Un exconvicto por delitos internacionales relacionados con el lavado de activos, un alcalde enfrentando antejuicio y una candidata que va por su segundo intento por lograr la presidencia, son los principales contendientes en la carrera por la presidencia en Honduras: Yani Rosenthal por el Partido Liberal, Juan Nasry Asfura por el Partido Nacional y Xiomara Castro por el Partido Libertad y Refundación fundado tras el golpe de Estado de 2009. En esta ocasión, la oposición al partido oficialista (el Partido Nacional) no ha logrado concretar una alianza política como la de 2017 y, con los vacíos legales de las nuevas instituciones electorales, las elecciones se muestran como un proceso obligado, pero inútil, dado que esta es la autocracia hondureña.
No solamente son los candidatos a la presidencia los que enfrentan, con relativa facilidad, los señalamientos hechos sobre todo por los Estados Unidos. Esta semana, a petición de la congresista Norma Torres, el Congreso de ese país desclasificó una lista de funcionarios señalados por corrupción o vínculos con el narcotráfico en El Salvador, Honduras y Guatemala. De Honduras figuran seis diputados, actuales representantes del Partido Nacional en el Congreso hondureño. Tres van por la reelección en noviembre y fueron los más votados en sus departamentos; cinco de los seis fueron absueltos por la justicia hondureña tras ser acusados por la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (Maccih) por desfalcar del Estado 800 millones de dólares, y uno ha recibido sanciones anteriormente al serle aplicada la Ley Magnitisky de Estados Unidos y un nuevo reglamento similar en el Reino Unido.
En una reciente conversación que tuvimos con Carlos Dada, director del medio salvadoreño El Faro, en nuestro espacio de entrevistas en Contracorriente, este periodista dijo que las elecciones en Honduras ya tenían un perdedor, y ese es el pueblo hondureño. Podría decirse que sin una alianza de oposición clara, limpia y robusta, el Partido Nacional tiene la total ventaja gracias a su aceitada maquinaria electoral: desde los candidatos a alcalde, los diputados y el candidato a la presidencia. Y es que este partido no solamente ha concentrado el control de todas las instituciones del Estado y ha garantizado la supeditación de sus poderes al presidente desde hace 11 años, también tiene en sus manos los recursos públicos, y esto compra fidelidades partidarias en un país con un bajo nivel educativo y un alto nivel de pobreza.
Para muchos hondureños, la democracia es lo que en la escuela una vez les dijeron: el poder del pueblo. Esa sensación la tienen cuando cada cuatro años votan ya sea en las primarias o en las generales. Esa noción no es ni cercanamente suficiente para descifrar el impacto que tiene un sistema corrupto en la vida cotidiana. Pero sí es suficiente para que ese sistema se perpetúe ya que descansa en la legitimidad que le provee una ciudadanía que jamás ha experimentado la democracia como la herramienta para mejorar su vida.
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A pesar del desprestigio que ha sufrido a nivel internacional el Partido Nacional por los vínculos criminales de varios de sus funcionarios -incluyendo el presidente y su hermano- ese partido cuenta con los candidatos a diputados más votados para las elecciones generales, según los últimos resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El 71 % de los diputados del Congreso Nacional optaron por la reelección en las primarias. De ellos, el 59 % logró una candidatura para las elecciones generales de noviembre de este año. Ni los procesos penales nacionales e internacionales, ni las catastróficas gestiones de estos diputados -alejadas de la posibilidad de atender las necesidades básicas de sus votantes- lograron evitar que tengan nuevamente la oportunidad de optar por el cargo en el Congreso. Y lo más seguro es que lo logren.
Los señalamientos por corrupción, las listas y sanciones internacionales e incluso las elecciones están muy lejos de responder a lo que la población día a día enfrenta en este país, sumido en una crisis económica y social agravada por la pandemia y dos tormentas tropicales que devastaron la zona más productiva del país. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estimó que las pérdidas dejadas por los fenómenos fueron alrededor de 45,000 millones de lempiras (1822 millones de dólares) y un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) estima que en 2020, la pobreza en Honduras podría haber aumentado del 59.6% a 70% de la población. Del ángulo que se vea, el que sale perdiendo es el pueblo hondureño.
Clientelismo de alto nivel
En este escenario, la carrera por el poder, cuya meta son las elecciones de cada cuatro años, está condicionada por los recursos con los que cuenta cada partido. Porque las elecciones, como proceso formal democrático, ocurren en realidad en una autocracia y sirven solo para legitimar un sistema político básico sostenido por el clientelismo y que enriquece a grupos de poder beneficiados por un estado dirigido por redes criminales. Aquí las élites económicas o se convierten en contratistas del Estado o mantienen beneficios fiscales desproporcionados, ambas opciones gracias a un clientelismo de alto nivel. Por si eso fuera poco, en Honduras existe un amplio espectro de narcotraficantes que hacen del país un territorio libre para trasegar drogas y lavar sus beneficios ya sea a través de la cooptación del Estado o de la violencia.
Los políticos que han vivido del Estado por mucho tiempo no llegan a ser élite por más que se enriquezcan o le sean útiles a éstas; algunos a lo que llegan es a representar lo que tanto ha sonado de Honduras últimamente: un narcoestado.
Esta etiqueta oculta más de lo que expone. No es solamente dinero de drogas lo que sostiene el sistema político hondureño. Es la promesa de que todo se puede hacer sin consecuencias ante la ley. En una palabra, es impunidad, eso que impide a la población vivir la democracia.
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