En el marco del Plan de Prevención y Seguridad de las Comisarías de la Mujer y la Niñez, la Policía Nacional anunció en su último informe del 21 de septiembre que dicho plan ha incidido en la disminución de delitos. Sin embargo, los delitos contra las mujeres no han variado considerablemente respecto al año pasado y en algunos casos han aumentado.
De acuerdo con el inspector general de la Policía Nacional, Jaime Vanegas, el plan ha cumplido su cometido de prevenir la violencia contra las mujeres y sensibilizar a las mujeres “sobre su rol protagónico en la seguridad ciudadana”; pero en los boletines del Instituto de Medicina Legal (IML) exponen que los números de peritajes por violencia sexual y violencia intrafamiliar no han cambiado.
Los boletines de este año publicados por el IML muestran que entre enero y mayo de este año 1,903 mujeres, niñas y adolescentes fueron objeto de peritajes médicos legales por violencia sexual, lo que representa el 84.3 % de los casos en total. Esta se trata de la principal violencia que viven las menores de edad, pues 1,580 casos corresponden únicamente a niñas y adolescentes entre los 0 y 17 años.
En ese mismo período del 2022, IML reportó 1,957 peritajes médicos legales a mujeres y niñas por violencia sexual. Es decir, que entre 2022 y 2023 sólo hubo una disminución de 54 casos, un 2.7 % menos. Este número no es suficiente para asegurar que la violencia contra las mujeres se ha reducido, aclara una defensora consultada por DIVERGENTES que solicitó el anonimato.
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“La violencia sigue impactando de manera colectiva a las mujeres y niñas en el país, aunque haya un par de casos menos. No es un número significativo para decir que las mujeres no están viviendo violencia o que la violencia machista está retrocediendo”, señala.
Por otro lado, la violencia contra las mujeres dentro de las familias ha aumentado en este 2023. Entre enero y mayo el IML reporta 2,641 peritajes médicos legales a mujeres y niñas por lesiones físicas. Esto representa el 75.6 % de los casos en total y al menos 1,827 corresponden a agresiones cometidas por la pareja. Se trata de la principal violencia que viven las mujeres en Nicaragua.
En el mismo período de 2022 el IML contabilizó 3,120 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres, es decir, que en 2023 se reportan 372 casos más, un 12 % más que el año pasado.
“Vemos un aumento alarmante de la violencia dentro de las familias, no una disminución. Y más de 300 casos sí es algo para preocuparse, especialmente porque estos son solo los casos que se denuncian y sabemos que son más los que no llegan a las instituciones”, indica la defensora.
El observatorio de violencia machista Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) contabiliza hasta la fecha 60 femicidios, de los cuales 42 han ocurrido en territorio nacional y 18 en el extranjero. Según la organización, es una de las cifras más altas que han reportado en los últimos años.
Charlas, asambleas y visitas casa a casa
De acuerdo con las conferencias realizadas semanalmente por la Policía Nacional, el Plan de Prevención y Seguridad de las Comisarías de la Mujer y la Niñez ejecutado desde junio de este año, tiene numerosos éxitos con sus múltiples charlas, asambleas y visitas casa a casa.
Según la institución, el objetivo es concientizar a las mujeres sobre sus derechos y a la vez informar sobre otros temas, que no tienen relación alguna con la prevención de la violencia machista como el cuidado de menores de edad, prevención de accidentes de tránsito, medidas de protección de seguridad para los hogares en casos de desastres naturales y la prevención de incendios, solo por mencionar algunos.
Un plan de prevención y seguridad para las mujeres que no tiene ni pies ni cabeza, aclara la defensora. “Nos encontramos con un supuesto plan para asegurar la vida de las mujeres en la que se habla de todo, menos de la violencia machista. Además, las defensoras hemos dicho mil veces que para prevenir la violencia se debe crear acceso a la justicia para las mujeres, no hacer charlas”, manifiesta.
La realización de las múltiples actividades públicas del régimen Ortega-Murillo en la que se pregonan el respeto a los derechos de las mujeres solo es una estrategia para hacer creer a la población que las mujeres son protegidas por el Estado, pese a la cancelación masiva de organizaciones de mujeres que brindaban atención social, legal y médica a las víctimas de violencia.
Desde 2018 el régimen Ortega-Murillo ha cancelado la personería jurídica de 315 organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres, de acuerdo con el último informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Por otra parte, acorde con el comisionado general Jaime Vanegas, en las visitas casa a casa no solo informan a las mujeres sobre estos temas, sino también que investigan casos de violencia que atenten contra la vida de las mujeres. Solo en este mes recibieron 104 denuncias y detuvieron 32 agresores, los cuales fueron remitidos a acusaciones penales o a mediación.
“Se ha logrado identificar a víctimas de violencia a las cuales les damos seguimiento entre todas las instituciones”, aseguró en la conferencia. Sin embargo, la defensora consultada desconfía que a estas denuncias les den seguimiento apropiado por sus experiencias acompañando a mujeres a denunciar a las Comisarías.
“Dicen que les dan seguimiento, si los casos no son graves a mediación y si son graves a juicios, pero conozco a mujeres que han tenido tentativa de femicidios que las han obligado a mediar por presiones de la policía para terminar los casos. Así que eso no ha cambiado”, dice.
El Plan Prevención y Seguridad de las Comisarías de la Mujer y la Niñez forma parte de una estrategia para la reducción de femicidios que se mantiene desde finales de 2021, según la vicepresidenta Rosario Murillo. No obstante, dicha estrategia se trata más de propaganda política que de prevención de la violencia machista, señalan defensores de derechos humanos.