Una base de datos revela “abusos a gran escala” durante el Régimen de Excepción de Bukele

La filtración de una base de datos respalda las denuncias que han realizado las organizaciones de derechos humanos en El Salvador. “Lo que está ocurriendo es que en nombre de la seguridad pública se está destruyendo la democracia”, recalcó Juan Pappier, investigador senior de Human Rights Watch

Soldados requisan a un ciudadano en San Salvador en el contexto del Régimen de Excepción. Foto: Archivo de EFE.

Una base de datos con información confidencial sobre casos de violencia sexual, abuso infantil y otros cometidos por funcionarios de seguridad de El Salvador –filtrada a Human Rights Watch (HRW)– revela las violaciones a los derechos humanos cometidos por el Gobierno de Nayib Bukele durante el Régimen de Excepción en dicho país centroamericano. Según HRW, la base contiene información sobre casos de abuso que no han sido investigados o que fueron archivados o sobre los que se tomaron decisiones insuficientes.

La organización instó a investigar los casos y a llevar a los responsables ante la justicia. Además, HRW ha pedido al gobierno que adopte medidas para “garantizar la protección de las víctimas y testigos”, con el fin de asegurar que los casos de abuso cometidos por funcionarios de seguridad sean tratados de manera efectiva.

“Nosotros creemos que es fundamental reemplazar el Régimen de Excepción por una política de seguridad respetuosa de los derechos humanos y efectiva para proteger a la población de los gravísimos abusos que cometen las pandillas en el país”, recalcó Juan Pappier, investigador senior y subdirector en funciones de la división para las Américas de HRW.

“Para eso creemos que es importante enfrentar las causas de la formación de las pandillas, como son la falta de oportunidades educativas y laborales en muchas zonas del Salvador, así como llevar a cabo procesos penales estratégicos que busquen desmantelar a estos grupos criminales. Es decir, la prioridad no debe ser asignar las cárceles del país, sino adelantar investigaciones contra los cabecillas de estos grupos, contra los miembros de estos grupos responsables de crímenes atroces, como homicidios y violaciones sexuales, y debilitar las economías ilícitas que permiten que estos grupos criminales operen en El Salvador”, agregó.

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Los hallazgos de la base de datos

Una base de datos revela “abusos a gran escala” durante el Régimen de Excepción de Bukele
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla a tropas militares, en Ciudad Arce, El Salvador.

HRW divulgó que la base de datos pertenece al Ministerio de Justicia salvadoreño y enumera los nombres de personas procesadas entre marzo y fines de agosto de 2022 durante el Régimen de Excepción en el país. “La base de datos indica que miles de personas, incluidos cientos de niños y niñas, han sido detenidos y procesados por delitos definidos de manera amplia que violan las garantías básicas del debido proceso y socavan las perspectivas de justicia para las víctimas de la violencia de las pandillas”, remarcó la organización. 

Entre los hallazgos sobresalen algunos datos que son de “suma preocupación” en materia de derechos humanos. Por ejemplo, a fines de agosto, 1,082 menores detenidos durante el Régimen de Excepción —918 niños y 164 niñas— habían sido enviados a detención provisional, incluidos 21 que tenían 12 o 13 años. También 32 personas murieron bajo custodia, en su mayoría en los penales de Izalco y La Esperanza, conocido como Mariona. HRW detalla que más de 39,000 personas habían sido acusadas del delito de “agrupaciones ilícitas” y más de 8,000 por ser miembros de una “organización terrorista”. Otro de los hallazgos fue que más de 50,000 personas habían sido enviadas a detención provisional, elevando la población penitenciaria a más de 86,000 personas.

“Lo que está ocurriendo en El Salvador es que en nombre de la seguridad pública se está destruyendo la democracia”, recalcó Pappier a este medio. 

El 12 de enero, el Congreso salvadoreño extendió el Régimen de Excepción contra las pandillas por décima ocasión. Los diputados bukelistas argumentaron que la baja de homicidios y los resultados “positivos” demuestran el éxito de la polémica medida decretada por Bukele el 27 de marzo de 2022, tras una jornada sangrienta que dejó un saldo de 62 homicidios. 

Un informe publicado en mayo de 2022 por HRW destaca que “la mayoría de los familiares de los detenidos indicaron que no habían sido informados sobre el paradero de sus seres queridos”, y que las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la implementación de este no fueron casos aislados de agentes insubordinados de las fuerzas de seguridad. “Por el contrario, tanto soldados como policías cometieron abusos similares en forma reiterada en todo el país durante un período de varios meses”, remarca.

Otro informe de diciembre pasado concluyó que “se han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos durante el Régimen de Excepción, incluidas detenciones arbitrarias masivas, torturas y otras formas de maltrato contra personas detenidas, muerte bajo custodia y procesos penales abusivos”. Según la organización, los agentes también se negaron a proporcionar información sobre el paradero de los detenidos a sus familiares, “lo cual constituye desaparición forzada conforme al derecho internacional”.


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