La Unión Europea instó al régimen Ortega-Murillo a liberar “inmediatamente” a todos los presos políticos, cuya detención y trato considera que violan los estándares internacionales de derechos humanos y la Constitución nicaragüense. “Esperamos que el Gobierno nicaragüense libere de forma inmediata e incondicional a todos los presos políticos y anule todos los procesos judiciales contra ellos, incluidas sus sentencias”, indicó en un comunicado un portavoz del alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.
La declaración de la UE llega después de que, en las últimas semanas, los tribunales nicaragüenses hayan dictado sentencias de culpabilidad y duras condenas a presos políticos, tras juicios a puerta cerrada.
“Los jueces y fiscales de estos juicios han violado sistemáticamente el debido proceso y el propio código penal nicaragüense”, dijo el portavoz, quien apuntó que la presunción de inocencia fue vulnerada por la Fiscalía en una nota pública en la que calificó a los detenidos de “criminales” y “delincuentes”.
Recordó que, tal y como han señalado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los encarcelados “fueron detenidos por motivos incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos y con la Constitución de Nicaragua”.
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Muchos de los presos políticos llevan más de ocho meses incomunicados y algunos de ellos se enfrentan a interrogatorios diarios o a un prolongado régimen de aislamiento y solo han visto a sus familias en contadas ocasiones, indicó.
Por todo ello, tal y como ha señalado la ONU en repetidas ocasiones, aseguró que estas condiciones de detención “suponen un riesgo real para la integridad física y mental de los presos y pueden constituir un trato cruel, inhumano y degradante, o incluso tortura”.
Al mismo tiempo, el portavoz de Borrell responsabilizó al Gobierno nicaragüense de que las condiciones de detención cumplan con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y con normas como las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos.
“Observamos que desde la muerte en detención de Hugo Torres el 12 de febrero, algunos detenidos ancianos y enfermos han sido asignados a arresto domiciliario, pero esto sólo puede ser un primer paso”, señaló en referencia al caso del histórico combatiente sandinista que falleció a los 73 años tras ser trasladado de un calabozo a un hospital bajo custodia policial.
El portavoz afirmó que, desde 2018, el Gobierno nicaragüense ha llevado a cabo un encarcelamiento sistemático, acoso e intimidación de precandidatos presidenciales, líderes de la oposición, líderes estudiantiles y rurales, periodistas, defensores de los derechos humanos y representantes empresariales.
“La Unión Europea seguirá vigilando de cerca la situación y apoyando al pueblo de Nicaragua en su legítima aspiración a la democracia, el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho”, concluyó.
Más presos políticos
Un informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua indicó que el número de opositores encarcelados en este país aumentó en febrero pasado a 179, tras haberse ubicado en 176 con la muerte del exguerrillero histórico sandinista Hugo Torres, de 73 años.
Entre los 179 “presos políticos” se encuentran 169 opositores capturados tras las manifestaciones antigubernamentales de 2018 y diez previos a ese año. También siete disidentes que intentaron competir por la Presidencia con el mandatario Daniel Ortega en las elecciones de 2021, y 14 mujeres, según el informe, cuyos datos con avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El mecanismo indicó que dos opositores arrestados en febrero pasado fueron liberados en ese mismo mes, sin embargo la lista se elevó de 176 a 179 luego de confirmar que otros tres disidentes habían sido “capturados de forma arbitraria entre julio y noviembre de 2021”, y que hasta ahora no aparecían en la lista por falta de confirmación.
De acuerdo con el mecanismo, los “presos políticos” continúan siendo víctimas de “graves violaciones de derechos humanos”, así como de condiciones de reclusión que atentan contra la dignidad humana y derechos fundamentales”, incluyendo el acceso a “atención médica especializada y oportuna”.
El informe puso ejemplo de violación al “derecho de la vida” la muerte de Torres por causas desconocidas, tras nueve meses recluido y sin ser juzgado. Tras la muerte de Torres a mediados de febrero, tres “presos políticos” exdiplomáticos y de la tercera edad, fueron enviados a sus casas bajo el régimen de casa por cárcel.
Los “presos políticos” de Nicaragua carecen de garantías de los derechos “a la integridad personal, de conciencia y religión, libertad de expresión e información, a la salud, y al debido proceso”, según el reporte. Además refirió que se mantienen los “malos tratos y torturas a personas presas políticas y sus familias”, como la “negación de sábanas para el frío, negación de alimentos, o golpizas”.
El mecanismo advirtió que la lista podría no ser exacta debido a que hay personas que prefieren que los nombres de sus familiares presos no sean incluidos, por temor a represalias. Los “presos políticos” de Nicaragua son opositores, críticos de Ortega o profesionales independientes, normalmente acusados de terrorismo, delitos económicos o de traición a la patria.