A casi una semana de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo lleven a cabo un nuevo proceso electoral sin libertades, la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo aprobó una ley que permite a los nicaragüenses acudir a las urnas con una cédula vencida. Para algunos expertos, esa nueva disposición de la dictadura busca disimular el abstencionismo que marcaría la jornada y motivar a que simpatizantes con varias cédulas de identidad caducadas acudan a votar.
La organización independiente Urnas Abiertas aseguró que “este tipo de medidas terminan siendo insuficientes para nuestro país, en un proceso electoral carente de legitimidad, en donde las autoridades electorales son partidarias y el derecho al voto libre está suprimido por completo”.
La Ley Especial para Vigencia de Cédulas de Identidad Vencidas fue aprobada por la aplanadora sandinista el 26 de octubre, y consta de cuatro artículos. El primero de ellos dispone que los documentos de identidad caducados deberán ser tomados como válidos en las Juntas Receptoras de Votos (JRV) durante el proceso electoral del seis de noviembre. De igual forma, asegura que cualquier ciudadano cedulado puede incorporarse al padrón el mismo día de las elecciones.
Para Juan Diego Barberena, abogado y miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), el régimen buscaría legitimidad con esta medida al intentar concentrar mayor participación en unos comicios cuestionados con antelación por organismos electorales y la comunidad internacional. “Es un intento de motivar a quienes no tienen la cédula vigente, y además de eso, cometer maniobras como lo han hecho: que haya gente que pueda votar con cédula vigente y con cédula vencida. Eso apunta a que podás ir con dos documentos distintos en cuanto a la vigencia a diferentes centros de votación o JRV”, explicó.
Barberena cree que dicha medida es parte del colapso del sistema electoral, controlado por magistrados afines e impuestos por la pareja sandinista previo a las elecciones generales de 2021. El pasado noviembre Ortega y Murillo se hicieron con el control del proceso al recetar unos comicios a su medida y con siete precandidatos encarcelados y acusados por “menoscabo a la soberanía nacional”. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se adjudicó la mayoría de votos, bajo la complicidad de cinco partidos colaboracionistas.
En julio de este año también despojó a cinco alcaldías opositoras que gobernaban en El Cuá, San Sebastián de Yalí y Santa María de Pantasma, ubicadas en el departamento de Jinotega; además de Murra, en Nueva Segovia; y El Almendro, en Río San Juan. Con la toma de estas alcaldías a través de la Policía Nacional, el régimen garantizó el control total del partido en todas las municipalidades de Nicaragua, que desde la llegada al poder de los sandinistas han perdido su autonomía.
Ortega dinamita el poder municipal
Organismos como Urnas Abiertas, quienes documentaron la abstención electoral que rondó el 80% en las elecciones generales de 2021, vaticina un panorama similar, debido a que el régimen se ha hecho con el control del poder municipal.
En el más reciente informe publicado por la organización y titulado “Aquí se obedece: Análisis del poder local”, Urnas Abiertas identifica 12 patrones en el ejercicio del poder que ocurre en los territorios. En él se revela que los municipios del país son manejados por los secretarios políticos del FSLN, y que lo ejercen de manera autoritaria.
“Los jefes policiales han recibido y concentrado mayor poder en sus localidades como premio por la represión ejercida contra la población opositora a partir de 2018”, informó el organismo. “Las figuras de mayor poder local están a cargo del andamiaje represivo en los territorios. La población señala que desde las alcaldías se financió a grupos paramilitares y fuerzas de choque en 2018, algunos se encuentran activos en la actualidad”, reiteró.