La radiografía de tórax reveló un diagnóstico que paralizó a Zoraida*: una neumonía la podría matar en las próximas 72 horas. Los médicos le indicaron una receta con varios medicamentos para que los comprara lo más pronto posible. En el hospital de Boaco, un departamento del norte de Nicaragua de donde es originaria y fue llevada de emergencia, no tenían medicinas para salvarla.
“Los doctores me dijeron que no tenían esos medicamentos, que los comprara si quería sobrevivir”, relata la mujer de 30 años de edad. Esto ocurrió a finales de 2022. Había sido diagnosticada con Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) cinco meses antes. Durante ese tiempo, el Ministerio de Salud (Minsa) le dio los antirretrovirales –la terapia contra el VIH– sólamente una vez, porque los otros meses le dijeron que “estaban agotados”.
Lo que Zoraida no sabía en ese momento era que la neumonía es una de las infecciones “oportunistas” que afectan con más frecuencia y gravedad a los pacientes con VIH si tienen débil el sistema inmunológico. Como ella no tomó antirretrovirales los meses anteriores, ni le hicieron exámenes para conocer su carga viral, la neumonía la atacó de forma severa.
El caso de Zoraida es más común de lo que parece. Fuentes del hospital Manolo Morales, centro de referencia para la atención a pacientes con VIH, aseguraron a DIVERGENTES que alrededor del 80% de las personas que son diagnosticadas con VIH en etapa muy avanzada desarrollan una infección oportunista que puede causarles la muerte. Entre las infecciones más frecuentes se encuentran meningitis por cryptococcus, tuberculosis, toxoplasmosis, diarreas severas e histoplasmosis.
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Médicos especialistas en Salud Pública, Infectología y pacientes de estos programas de atención a VIH consultados para este reportaje, coinciden que en Nicaragua no se cumple la atención integral a los pacientes que son diagnosticados con el virus. Uno de los incumplimientos más importantes es la escasez de medicamentos para enfermedades oportunistas, pese a que está estipulado en la Ley de promoción, protección y defensa de los derechos humanos ante el VIH y sida, para su prevención y atención (Ley 820).
La crisis política que vive el país impacta en la calidad de atención a los pacientes con VIH. Una revisión de DIVERGENTES a los datos del Banco Central de Nicaragua (BCN) revela que la cooperación internacional para combatir el virus disminuyó luego de la rebelión de abril en 2018. Desde que Daniel Ortega tomó el poder en 2007, las donaciones representaron $59.1 millones en total: un promedio de $4.9 millones anuales durante esos 12 años. Sin embargo, luego de la crisis política sólamente se han recibido $5.1 millones, a un promedio de $1.2 millones cada año.
Un salubrista dijo que la atención integral a los pacientes con VIH debe incluir “indiscutiblemente la provisión de medicamentos para infecciones oportunistas, ya que son éstas las que deterioran la salud de las personas que viven con VIH… si no son tratadas oportunamente pueden resultar en muertes”.
Datos proporcionados por un funcionario del Programa de Atención del hospital Manolo Morales revelan que la tasa de mortalidad de las personas que inician tratamiento en este centro es del 12%, una cifra que dobla el porcentaje de mortalidad a nivel nacional publicada por el Minsa de 6.3%.
Sin pruebas suficientes
Un infectólogo, con más de 15 años de experiencia con pacientes con VIH, considera que en Nicaragua no se tiene una dimensión real de la afectación de esta enfermedad. La principal razón es que las pruebas de detección son bajas en comparación con el tamaño de la población del país, según el especialista.
En los últimos cinco años se han aplicado 902 004 pruebas para detectar el virus, según un recuento de la estadísticas del Mapa de Salud del Minsa. Esto quiere decir que apenas el 13% de la población ha sido testada en Nicaragua.
Una activista que apoya a personas que viven con VIH en Nicaragua considera que “lo preocupante es que mientras no tengamos estadísticas claras, podemos estar en una epidemia oculta”.
El Minsa no publica cuántas personas viven con VIH en el país. Para darse una idea hay que buscar las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que estima entre 9 600 y 15 000 nicaragüenses infectados hasta 2022. Esto indica un aproximado de más de 12 000 personas con el virus. Sólo en los últimos cinco años se reportan 5 240 casos nuevos.
Desde 2010, cuando se contabilizaron 951, la media de casos cada año es de un poco más de mil. Para el salubrista consultado, lo “alarmante” es que todos los años se detectan más casos, pese a que se realizan menos pruebas de detección. En 2022, por ejemplo, se realizaron 35 000 pruebas menos que en 2020, pero se detectaron 176 casos más que hace dos años.
Mientras el número de infectados sube anualmente, el Minsa informa que sólamente 6 567 personas se encuentran en tratamiento antirretroviral en el sistema de salud público. Esto revela que casi la mitad de la población con VIH no toma ningún tratamiento o lo compra en farmacias comerciales.
Un dato que muestra una parte de la afectación del VIH en Nicaragua son las muertes por causas relacionadas. En los últimos cinco años, se registraron 992 personas fallecidas: día de por medio murió una persona con VIH en Nicaragua. “Sin duda, esto muestra que el VIH es un problema de salud importante en Nicaragua”, dijo el salubrista.
Un préstamo para sobrevivir
Zoraida sobrevivió a la neumonía gracias a un préstamo que hizo su esposo al banco –que todavía continúa pagando– para comprar los medicamentos, entre ellos itraconazol y antihistamínicos. Pudo salvarse. “Si no hubiera conseguido el dinero me hubiera muerto”, cuenta. Su afectación pulmonar es crónica, y la valoran cada cierto tiempo en el hospital. “Pero nunca hay los medicamentos que necesito”, señala.
Un médico privado le dijo a Zoraida que dentro de unos años necesitará estar siempre conectada a una máquina con oxígeno, “y ahí sí que no sé qué voy hacer para comprarla”.
El VIH es un virus que ataca el sistema inmunitario. Se transmite a través del intercambio de líquidos corporales como la sangre, el semen, las secreciones vaginales y la leche materna. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE UU (CDC por sus siglas en inglés) si no se trata puede causar sida.
Según la OPS (Organización Panamericana de la Salud), unos 2,1 millones de personas en América Latina y 330 000 en el Caribe vivían con VIH en 2019.
Los CDC explican que con atención médica adecuada el virus se puede controlar y las personas con infección por el VIH que reciben el tratamiento eficaz pueden tener una vida larga, saludable y proteger a sus parejas.
Pacientes abandonan tratamiento contra VIH
Un documento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el estado del sida en Nicaragua, publicado en 2020, registra que 1 201 personas abandonan los tratamientos antirretrovirales. Según el documento, la tasa de abandono se ubicó en el 17.4%, aunque las fuentes dentro de los Programas de Atención a Pacientes con VIH aseguran que el promedio de abandono incluso asciende al 30%.
Las razones del abandono son diversas, según los especialistas consultados. Entre ellas, falta de apoyo psicológico, abuso de sustancias de parte de los pacientes: alcohol, droga y limitaciones económicas que les impiden trasladarse a las ciudades donde están ubicadas las clínicas de atención.
Una de las razones de abandono común en la población afrocaribeña es la desconfianza en los antirretrovirales. Suelen interrumpir su tratamiento a cambio de remedios caseros o medicina tradicional. “Esta situación eleva el número de abandonos y en tanto la tasa de mortalidad”, dijo el salubrista. “Es necesario adoptar estrategias creativas para abordar a estas comunidades y sensibilizarlas respecto a los cuidados necesarios para tratar el VIH”, agrega.
Para contrarrestar los abandonos, las autoridades sanitarias han optado por la estrategia de descentralizar la atención a pacientes con VIH que antes sólo se brindaba en unos pocos hospitales de Managua.
Según la ONU, en el país existen 64 clínicas de “atención integral”. Sin embargo, entrevistas con especialistas y pacientes con VIH describen que estas clínicas cuentan con medicamentos antirretrovirales, pero la mayoría tiene recursos limitados para atender o salvar a pacientes en estado de gravedad.
El infectólogo considera que los centros de salud comunitarios hacen una buena labor al facilitar la terapia antirretroviral, pero la calidad de atención es mínima. “El paciente con VIH es un paciente complejo, y en los centros de salud sólamente se limitan a dar pastillas. Si el paciente se complica, o tienen criterios de cambio en la terapia, o si tienen una reacción adversa, no son capaces de manejar esta situación y tomar decisiones”, apunta el especialista.
El documento de la ONU informa que el desabastecimiento de antirretrovirales en las unidades de atención integral fue del 4.7%. “La mayor limitante fue atrasos en la entrega de parte los proveedores y productos no disponibles al momento de la compra”, explica el informe.
Disminuyen reactivos y cooperación externa
Durante cuatro meses, Juan* esperó a que en el centro de salud Francisco Morazán, Managua, hubieran antirretrovirales. Esta terapia consiste en una combinación de fármacos que suprimen la replicación del VIH. Según la OMS, “los antirretrovirales reducen la mortalidad y morbilidad entre las personas infectadas, mejora su calidad de vida y ayuda a prevenir la transmisión del virus”.
Juan había sido hospitalizado meses antes por no tomarse el tratamiento. Estuvo en depresión después de ser diagnosticado a los 24 años de edad. “Cuando me diagnosticaron me dijeron que tenía sida (Síndrome de inmunodeficiencia adquirida) y por eso caí en depresión, pensé que me iba a morir”, agrega.
Permaneció en estado de coma durante cuatro días en el hospital Manolo Morales. Cuando salió convaleciente fue remitido a un centro de salud, pero dice que se demoraron en atenderlo. “Me pusieron en una lista para recibir medicamentos, pero me dijeron que en ese momento no había”, dice Juan. Él supone que no lo llamaron porque en ese momento los hospitales estaban “rebalsados” luego de la segunda ola de contagios por la COVID-19 en 2021.
El miedo a recaer en el hospital en el punto crítico de la pandemia lo obligó a buscar atención en una clínica privada. Ahí le hicieron las pruebas de carga viral y de CD4 (linfocitos que ayudan a combatir las infecciones), y empezó a tomar medicamentos. “Gasté como 2 000 dólares, pero controlé mi carga viral”, dice Juan.
Unos meses después logró finalmente retirar los medicamentos en el centro de salud público. Sin embargo, las pruebas de carga viral y de CD4 (para saber el desarrollo del virus y de esta manera combatirlo) no se las hacen, porque le dicen que “no hay reactivos”.
Las pruebas ayudan a los médicos a indicar o cambiar un tratamiento específico. Una fuente de un programa de atención a pacientes con VIH dijo que, ante la falta de estas pruebas, los médicos recetan tratamiento “hasta que los pacientes muestran síntomas clínicos”. Son hospitalizados, en la mayoría de los casos, cuando llegan graves, “porque no recibieron los medicamentos correctos”.
Parte de la escasez de antirretrovirales y reactivos son efectos de la crisis política que vive el país desde 2018. Estos medicamentos eran donados por organismos internacionales que han disminuido su cooperación a raíz de las violaciones a los derechos humanos del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En los últimos cinco años, las donaciones internacionales disminuyeron en un 34.2%, según la revisión de informes presupuestarios.
Pese a que organismos internacionales como el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, informa en su página web que entre 2020 y 2022 asignaron $12 457 279 para combatir la enfermedad, en el informe de cooperación externa 2022 del BCN no se ve reflejado ningún monto. En este documento tampoco consignan los $4.5 millones que aprobó la organización World Vision para proyectos con VIH.
Estas dos organizaciones eran donantes en la lucha contra el virus. El Fondo Mundial, por ejemplo, entre 2007 y 2018 (todo este período con Daniel Ortega en el poder) donó $44.7 millones. A partir de entonces, no se registra ningún monto asignado, según los documentos del Banco Central.
Juan pudo morir en unos cuantos meses por falta de tratamiento. En su caso, la falta de información pudo ser más letal que el VIH. Fue detectado después de haber donado sangre a la Cruz Roja. Luego del shock del diagnóstico pasó meses encerrado en su cuarto. Sólo salía a las casas de algunos amigos y familiares “para ir a llorar”, dice. Los únicos que sabían sobre su enfermedad eran dos amigos. Sus padres se enteraron hasta que se desplomó al salir de su cuarto.
“Después que estuve apunto de morir en el hospital empecé a ir con psicólogos, con grupos de apoyo de personas con VIH, y supe que con tratamiento a tiempo se puede sobrevivir”, dice Juan.
Juan cuenta que es una persona “con suerte”, pues su familia pudo conseguir el dinero a tiempo para pagar médicos privados y comprar el tratamiento cuando hace falta en los centros de salud. “Pero la persona que no tiene (dinero), se muere”, dice, mientras muestra las últimas pruebas en las que su carga viral es indetectable.
Todos los meses se hace chequeos en una clínica privada. Los antirretrovirales los retira en el centro de salud. Juan dice que lleva “una vida normal, como cualquier otro paciente crónico”. Por eso, con su pareja, planifican tener su primer bebé.
(* Son seudónimos que pidieron las fuentes para proteger su integridad y la de sus familiares)