Laura Fernández Delgado, presidenta electa de Costa Rica, no se limitó a establecer la ruta de su gobierno tras su victoria del 1 de febrero de 2026. En su discurso de victoria, declaró una nueva era histórica. “Lo que se llamó la Segunda República”, anunció, “ha quedado en el pasado.” Costa Rica, en su relato, estaba fundando una “Tercera República”.

La “Tercera República” de Fernández no es un mero eslogan. Es un libreto de gobierno: uno que convierte la fiscalización institucional en símbolo del viejo orden, y la subordinación al ejecutivo en el lenguaje de la renovación democrática.

¿Qué fue la “Segunda República”?

La “Segunda República” alude al ordenamiento político e institucional establecido tras la Guerra Civil costarricense de 1948. Ese orden descansó sobre dos pilares: controles y contrapesos institucionales sólidos con transparencia electoral, y un contrato social sostenido por una inversión pública robusta en salud, educación y cuidado. En términos regionales, fue un genuino éxito democrático. 

Con el tiempo, sin embargo, el sistema acumuló tensiones serias. El aumento de la desigualdad, la fragmentación del sistema de partidos y la frustración generalizada con el desempeño estatal produjeron una profunda crisis de representación política. La narrativa refundacional convierte esa frustración en una exigencia de reemplazo del orden político: no “reformar el sistema” sino “empezar de cero”. Los logros reales de la Segunda República se reencuadran como prueba de que el modelo está agotado, y por ende que deben ser superado 

De la confrontación a la refundación

Para entender lo que Fernández representa, conviene mirar lo que la precede. Rodrigo Chaves gobernó a través de una confrontación incesante con el Poder Judicial, la fiscalía general, la Contraloría General de la República, los medios de comunicación y la sociedad civil. Este patrón se ajusta a lo que el politólogo Guillermo O’Donnell denominó democracia delegativa: la suposición de que una victoria presidencial confiere un amplio derecho a gobernar “como uno quiere”, tratando los controles institucionales como una interferencia antidemocrática. La elección de Fernández, respaldada por Chaves y sus aliados, puede entenderse como la profundización de ese proyecto, no su corrección.

Sin embargo, Chaves no ofreció ninguna narrativa que sustentara esa postura, únicamente debilitó las instituciones mediante el antagonismo puro, y esa es una estrategia frágil. La confrontación permanente agota el capital político, genera reacciones adversas y debe renovarse constantemente. Desestabilizó; no consolidó.

Fernández cambia eso. Su “Tercera República” funciona como una narrativa justificatoria: traza una frontera moral entre “lo viejo” y “lo nuevo” y prepara el terreno para tratar a los órganos de control como vestigios de un orden fracasado. Cuando Fernández afirmó que “Costa Rica ha cerrado un ciclo”, hizo algo más que celebrar el cambio electoral. Vinculó la refundación a una ruptura simbólica con el bipartidismo y a la promesa de acabar con la corrupción y la ineficiencia estatal, enmarcando el rediseño institucional no como un ataque a la democracia sino como su culminación largamente postergada.

En varias conferencias de prensa posteriores, Fernández distinguió entre una oposición que es “vigilante y supervisora” y otra que es “obstruccionista y saboteadora”. Consultada sobre los órganos de control, argumentó que no cree en “instituciones que se extralimitan en sus competencias” y que su mandato debería permitir que las instituciones se “alineen” a sí mismas. Esto es lo que hace el giro consecuente: la rendición de cuentas no se rechaza abiertamente, sino que se redescribe como un obstáculo para la renovación.

Donde Chaves desestabilizó, Fernández historiza. La erosión de los controles y contrapesos deja de ser un acto agresivo y se convierte en una característica inevitable de construir algo nuevo. Es una forma de erosión democrática fundamentalmente más estable: una que no depende de un solo líder confrontacional, sino de una narrativa capaz de sobrevivirlo.

Autoritarismo refundacional

Denomino a este patrón autoritarismo refundacional: un modo de erosión democrática que opera a través de un mito fundacional en lugar de una ruptura abierta. La noción de refundación ha aparecido en la política latinoamericana en registros distintos: desde la refundación abiertamente autoritaria del Chile de Pinochet, hasta las refundaciones constitucionales izquierdistas-populistas de la ola del ALBA, y más recientemente a procesos constitucionales democráticos como la experiencia constituyente de Chile en 2022. Lo que estos casos comparten es el uso de una narrativa refundacional para deslegitimar las instituciones existentes y reconfigurar las reglas del juego político. En el caso de Fernández, sin embargo, el autoritarismo refundacional no busca un nuevo orden jurídico. Su objetivo es más acotado, pero no menos trascendente: desplazar la legitimidad desde la ley y la fiscalización hacia el “mandato” y la “renovación”.

Lo que hace que el patrón sea particularmente duradero es lo que la politóloga Nancy Bermeo identificó sobre el agrandamiento ejecutivo: la concentración incremental del poder es difícil de contestar porque cada paso parece razonable de forma aislada. El autoritarismo refundacional agrava ese problema. Al enmarcar la fiscalización institucional como una reliquia de una era fracasada, convierte cada acto de resistencia en evidencia de obstrucción. Defender los controles y contrapesos se convierte, retóricamente, en defender el mismo sistema que fracasó. Esta es la innovación autoritaria que introduce Fernández: no la eliminación de las elecciones, sino la deslegitimación de la rendición de cuentas misma. Es, como sostienen Levitsky y Ziblatt, la erosión lenta de normas que hace posible la muerte democrática sin un golpe dramático, y es aún más peligrosa por parecer, en el momento, un avance.

Por qué importa Costa Rica

Costa Rica importa precisamente porque tiene instituciones sólidas. Si el autoritarismo refundacional puede arraigar aquí, tras más de siete décadas de democracia ininterrumpida, la pregunta no es si esto podría ocurrir en otro lugar, sino si lo reconoceríamos. La “Tercera República” no requiere un golpe de Estado, una nueva constitución ni una mayoría legislativa. Solo requiere una historia convincente: que el viejo orden fracasó, que el nuevo mandato es popular, y que quien defiende las instituciones existentes está defendiendo los fracasos existentes. Cuando esa historia se convierte en sentido común, erosionar la rendición de cuentas deja de parecer un ataque a la democracia. Empieza a parecer la democracia misma.