Los tribunales de Estados Unidos le han dado otra victoria al presidente Donald Trump en materia migratoria: Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito concedió la solicitud del gobierno federal para suspender una orden del tribunal de distrito que había extendido el Estatus de Protección Temporal (TPS) a miles de migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal. La decisión judicial deja a más de 60 000 personas —en su mayoría centroamericanas— a las puertas de la irregularidad migratoria, tras más de 25 años residiendo legalmente en Estados Unidos.
La resolución afecta directamente a 51 000 hondureños y 3000 nicaragüenses que recibieron protección bajo el TPS, luego de que el huracán Mitch arrasó Centroamérica en 1998. También impacta a unos 7000 ciudadanos nepalíes, cuyo TPS venció el pasado 5 de agosto. Para los centroamericanos, el estatus migratorio y los permisos de trabajo expirarán el próximo 8 de septiembre de 2025, a menos que intervenga una nueva orden judicial.
Este fallo revierte una decisión del 31 de julio de la jueza Trina L. Thompson, del Tribunal de Distrito de San Francisco, quien había ordenado posponer la terminación del TPS hasta una audiencia fijada para el 18 de noviembre. En su resolución, Thompson criticó que el gobierno no había hecho una revisión objetiva de las condiciones actuales en los países de origen, como exige la ley.
“Es un balde de agua fría esta noticia”, expresó Leoncio Velásquez, presidente de la organización Hondureños Unidos de Los Ángeles (HULA) al diario Los Angeles Times. “Hicimos marchas, protestas y vigilias para que se escuchara nuestra voz; este es un golpe a las personas trabajadoras que mueven la economía con los trabajos más pesados”.
Una vida en suspenso
Los beneficiarios del TPS han vivido durante décadas en EE.UU., construido familias y contribuido económicamente a sus comunidades. Muchos tienen hijos nacidos en el país. Según estimaciones de organizaciones defensoras de derechos migratorios, al menos 40 000 niñas y niños ciudadanos estadounidenses tienen padres amparados por este estatus.
“No puedo creer que el Gobierno quiera arrebatarme mi estatus legal y separarme de mi hijo. No he estado en Honduras desde que era un bebé”, dijo Jhony Silva, un hondureño beneficiario del programa a Los Angeles Times. “Mi trabajo, mi familia, toda mi vida está aquí”.
El Estatus de Protección Temporal permite a ciudadanos de países afectados por catástrofes naturales o conflictos armados residir y trabajar legalmente en Estados Unidos. La medida puede ser extendida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) si las condiciones en el país de origen no permiten un retorno seguro.
Sin embargo, el gobierno de Donald Trump argumenta que el TPS ha sido utilizado como “un sistema de asilo de facto” y que muchos de los países beneficiarios ya no cumplen con las condiciones que justificaron el estatus original.
Tricia McLaughlin, secretaria adjunta del DHS, defendió la decisión: “TPS nunca fue diseñado para ser un sistema migratorio permanente”, afirmó. Pero abogados de las organizaciones demandantes alegan que la eliminación del programa fue motivada por razones políticas y prejuicios raciales, en violación del debido proceso legal.
“El fallo de la Corte expone a decenas de miles de personas a la deportación, después de décadas de vivir legalmente en el país”, afirmó Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (UCLA, por sus siglas en inglés). “Esto no es justicia, es una sanción legal a una ofensiva política”.
Los abogados han indicado que apelarán la decisión y seguirán luchando por una solución permanente en el Congreso, como una vía de residencia legal para quienes han vivido durante décadas bajo el amparo del TPS.
Teofilo Martínez, beneficiario hondureño y miembro de la Alianza Nacional TPS, dijo que seguirán organizándose. “No vamos a parar. Este país es el único hogar que muchos de nosotros conocemos. Vamos a seguir exigiendo una solución permanente que impida la separación cruel de nuestras familias”.
El fallo llega en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias en EE.UU., con una administración que ha prometido deportaciones masivas. Desde enero de 2025, el gobierno de Trump ha deportado a más de 127 000 personas, muchas hacia países donde enfrentan condiciones de violencia, pobreza, persecución política o desastres naturales.