Las clases en la confiscada Universidad Centroamericana (UCA, llamada ahora Casimiro Sotelo por el régimen) siguen sin comenzar, pese a que su ocupación por las autoridades designadas por el orteguismo ocurrió hace un poco más de dos meses. Y no hay signos de que esta situación vaya a cambiar en un corto plazo.
Algunos exestudiantes de la UCA, como Estefanía –cuya identidad pidió mantenerse en el anonimato– siguen a la espera de retomar los estudios en el campus universitario.
La estudiante de 23 años, estaba por iniciar el segundo semestre del tercer año de su carrera cuando le llegó la noticia de que la UCA sería tomada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en una embestida brutal contra la educación superior en Nicaragua.
Estudiantes buscan opciones fuera del país
“He buscado opciones, no me he quedado de brazos cruzados, tanto en la universidad de Guatemala y El Salvador. Pero estamos en espera. Creo que ahora es cuando más pienso y estoy segura de querer irme fuera, ya sea a estudiar o buscar cómo trabajar. Cada vez se agotan las posibilidades de poder ser una profesional aquí”, relató vía llamada telefónica desde Nicaragua.
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Tras la noticia de la confiscación, tomó la decisión de seguir con sus estudios en la ahora Camilo Sotelo, a pesar de tener la certeza que el nivel de educación bajaría y el adoctrinamiento sería constante. Sin embargo, la universidad tomada por la dictadura no ha iniciado sus labores administrativas. Sus autoridades tampoco han anunciado las matrículas.
Régimen subestimó la gestión de la UCA
Para Elvira Cuadra, socióloga y directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam), que divulgó un boletín sobre la crisis de la educación superior en Nicaragua, la falta de operaciones de la universidad deja al descubierto una respuesta concluyente.
“Subestimaron la significación que tenía hacerse cargo de una universidad con la diversidad de carreras, la cantidad de alumnado que ha tenido la UCA hasta la fecha, y lo que significan esos procesos administrativos”, remarcó.
En el fondo, según Cuadra, todo radica también en el tipo de administración que tenía la UCA, que “funcionaba de una manera diferente al control vertical que ellos han impuesto en las universidades públicas”.
“Se combina tanto la ineficiencia de las autoridades que fueron nombradas, como los temas de presupuesto, porque efectivamente el régimen no tiene capacidad para sostener todas las carreras y lo que eso implica en términos de funcionamiento del campus”, opinó Cuadra.
El 16 de agosto de 2023, DIVERGENTES divulgó que desde los juzgados de Managua, se giró un oficio en el que acusaban de terrorismo a la UCA, así como su confiscación de facto de sus bienes materiales y económicos. Todo ello, tras ordenar el congelamiento de sus propiedades y cuentas bancarias.
En cuestión de días, la dictadura confiscó las instalaciones de la universidad, proceso que culminó el 18 de agosto con un acto partidario que contó con la presencia de las autoridades del Consejo Nacional de Universidades (CNU), el órgano rector de la educación superior controlado por el sandinismo.
“Depresión colectiva” entre estudiantes
Semanas antes, los padres de Estefanía se disponían a pagar una mensualidad de 120 dólares –unos 4392.54 córdobas al cambio oficial– para el inicio del segundo semestre. Sin embargo, los rumores de lo que parecía ser una toma inminente por parte de la dictadura empezaron a ser recurrentes. “Se empezó a generar una depresión colectiva, pasamos todo ese proceso en la incertidumbre”, recuerda la estudiante, hoy sin poder estudiar.
Con una matrícula de unos 5000 estudiantes, la UCA era la única universidad en el país administrada por la Compañía de Jesús, que gozaba de independencia académica, pese a los reiterados intentos que el régimen llevó a cabo para asfixiarla económicamente.
El principal de ellos fue la reducción de su presupuesto, de 255.91 millones de córdobas en 2017, a 100 millones en 2021.
Como estocada final, la dictadura aprobó el 31 de marzo una reforma a la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, con la que retiran a la UCA del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y, de esta forma, la despojan de los fondos que recibía del 6 % presupuestario constitucional. En ese largo camino de acoso, asfixia e intimidación, los principales afectados fueron los estudiantes que aspiraban a recibir una beca.
Tiempos de “oscurantismo académico”
“Los efectos de ese nivel de control de las universidades todavía no los podemos ni siquiera dimensionar. Es realmente una etapa de oscurantismo, porque hemos visto como otros centros educativos superiores se están convirtiendo en centros de adoctrinamiento, donde el nivel de educación, el nivel de los programas ha disminuido significativamente y el tipo de profesionales que están saliendo de ahí son profesionales de muy baja calidad”, remarcó Cuadra.
De ese oscurantismo advirtió el Cetcam en su boletín informativo. “La trascendencia de estos ataques es enorme y sus consecuencias no han sido previstas ni por la propia dictadura. Son un ataque directo a libertades civiles fundamentales, entre ellas la libertad de pensamiento, libertad de expresión y libertad religiosa”, alertó la organización.
Para Cuadra, los efectos de esta época oscura se podrán apreciar en “un recurso humano con un bajo nivel técnico y profesional que no contribuye ni al desarrollo económico ni social del país, ni para el bienestar de estos profesionales y sus familias futuras”.