La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) ha puesto las cartas de Nicaragua sobre el escritorio Resolute de Donald Trump, en el Despacho Oval. El veredicto es contundente: las políticas y prácticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo son “irrazonables” y constituyen una “carga al comercio estadounidense”.
Sobre la mesa del presidente republicano están planteadas las sanciones más severas en dos décadas en materia económica, desde que Washington se consolidó como el principal socio comercial de Managua: la suspensión total o parcial de los beneficios del país bajo el tratado de libre comercio DR-CAFTA y la imposición de aranceles de hasta el 100 % sobre sus exportaciones.
El impacto de esa decisión, todavía en fase de consulta pública hasta el próximo 19 de noviembre, sería devastador para una economía que depende en más de un 55% de sus exportaciones hacia Estados Unidos. El temor más grande es la salida de Nicaragua del acuerdo comercial DR-CAFTA, una carta que se baraja desde hace algunos años en los pasillos de Washington pero que, dada la complejidad que implica la falta de una cláusula democrática en el tratado, siempre había sido vista como una medida extrema. Sin embargo, fuentes en Washington advirtieron a DIVERGENTES que esta exclusión nunca había estado tan cerca como ahora.
La sospecha más clara de una posible salida de Nicaragua del tratado es que durante las últimas semanas países de Centroamérica mantienen discusiones con la administración del presidente Trump sobre aranceles, pero el régimen Ortega-Murillo ha estado excluido de estos acercamientos.
Si bien la imposición de aranceles —en el marco de la lógica proteccionista de la administración de Donald Trump frente a todo el mundo, incluidos sus principales aliados— puede ser una de las medidas a tomar frente al régimen Ortega-Murillo, lo que más alarma es una eventual exclusión del DR-CAFTA. Desde que se empezó a plantear esta posibilidad, instituciones como la Fundación Sin Límites se han dedicado a dimensionar el impacto que tendría sobre Nicaragua, su economía y sus ciudadanos.
La organización en el exilio advierte que “esto afectaría de manera crítica a industrias como la de textiles de zona franca, que podría enfrentar pérdidas millonarias y la posible extinción del sector, estimándose una reducción de aproximadamente 80% en un año.” El estudio sobre la sostenibilidad añade que “tras la salida del DR-CAFTA, el gobierno enfrentaría un agotamiento de sus ahorros en un año, lo que le obligaría a implementar rápidamente políticas para evitar el impago de deudas y el aislamiento financiero.”
“Además, se prevé la pérdida de entre 125 y 135 mil empleos en el sector formal, lo que afectaría negativamente el consumo de los hogares, la inversión privada y las exportaciones, pudiendo contraer el PIB real en un 4 por ciento durante dos años consecutivos”, alerta la Fundación en sus estimaciones. En ese escenario, el empleo informal absorbería parte del impacto, pero con ingresos reducidos y sin capacidad de sostener la demanda interna.
De modo que la pregunta que queda en el aire no es si Nicaragua puede resistir perder a su principal socio comercial, sino en cuánto tiempo se puede fracturar la estructura productiva. El modelo económico nacional se sostiene sobre tres pilares: el CAFTA-DR, las zonas francas y las remesas. Básicamente, los tres son dependientes de Estados Unidos.
En materia fiscal, la organización sostiene que “el Gobierno se vería forzado a aumentar impuestos o reducir el gasto social para mantener el equilibrio presupuestario” y que “estas acciones profundizarían la recesión económica y tendrían un alto costo para la población y las empresas nicaragüenses”.
La Fundación Sin Límites resume que “el retiro del DR-CAFTA tendría implicaciones profundas sobre el crecimiento, la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de la deuda pública. En la práctica, supondría un retorno a una economía cerrada y estancada”.
“En conclusión, la construcción y desarrollo de escenarios ha permitido vislumbrar el potencial estado de la sostenibilidad fiscal. El análisis indica que la respuesta no es conclusiva y más bien se encuentran un rango de resultados en los que existen la probabilidad de que el Gobierno no sea sostenible, pero con posibilidades de que el Gobierno tenga la capacidad de revertir ello si impone su presión sobre los hogares y empresas privadas tanto a nivel de recaudación como de gasto”.
Una investigación que ya desincentiva
El economista Manuel Orozco, del Diálogo Interamericano, advierte que uno de los resultados más probables de esta investigación es que “algunos negocios opten por irse del país ante el temor a una tarifa punitiva de más de 20%, como ocurrió inicialmente con China”.
Según Orozco, los grupos empresariales que intenten evitar los aranceles del 100 % o conservar los beneficios del tratado deberán presentar argumentos sólidos, y no recurrir —como advierte— a la narrativa de los lobbies sobre “aranceles, desempleo y migración”.
Orozco sostiene que el solo anuncio de la investigación “crea un desincentivo para empresas que ya estaban lidiando con el porcentaje de arancel extra en comparación con los otros miembros de DR-CAFTA”. A su juicio, el proceso desata diversas reacciones: un lobby comercial y de servicios —como el turismo— que buscará mitigar la situación alegando acciones no punitivas; el régimen que podría intentar acercarse a Estados Unidos; y un grupo de empresas con operaciones en el Triángulo Norte de Centroamérica que buscarán reubicarse.
En términos de los sectores más afectados, el analista identifica a “empresas extranjeras de la zona franca (menos de 125, un tercio americanas) que exportan 70 % del total hacia Estados Unidos”. También recuerda que “10% de la exportación hacia Estados Unidos es oro —empresas como (la minera) Calibre manejan el 50 %— y otro 20 % corresponde a café, banano, ganado, tabaco, etcétera, muchos de estos negocios pertenecientes a empresas nicaragüenses”.
Dentro del marco de las acciones recomendadas, Orozco advierte que “pueden ser afectados los servicios como el turismo y la compra del dólar para el cambio de moneda”. Además, alerta sobre un posible proceso de financial de-risking: “Puede acarrear una decisión del sector financiero de Estados Unidos de cortar vínculos con empresas que operan en Nicaragua por razones de alto riesgo dada la magnitud del informe, que es condenatorio del régimen como un Estado que actúa contra los intereses comerciales de Estados Unidos”.
Según el analista del Diálogo Interamericano, el régimen podría optar por presionar “a empresarios amigos o que operan en la zona franca para que no se vayan del país”. Calcula que hay “más de 1000 empresas nicaragüenses directamente afectadas, las que manejan la producción y exportación de bienes agroexportables”. Nicaragua, dice, “tiene una fuerza laboral de 3 millones de trabajadores; más del 80% trabaja en la economía urbana, tres cuartas partes de estos en la informalidad. La mano de obra que trabaja en la economía agrícola está bifurcada en el sector exportador —oro, agricultura— y la producción alimentaria nacional”.
Orozco estima que “los potencialmente afectados oscilan entre 120 000 trabajadores en zona franca (algunos que trabajan en servicios como call centers), 35 000 en el sector del oro y más de 200 000 trabajadores agrícolas estacionales”.
“No es un juego suma cero”, resume, “pero básicamente esto es el impacto como resultado de las acciones del régimen de Ortega-Murillo en contra de su población”. A nivel empresarial, recuerda que “para 2017 solo el 2% de los negocios en Nicaragua trabajaba en el sector exportador; el país cuenta con 150,000 negocios formales”.
“La matriz de comercio y la economía nacional muestran que el derrame económico sobre las cuentas nacionales de las exportaciones es de menos del 20 %, ya que estas exportaciones operan en enclaves económicos”, explica.
En su análisis, Orozco asegura que “para Estados Unidos, la salida lógica es disponer de Nicaragua del DR-CAFTA”. “Las acciones sobre Nicaragua son punitivas, proporcionales al acto de la dictadura; no hay postura de negociación y menos de diálogo. Eso está en manos del régimen. Para mitigar el riesgo que acarrea una decisión mínima sobre Nicaragua, es importante proponer una moratoria, siempre y cuando esté acompañada de un cambio concreto, positivo y proactivo de postura de parte de Nicaragua que incluya una hoja de ruta que saque al país de donde está, es decir, entrar en transición democrática”, afirma.