La administración de Donald Trump ha dado un nuevo paso en su estrategia antimigratoria, esta vez utilizando la burocracia como herramienta de control. A partir de este jueves 5 de diciembre de 2025, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) eliminó la política que permitía otorgar permisos de trabajo con una validez de cinco años, reduciendo drásticamente los tiempos de renovación laboral para miles de migrantes.
La decisión no es solo un trámite administrativo; responde a una directriz de seguridad nacional activada tras el ataque a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C. la semana pasada perpetrado por un refugiado afgano.
Bajo el argumento de realizar un escrutinio más frecuente, el gobierno busca detectar “ideologías antiamericanas” y acelerar los procesos de deportación de quienes considere una amenaza.
El fin de la estabilidad de cinco años
Hasta hace poco, bajo una normativa de septiembre de 2023, los solicitantes de asilo y refugiados gozaban de permisos de trabajo válidos por un lustro. Este periodo buscaba reducir la carga administrativa del sistema y dar estabilidad laboral a los migrantes mientras sus casos, a menudo estancados por años en las cortes, se resolvían gradualmente.
Sin embargo, la nueva política revierte esa lógica. Joseph Edlow, director de USCIS, fue tajante al justificar el cambio: “Reducir el período máximo de validez… garantizará que quienes buscan trabajar en Estados Unidos no amenacen la seguridad pública”. Según el funcionario, investigar a los extranjeros con mayor frecuencia permitirá a la agencia “disuadir el fraude” y procesar más rápido la remoción del país de aquellos con “intenciones dañinas”.
El golpe específico a Centroamérica: TPS y NACARA
Aunque la medida afecta a diversas nacionalidades, el impacto es especialmente severo para la comunidad centroamericana debido a la aplicación de la Ley “H.R. 1 – One Big Beautiful Bill Act”, firmada por el presidente el pasado 4 de julio de 2025.
Esta legislación fragmenta el sistema de permisos en dos grandes grupos, castigando con tiempos más cortos a figuras legales clave para nicaragüenses, hondureños y salvadoreños:
- TPS y Parole: Por mandato de ley, los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y aquellos bajo libertad condicional (Parole), incluidos los refugiados bajo esta figura, verán sus permisos limitados a un máximo de 1 año o hasta que venza su estatus, lo que ocurra primero. Esto obliga a una renovación anual, multiplicando costos y trámites.
- Asilo y NACARA: Para los asilados, refugiados admitidos y solicitantes bajo la Ley de Ajuste Nicaragüense y Alivio Centroamericano (NACARA), el límite se reduce a 18 meses. La mención explícita de NACARA en la alerta de política PA-2025-27 confirma que incluso beneficiarios de programas de larga data entran en este nuevo esquema de vigilancia intensiva.
Burocracia como filtro de seguridad
Este rediseño del sistema implica que los migrantes estarán sometidos a un escrutinio constante. Al acortar la vigencia de los documentos, el gobierno fuerza a los solicitantes a interactuar con USCIS con mayor frecuencia. Cada renovación, es una nueva oportunidad para que las autoridades revisen antecedentes y estatus legal.
Para la diáspora, esto se traduce en una “guerra de papel”: mayor riesgo de caer en irregularidad si hay retrasos en el procesamiento de las renovaciones, más gastos en tarifas legales y una inestabilidad laboral permanente, ya que los empleadores podrían dudar en contratar a personal cuyos documentos expiran en el corto plazo.
La medida aplica a todas las solicitudes (Formulario I-765) que estén pendientes o se presenten a partir de las fechas de efectividad estipuladas: 22 de julio de 2025 para los casos bajo la ley H.R. 1 (TPS/Parole) y 5 de diciembre de 2025 para el resto de categorías (Asilo/NACARA).
¿Qué pasa si ya tengo un permiso de 5 años?
Es crucial aclarar que esta medida no anula los permisos vigentes. Si usted ya tiene en su poder una tarjeta de autorización de empleo (EAD) con validez de cinco años emitida antes del 5 de diciembre, el documento sigue siendo válido hasta la fecha de vencimiento impresa en el plástico. La nueva política de USCIS aplica estrictamente a las solicitudes nuevas o aquellas que estaban pendientes de aprobación a partir de la fecha del anuncio. El impacto real para este grupo llegará al momento de la renovación: cuando expire su tarjeta actual de cinco años, el nuevo documento que reciba tendrá la vigencia recortada a 18 meses (o un año, según el caso), obligándolo a entrar en este nuevo ciclo de escrutinio constante.
¿Cómo quedan los tiempos?
Si tienes un trámite migratorio pendiente o aprobado, estos son los nuevos plazos máximos de vigencia para tu permiso de trabajo (EAD), según las nuevas guías de USCIS:
- TPS (Aprobado o pendiente): 1 año (o hasta que venza el estatus).
- Parole (incluyendo Parole humanitario): 1 año.
- Refugiados (Admitidos): 18 meses.
- Asilo (Aprobado o pendiente): 18 meses.
- Ajuste de estatus (Green Card pendiente): 18 meses.
- Suspensión de deportación / NACARA: 18 meses.
- Retención de remoción (Withholding of removal): 18 meses.