El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo asestó una estocada más a la Universidad Centroamericana (UCA) este jueves 31 de marzo, al aprobar una reforma a la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, con la que la apartan del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y de los fondos que recibía del 6 % constitucional. La medida es la última represalia que sufre la institución después del papel que jugó y sus estudiantes en la rebelión de abril de 2018 en Nicaragua. Ahora, centenares de estudiantes becados son afectados.
El punto clave de la reforma tiene que ver con el cambio del numeral 9 del artículo 58 que dice “aprobar la política y distribución de los fondos asignados a las universidades establecidas en el artículo 56 de esta Ley, atendiendo a la población estudiantil y los costos de operación”.
Las universidades a las que se refiere el artículo 56 son: la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua de León (UNAN-León); Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua); Universidad Nacional de Ingeniería (UNI); Universidad Nacional Agraria (UNA); y las recién creadas Universidad Nacional Politécnica (UPN); Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda y la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés. El artículo agrega a las universidades caribeñas Bluefields Indian Caribbean University (BICU), Universidades de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (Uraccan) y “una universidad privada designada por el CNU”. En la Ley anterior la UCA formaba parte como universidad privada.
DIVERGENTES intentó comunicarse con el vicerrector de la UCA, el científico Jorge Huete, pero no respondió los mensajes. Una fuente confió a este medio de comunicación que las autoridades de la UCA desde 2018 han sido acosados por medio de dos vías: por parte del Consejo Nacional de Universidades (CNU), la organización rectora de la educación superior de Nicaragua, y la Dirección General de Impuestos (DGI).
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El acoso del CNU eran revisiones exhaustivas y extraordinarias de las acreditaciones de las carreras y maestrías que eran engorrosas y generaban un trabajo descomunal para los encargados. “A la UCA le pedían con especial encono esas acreditaciones”, dijo la fuente. Mientras que la DGI hacía tardía las tramitaciones de equipos que se importaban, una práctica similar a la que utilizaron con el diario LA PRENSA para asfixiarlo económicamente.
Lo que ha seguido ha sido negarles el permiso anual por medio del Ministerio de Gobernación, otra de las acciones que el régimen ejecuta en contra de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para mantenerlas en la ilegalidad. A la par, le pedían información frecuente de sus registros, pero no le entregaban una constancia ni el permiso anual. A la UCA no le otorgan el permiso desde 2019. Esto provoca un limbo legal que les genera dudas a los bancos nacionales para aprobar transacciones o financiamientos.
Venganza contra la universidad jesuita
Las presiones contra la UCA se han agudizado a raíz de las crisis de 2018, pues el recinto fue cuna de los estudiantes que protestaron por el incendio de la reserva de biósfera Indio Maíz y luego por la reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Varios de los estudiantes que encararon a la dictadura, como Lesther Alemán, eran de este recinto. Alemán fue declarado culpable por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” el pasado tres de febrero.
El 30 de mayo de 2018, cuando el régimen ordenó el ataque contra una de las mayores manifestaciones de personas que se solidarizaron con las madres y familiares de los asesinados en abril de ese año, el entonces rector de la UCA, el padre José Idiáquez, abrió las puertas del recinto para refugiar a más de cinco mil personas y evitar un mayor baño de sangre. El sacerdote denunció que lo amenazaron de muerte y responsabilizó al gobierno de Ortega de lo que le pudiera pasar. “Ortega va a terminar como un asesino”, dijo Idiáquez el 15 de junio de 2018 al diario El País.
Desde entonces el régimen ha cortado la partida presupuestaria a la UCA para intentar asfixiarla económicamente. Este año solamente le otorgó un millón de córdobas (menos de 30 mil dólares), cuando en 2018 su presupuesto fue de más de 251 millones de córdobas. Estas medidas han afectado a los estudiantes becados, quienes temen un cierre definitivo del centro. Las autoridades de la UCA dijeron hace algunas semanas a DIVERGENTES que estas medidas “afectan las posibilidades de la Universidad de continuar otorgando becas totales y parciales a estudiantes que por su condición socioeconómica se ven impedidos de hacerle frente a los costos de su formación universitaria”. Las autoridades del recinto agregaron que “hasta el momento la Universidad no ha afectado las becas activas, no obstante, se ha limitado significativamente el número de nuevas becas otorgadas para aspirantes de nuevo ingreso”.
Las cancelaciones y confiscaciones de las universidades privadas sumado a esta reforma a la Ley de Autonomía Universitaria han sido vistas como un plan de control total del régimen sandinista en todas las escalas de la educación nicaragüense. Catedráticos, exrectores, estudiantes y politólogos consultados coinciden en que la pareja gobernante pretende eliminar la pluralidad universitaria y el pensamiento libre, y empujar a los estudiantes a elegir entre dos caminos: profesionalizarse en un recinto cuyo adoctrinamiento político es el mismo que predican en El Carmen, donde está ubicada la casa de Ortega y Murillo, o salir, en la medida de lo posible, al extranjero para continuar con sus sueños profesionales.
Hasta antes de abril de 2018, uno de los brazos sandinistas más fuertes dentro de las universidades públicas era la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN). Sin embargo, la rebelión también dinamitó sus estructuras: algunos dirigentes se convirtieron en opositores y perdieron control sobre los estudiantes. El politólogo Pedro Fonseca considera que la doctrina política de UNEN ahora quedará en evidencia en la educación que recibirán los estudiantes, pues los recintos, algunos privados y públicos, pasan a ser administrados por el Consejo Nacional de Universidades, dominado por el sandinismo. Fonseca cree que lo que se está gestando es una transformación partidista de la educación, en la que se ejercerá un control sobre qué, cómo, cuáles personajes y hechos se deberán estudiar.
Según Fonseca, este proceso de toma de universidades no solo es la implementación de un castigo sobre estas, que tuvieron algún papel en la rebelión, sino es una amenaza para las universidades que siguen funcionando.
Los sandinistas presionaron a la UCA en los 80
Unos meses después del triunfo del Frente Sandinista en 1979, llegaron a Nicaragua una comisión de especialistas cubanos para “estudiar y recomendar sobre el terreno la orientación y estructura que debería tener la educación superior en Nicaragua”, según el libro “La UCA: una historia a través de la historia”, escrito por Enrique Alvarado Martínez, quien fuera vicerrector de esta universidad.
La comisión de cubanos trabajó durante tres meses y escribió un documento llamado “Libro azul”, por el color de la portada, en el cual se sugería una transformación en las currículas y las metodologías. Sin embargo, las autoridades de la UCA rechazaron el documento, argumentando que las recomendaciones “no corresponden con la realidad nicaragüense” y señalaron “los costos de adecuar el sistema al rígido sistemas de bloques” que recomendaba el estudio. El Consejo Nacional de la Educación Superior (CNES), una estructura que era naciente para controlar las universidades, le respondió que el modelo propuesto por los cubanos “es una decisión política”.
El documento afirmaba, por ejemplo, que no era necesaria la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UCA porque ya existía la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma (UNAN). Según Martínez, el propio Daniel Ortega, entonces presidente de la Junta de Gobierno, se refirió a esta discrepancia. “El modelo de educación propuesto en ese momento era una copia bastante fiel del sistema utilizado en Cuba y la Unión Soviética”, escribió Martínez.
Otro de los problemas que enfrentó la UCA en esos años fue económico. Como el Estado absorbió a todas las instituciones de educación superior, la UCA empezó a depender de los recursos del Estado y, por lo tanto, esto provocaba condicionamientos. Por ejemplo, se aceptó un representante del gobierno en la Junta de Directores de la universidad.
La relación de la UCA con el gobierno sandinista tuvo sus altibajos. Sin embargo, nunca se rompió porque varios de las autoridades de la UCA tenían buena relación con el gobierno. Además, rectores, como Amando López, intentaron apaciguar las tensiones accediendo a presiones de los sandinistas, aunque eso le trajera críticas. “Lo que tal vez no alcanzaba a entender la crítica era el nivel de presión y la situación de amenaza que pendía sobre la UCA, en un momento cuando el Frente Sandinista tenía capacidades ilimitadas para implementar su sistema”. Este período es calificado por la Junta de Directores de 1982 “como uno de los más difíciles de la historia de la UCA”.
Los Ortega-Murillo estudiaron en la UCA
La UCA fue fundada en 1961. Ofrecía las carreras de Ingeniería, Administración de Empresas y Derecho. Daniel Ortega fue estudiante de Derecho en sus primeros años, pero se retiró en 1963 para integrarse al Frente Sandinista. Incluso, en 1990 el rector César Jerez le entregó un doctorado Honoris Causa al caudillo sandinista. Juan Carlos Ortega se graduó de la carrera de Comunicación Social y Daniel Edmundo Ortega en Sociología, dos de los hijos de la pareja.
De la UCA se graduaron varios de sus dirigentes sandinistas, como Casimiro Sotelo, Julio Buitrago, Bayardo Arce y el diputado Wálmaro Gutiérrez, por mencionar algunos.
Durante los años noventa, la UCA fue una de los lugares donde UNEN protestaba por el 6% a las universidades públicas, cuando Daniel Ortega era oposición y provocaba asonadas a los gobiernos de turno.
Con la reforma a la Ley también quedaron apartados el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA) y el Instituto para el Desarrollo de Comercio Exterior, que antes estaban como centros de pensamiento adscritos a la UCA. El Centro de Investigación y Documentación de la Costa Caribe (CIDCA), también de la UCA, ahora será asumido por la BICU.
El Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA) contiene un acervo bibliográfico único en el país. Entre los archivos se encuentra buena parte del instituto del sandinismo que antes fue resguardado por el Ejército pero después fue donado a esta institución.