El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró la noche del 23 de enero de 2023 que su gobierno pagó la “totalidad” y los intereses de los bonos por 800 millones de dólares que vencían ese mes.
“Bueno, acabamos de pagar en su totalidad 800 millones de dólares más intereses”, publicó el mandatario en X (antes Twitter) en una cadena de mensajes en inglés y luego criticó a los medios de comunicación internacionales.
“Todos dijeron que sin llegar a un acuerdo (con el) FMI (Fondo Monetario Internacional), no podríamos pagar nuestro bono de 2023, debido a nuestras ‘pérdidas Bitcoin’”, añadió Bukele.
Sin embargo, las dudas sobre la salud financiera del país persisten, sobre todo tras una reforma en el sistema de pensiones que permitirá al gobierno no pagar intereses, ni capital de la deuda previsional hasta 2027. Ese año el país deberá saldar otro vencimiento de la deuda total, esta vez por cerca de los 2700 millones de dólares.
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Un descontrolado aumento de la deuda
La deuda pública durante el Gobierno de Nayib Bukele, ha aumentado 8896.8 millones de dólares. En 2023, superó los 25 709 millones. Este es el segundo monto más alto desde hace 20 años. Entidades como el FMI han advertido de la insostenibilidad.
El Personal Técnico del Fondo Monetario Internacional señalaba en febrero pasado, después del análisis del Artículo IV, que la máxima prioridad para El Salvador es “el desarrollo de un plan fiscal y de financiamiento completo y ambicioso, destinado a reconducir la deuda a una senda sostenible y a facilitar el acceso al mercado internacional de capitales”.
La deuda pública total de El Salvador alcanzó los $28,615 millones en junio de este año, cifra que equivale al 83.7 % del Producto Interno Bruto (PIB), según datos del Banco Central de Reserva (BCR).
¿La reforma de pensiones salvará de la deuda?
Un hecho relevante para la forma en que se venía registrando la deuda pública en El Salvador ocurrió en diciembre del año pasado, luego de que la Asamblea Legislativa aprobara la última reforma de pensiones.
El paquete de enmiendas incluyó la creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), una entidad de “carácter financiero”, que asumió los activos y pasivos del extinto INPEP, del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), así como la emisión de los nuevos Certificados de Obligaciones Previsionales (COP).
A partir de este cambio y del canje de títulos previsionales, la deuda de pensiones ya no se coloca en el Sector Público No Financiero (SPNF), sino en el Sector Público Financiero (SPF), junto a instituciones como el BCR.
El canje de la deuda previsional, en abril pasado, implicó la derogación de los Certificados de Inversión Previsional (CIP) y su sustitución por los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) bajo nuevos términos.
Bukele logra evadir pagos, pero sigue acumulando deuda
Con esto Bukele logró evitar algunos pagos inmediatos, pero a costa de seguir acumulando deuda y de un impago técnico a algunos de los cotizantes, según algunos analistas en San Salvador.
El Gobierno de El Salvador tiene tres grandes acreedores: la banca internacional, la banca local y los cotizantes en el sistema de pensiones. A los dos primeros, Bukele les ha cumplido por ahora, pero a una parte del tercer grupo ha dejado de pagarles capitales e intereses con la reforma de pensiones de diciembre pasado.
“La conformación de la deuda cambió ‘contablemente’, pero siguió creciendo entre diciembre de 2022 y junio de 2023, y totalizó 28 615 millones (de dólares) equivalentes a 83.7 % del PIB”, destaca el informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Francisco Gavidia (UFG).
En diciembre de 2022, la deuda pública total del país era de 25 350 millones de dólares, un 78 % del PIB. Esta deuda histórica se bajó “artificialmente” a 19 762 millones. Sin embargo, así como los 8852 millones emitidos en los certificados de pensiones antiguos, como los de la transición y los COP, “reflejan un aumento de la deuda por pagar”, indicó la UFG en su análisis de coyuntura económica.
“Lo que solo se ha evitado es el pago de intereses y principal (capital) por cuatro años, pero la deuda sigue siendo deuda. Sigue ahí presente e incluso se mantiene estable en lo que corresponde a los Certificados de Obligaciones Previsionales y los Certificados de Financiamiento de Transición, pero periódicamente habría que irle agregando los intereses que se van acumulando”, anotó el economista e investigador de la UFG, Claudio de Rosa, al presentar el informe.
La reforma a las pensiones, que estipula el no pago de capitales e intereses a los trabajadores en los próximos cuatro años, permitirán un ahorro de unos 500 millones de dólares desde 2023 a 2026. Sin embargo, a partir de ese último año, tal como la ley está por ahora, el gobierno deberá empezar a asumir obligaciones de nuevo por unos 600 millones de dólares anuales.
En 2027, el gobierno deberá de sumar pagos inmediatos de 800 millones de dólares a acreedores internacionales, 500 millones de amortización a multilaterales y otros 175 millones de deuda interna. Esto es más de 2000 millones en un sólo año. A partir del 2027, los requerimientos de nueva deuda rondarán los 3000 millones al año.
El Salvador: el país centroamericano más endeudado
En torno a la deuda pública, El Salvador es el país más endeudado de Centroamérica, con un porcentaje del 76.4 % de su PIB comprometido. Además, las proyecciones del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) para 2024 no cambian mucho, pues prevén que su porcentaje de endeudamiento rondará el 73.3 %.
Si bien el gobierno de Nayib Bukele heredó una deuda pública de 12 717 millones de dólares a mediados de 2019, su Gobierno ha hecho que la deuda crezca de forma acelerada hasta los 17 898 millones actualmente (sin tomar en cuenta la deuda relacionada con las pensiones).
Al analizar la tasa de crecimiento de la deuda de los últimos diez años, Bukele ha sido el presidente que más aceleró el ritmo de endeudamiento, sobre todo, entre 2020 y 2021.
A esto se suma, el saldo rojo de El Salvador en Inversión Extranjera Directa (IED), según los datos del último informe sobre Inversión Extranjera Directa, publicado en julio de este año por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
El Salvador junto con Guatemala fueron los dos países de Centroamérica que cerraron el 2022 con una Inversión Extranjera Directa negativa. Guatemala tuvo $61 millones en inversión menos que en 2021 y El Salvador $131 millones menos.
Según el Banco Central de Reserva, es la primera vez que el flujo de la IED neta cierra en negativo desde 2010. En aquel entonces, la economía salvadoreña estaba en recuperación de la crisis financiera de 2009.