablar de uno y medio más, o el doble, o dos personas por cada uno que pierde el empleo, porque son industrias que tienen ramificaciones en todos lados”, advierte.
Exportaciones en peligro y empleo en riesgo
Sin embargo, detalla que la cadena de impacto incluye no solo a operarios textiles, sino también a transportistas, personal de aduanas, mecánicos de maquinaria, servicios de alimentación, y trabajadores administrativos, todos dependientes de la operación exportadora.
Para Chamorro, esas actividades generan ingresos que luego se trasladan en forma de consumo en restaurantes, hoteles, comercios y “hasta en la venta de motocicletas o vehículos”, por lo que la afectación se propaga a buena parte de la economía local.
El economista Marco Aurelio Peña advierte que “el sector productivo exportador sería el primero en recibir el impacto” si se interrumpen las relaciones comerciales con Estados Unidos. “Y con la caída de las exportaciones —añade— viene la contracción económica”. Sin embargo, el experto también señala que, a través del Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y Estados Unidos, se han generado “muchísimos empleos directos e indirectos, formales e informales”, que están en riesgo.
“Y no sería para nada fácil reemplazar —al menos no en el corto plazo— a un socio comercial como Estados Unidos. Ni siquiera China, que es una potencia económica, podría reemplazarlo de la noche a la mañana, porque la economía no funciona así. La economía no funciona ni por decretos ni por los caprichos o arbitrariedades de los dictadores de turno”, indicó Peña.
Zonas francas y agroindustria en el centro del riesgo
En 2024, el intercambio total de bienes entre Estados Unidos y Nicaragua alcanzó los 7400 millones de dólares, de acuerdo con cifras oficiales de la USTR. Las exportaciones estadounidenses hacia Nicaragua sumaron 2700 millones, lo que representó un incremento del 15.9 % respecto al año anterior. En contraste, las importaciones provenientes del país centroamericano fueron de 4600 millones, registrando una leve caída del 1.4 % en comparación con 2023.
Según datos más recientes del Observatorio de Complejidad Económica (OEC), en julio de 2025 Nicaragua exportó 449 millones de dólares a Estados Unidos e importó 178 millones, manteniendo así un superávit comercial con su principal socio económico, que absorbe más de dos tercios de su oferta exportable. Los principales productos enviados fueron camisetas tejidas, cable aislado, carne bovina y café.
Peña comenta que la competitividad de estos sectores está estrechamente ligada al CAFTA. “Si te imponen esos 100% de aranceles, tus productos llegarán allá valiendo el doble”, señala. Productos como camisetas, suéteres o carne nicaragüense perderían terreno frente a exportaciones similares de Honduras, Guatemala, Argentina o Uruguay. “Eso se traduce en menos ventas, menos divisas y más desempleo”, advierte el economista.
Además de la maquila textil, otras actividades altamente vulnerables son la agroindustria del tabaco y la ganadería. En el caso del tabaco, Chamorro resalta su carácter intensivo en mano de obra y la fuerte presencia femenina en el procesamiento de puros en Estelí. “Tiene toda una industria alrededor: de empaquetado, de transporte, de maquinaria, de riego, de almacenamiento… O sea, es una industria que tiene bastantes ramificaciones”, detalló.
La ganadería, por su parte, representa una de las actividades más extendidas territorialmente. “Es la actividad económica con la mayor cantidad de presencia. Prácticamente todo el país tiene ganadería”, explica Chamorro, quien señala que un colapso en el sector afectaría a múltiples municipios, en especial zonas rurales donde la economía gira alrededor de la producción y comercialización de carne.
La caficultura también sufriría un fuerte revés. Peña recuerda que este cultivo genera empleo temporal en cada ciclo productivo, y su caída impactaría directamente a recolectores y trabajadores agrícolas. “Estas personas de la economía comunitaria ya no llevarán los mismos ingresos a sus hogares, lo que reduce su consumo y las obliga a desplazarse o buscar alternativas en otros mercados”, advierte.
Más informalidad, menos recaudación y el colapso del INSS
Los especialistas advierten que la pérdida masiva de empleos formales como resultado de una eventual salida del DR-CAFTA tendría repercusiones fiscales y golpearía directamente al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), cuyas finanzas ya se encuentran comprometidas.
“Hoy por hoy, tres de cada cuatro trabajadores en Nicaragua están en la informalidad”, recuerda Marco Aurelio Peña. “Al destruirse empleos formales, la gente no solo pierde ingresos y capacidad de compra, sino que deja de cotizar a la Seguridad Social, lo que afecta directamente al INSS”, sostuvo.
Juan Sebastián Chamorro, por su parte, alerta que la caída del empleo también tendría consecuencias fiscales. “Si esos ingresos se reducen, también se reducen los sectores. Se recauda menos IVA (impuestos al valor agregado), menos IR (impuesto sobre la renta), y esto hace que eventualmente, para cubrir el déficit, los gobiernos tengan que gastar menos”, explica.
Ambos economistas coinciden en que las repercusiones no se limitan al empleo, sino que también alcanzan el consumo, la recaudación tributaria y los ingresos del Estado. Chamorro advierte que las finanzas públicas estarían en riesgo, por lo que “también el gasto de gobierno podría verse afectado. Así que por varias vías (hay afectaciones). Pero el impacto es significativo si es que llega a darse”.
Una economía frágil y dependiente
Los informes elaborados por la Fundación sin Límites confirman esta fragilidad estructural. En el documento “Sostenibilidad Fiscal del Gobierno de Nicaragua” (2024), la organización señala que la economía nicaragüense ha crecido de forma artificial gracias al dinamismo exportador, las remesas y la inversión extranjera directa, pero que enfrenta una alta dependencia de factores externos y un aparato estatal hipertrofiado.
“Una caída de exportaciones generaría un deterioro en la balanza de pagos y aumentaría las presiones sobre las reservas internacionales”, advierte el estudio. Además, una contracción del empleo formal “tendría un efecto directo sobre el equilibrio financiero del INSS y afectaría el consumo, la recaudación tributaria y la capacidad del Estado de sostener el gasto público”.
El informe también señala que, en un escenario de suspensión del CAFTA o imposición de aranceles, el Gobierno tendría que recurrir a mayor endeudamiento interno o sacrificio de inversiones públicas.
Derechos económicos como derechos humanos
El economista Peña sostiene que la posible suspensión del DR-CAFTA debe analizarse en el contexto del deterioro económico e institucional que atraviesa el país. Señala que “una dictadura produce altos costos económicos y humanos para un país: lo rezaga, lo atrasa”, y ubica a Nicaragua “en el último vagón del tren de la economía latinoamericana, junto a Honduras y Haití”.
Peña comentó que según el Índice de Prosperidad de HelloSafe, el país se ubica en el puesto 19 de 23 naciones latinoamericanas, una caída significativa para una economía que antes de 1979 “no estaba entre los países más pobres de América Latina; era una economía prometedora y competía a nivel centroamericano”.
También recuerda que las violaciones a los derechos humanos no se limitan a la represión política o la censura, sino que incluyen atropellos sistemáticos a los derechos económicos, sociales y culturales. “Todas las formas de derechos de propiedad han sido atropelladas y pisoteadas”, denuncia, al referirse a la confiscación de universidades, ONG, tierras comunales y empresas privadas.
En su análisis, el autoritarismo del régimen sandinista ha desmantelado la libertad económica y empresarial, generando un entorno marcado por la corrupción y la arbitrariedad fiscal.
“O te cierran tu negocio o tu empresa porque sos disidente, opositor o crítico. O un día llega alguien de la familia vinculada a la familia gobernante, sí, y te extorsiona y te exige —qué sé yo— la mitad de la participación en tu empresa porque te va bien”, afirma. Peña señala que esta erosión de derechos económicos explica por qué Nicaragua “no sale bien para clima de inversión” y por qué Estados Unidos justifica sanciones comerciales basadas en violaciones a libertades fundamentales.
Chamorro considera que el impacto del CAFTA se extiende más allá de las zonas francas. Aunque reconoce que ese sector concentra buena parte del empleo formal vinculado a las exportaciones, enfatiza que el acuerdo otorga ciertas garantías a quienes trabajan para abastecer mercados externos.
“Porque si bien es cierto hay abusos como lo ha resaltado el informe, también es muy cierto que el hecho de suministrar a mercados externos pone a estas personas, a estos trabajadores, bajo una situación de cierta protección”, señala. Añade que el reclamo del USTR apunta precisamente a garantizar ese tipo de derechos laborales.