Marcos, un empresario con propiedades en la zona fronteriza con Costa Rica, ha tenido diez días de angustia, desde que el pasado martes 5 de agosto los diputados de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo aprobaron una nueva ley que declara como “territorio fronterizo” el área comprendida desde el límite internacional hasta 15 kilómetros hacia el interior del país, ahora convertida en una “zona especial” bajo resguardo del Ejército de Nicaragua. “No sabemos nada de nada”, dice el hombre en referencia al futuro de sus fincas dedicadas a la producción de cítricos.
“No nos ha contactado nadie para ver cómo van a proceder sobre las propiedades ubicadas en esa famosa franja… no te voy a mentir, estoy ahuevado”, confiesa Marcos, quien por razones de seguridad pidió omitir su nombre y la ubicación exacta de sus propiedades ahora, según esta normativa de territorio fronterizo, propiedad del Estado que regentan la pareja codictatorial.
DIVERGENTES conversó con otros propietarios afectados por esta ley y coinciden con Marcos: nadie los ha contactado, no saben nada y eso, más que ser bueno o malo, los tiene sumidos en temor y zozobra. Son personas que dependen de sus propiedades para vivir.
“Estamos esperando a ver si reglamentan la ley, porque después de aprobada no es que diga mucho más. No sabemos si eso nos garantiza el derecho a la propiedad, pero por ahora no podemos hacer nada más que esperar”, dice otro hacendado del norte del país.
Una fuente cercana al sector privado confirmó a este medio de comunicación que sus agremiados en la franja afectada tampoco han recibido notificación alguna sobre sus propiedades –y su futuro–. “Lo que suponemos es que no han dicho nada porque van a tener esa ley como una espada de Damocles. Siempre actúan así en temas de confiscaciones. Cuando les convenga, van a ir expropiando, en dependencia del valor de la propiedad”, explica.
En su artículo 2 de la nueva Ley de Territorio Fronterizo establece que “para salvaguardar la soberanía y seguridad nacional, la integridad territorial, la independencia del país y la paz, el territorio fronterizo es propiedad del Estado nicaragüense”. Aunque, durante su aprobación en la Asamblea Nacional, el diputado sandinista Edwin Castro justificó que “la nueva ley define con claridad el resguardo de nuestra frontera para evitar las transacciones ilícitas que internacionalmente comete el crimen organizado y no afecta a los nicaragüenses que habitan ahí”. Una promesa puesta en duda por todos los propietarios que ya se sienten afectados.
A nivel territorial, la nueva ley de fronteras tendrá sus principales afectaciones en las fronteras que Nicaragua comparte con Honduras y Costa Rica. En la zona norte, hay 950 kilómetros de distancia y recorre zonas montañosas, ríos y territorios de comunidades indígenas y rurales. Allí hay fincas ganaderas, concesiones mineras y funciona una industria –legal e ilegal– de maderas preciosas.
Mientras que al sur, colindante con Costa Rica, la frontera terrestre tiene 309 kilómetros de longitud. También recorre zonas rurales, áreas protegidas, territorios indígenas y playas con alto potencial turístico en el Pacífico. Además de fincas, en esa zona sur operan extensos naranjales, pertenecientes a grupos económicos importantes de Nicaragua.
Las confiscaciones es un tema peliagudo y temido entre los nicaragüenses, en especial después de las protestas de 2018, cuando la pareja copresidencial comenzó a confiscar propiedades de opositores, organismos de sociedad civil, empresarios, medios de comunicación, universidades y hasta inmuebles de la iglesia católica.
La más reciente propiedad ocupada fue el colegio Colegio San José, en Jinotepe, Carazo. La misma copresidenta Murillo anunció la toma del inmueble este 12 de agosto, alegando que en esa escuela los opositores cometieron “torturas y asesinatos” durante la revuelta popular de hace siete años, y fueron responsables del asesinato del simaptizante sandinsta Bismarck Martínez.
Cien comunidades indígenas afectadas
La Red de Defensores Indígenas de la Costa Caribe denunció que unas cien comunidades indígenas y afrodescendientes asentadas en zonas limítrofes con Honduras y Costa Rica se verán afectadas por la normativa. Aseguran que “vulnera de forma directa” su seguridad jurídica y autonomía.
“Esta nueva normativa no sólo contradice la normativa jurídica existente, sino que legitima el despojo de los pueblos indígenas y afrodescendientes de sus territorios y el usufructo de sus recursos naturales; permitiendo al Estado de Nicaragua realizar expropiaciones y desplazamientos forzosos de comunidades indígenas y afrodescendientes sin el consentimiento previo, libre e informado; bajo la justificación de soberanía y seguridad nacional”, reza el comunicado difundido por la red de defensores.
El ambientalista Amaru Ruiz, presidente de la cancelada Fundación del Río, advirtió a DIVERGENTES que la nueva ley abre la puerta a legalizar concesiones mineras en áreas protegidas cercanas a la frontera con Costa Rica. Recuerda que, entre finales de julio e inicios de agosto de 2025, el régimen otorgó tres concesiones a la empresa china Thomas Metal, en abierta contradicción con la normativa anterior.
Según Ruiz, el régimen Ortega-Murillo prevé además abrir cuatro nuevos puestos fronterizos –en San Juan de Nicaragua, El Delta, Sarapiquí y Papaturro– que favorecen intereses de capital chino que avanza a paso rápido gracias al viraje que Managua ha hecho hacia Pekín para confrontar con Estados Unidos y buscar nuevos frentes de negocio.