Represión y descontento: municipios de Nicaragua esperan una “votación” que consolide absolutismo del FSLN

El régimen de Ortega y Murillo ha impuesto un control total en todos los municipios del país, luego de arrebatar por la fuerza cinco alcaldías a la oposición y arrestar a las voces críticas de la Iglesia Católica en esos territorios. “Votar por ellos es darles poder para que sigan atacando a los obispos y a la democracia”, asegura un poblador de Jinotega. La desazón es más acentuada en el norte del país

Foto de las elecciones de 2021 del archivo de Divergentes.

Son días de cacería y Juan Diego* –un poblador del municipio Santo Domingo, en Chontales, que por seguridad pidió anonimato– lo sufre. “Me han andado persiguiendo por la situación política”, asegura el opositor. La Policía Nacional lo interceptó, mientras iba a su trabajo, con el fin de sacarle información sobre “política”. Ese día, le quitaron su teléfono y desde entonces han hostigado a personas que, en algún momento, estuvieron organizadas en sus municipios contra los Ortega-Murillo. 

“Vos me hallás con mis sacos y mi mochila para recoger cosechas, no en una reunión ni hablando de política”, le increpó a uno de los oficiales. “Me dejaron sin mi teléfono y, desde entonces, me asedian a cada rato. Las cosas aquí no son normales, estamos sufriendo hasta que cambiemos esta situación”, agrega Juan Diego.

Este seis de septiembre, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y sus aliados presentaron las candidaturas provisionales para las próximas elecciones municipales en noviembre. Reyna Rueda, alcaldesa de Managua, entregó las listas de los candidatos del régimen para los 153 municipios del país. 

Todo apunta a que se repetirá el mismo escenario de 2021, cuando Ortega y Murillo se adjudicaron la presidencia en un proceso cuestionado y rechazado por la gran mayoría de la comunidad internacional. En las elecciones sin competencia participaron cinco partidos políticos colaboracionistas, que no contaban con bases ni estructuras. En la embestida también fueron arrestadas más de 60  mujeres y hombres representantes de la oposición, incluidos siete aspirantes a la presidencia, la mayoría de ellos encarcelados y juzgados bajo el delito de “menoscabo a la soberanía nacional”. Una tipificación en una nueva ley diseñada por el régimen para tachar, prácticamente, como “traición a la patria” cualquier crítica hacia la dictadura. 

Las elecciones en Nicaragua han estado marcadas por el abstencionismo y la falta de transparencia y competitividad. Archivo | Divergentes.

Según se desprende de los comentarios de ciudadanos y analistas, los acuerdos entre el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) siguen enturbiando y manipulando las reglas democráticas en el país. “Lo que hay que hacer es sacudirnos y derrotar a esos dos partidos  y, claro, nos va a costar años. Pero debemos hacer nuevas estructuras políticas con nuevos representantes”, asegura Juan Diego. En su localidad, y en casi todos los departamentos del centro y norte de Nicaragua, la mayoría de la población es abiertamente opositora. El régimen arrebató las cinco alcaldías a cargo de Ciudadanos por la Libertad (CxL), una agrupación política que se denomina liberal. 

La mañana del 4 de julio, la Policía Nacional tomó a la fuerza las delegaciones de Murra, San Sebastián de Yalí, El Cuá y El Almendro. Dos días antes, el régimen hizo lo mismo con Santa María de Pantasma, otro de los municipios opositores en los que el sandinismo no pudo ganar una elección por las urnas desde su fundación en 1989. Con ello, Ortega y Murillo terminaron de instaurar un régimen de partido único. 

Por esta razón, el organismo independiente Urnas Abiertas, un observatorio ciudadano para el monitoreo electoral, asegura que ninguno de los partidos que irán en la boleta electoral puede considerarse de oposición. Incluso, el Consejo Supremo Electoral (CSE), eliminó al Partido Camino Cristiano de la boleta, a pesar de haber sido uno de los partidos colaboracionistas en las elecciones pasadas. “La mayoría de los partidos políticos que dicen ser opositores han demostrado ser funcionales al régimen nicaragüense”, asegura dicho organismo en un informe publicado en su sitio web

“Quizá la historia de colaboracionismo más fiel y longeva es la que ha mantenido el Partido Liberal Constitucionalista con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, pero, con el tiempo, el oficialismo ha ampliado y perfeccionado su sistema de pactos, ‘repactos’ y prebendas para que otros agentes de la política institucional sean parte de la destrucción del sistema político y electoral del país a cambio de beneficios mínimos e insignificantes”, reiteraron.

Sin entusiasmo ni clima electoral

En las elecciones de 2021, Daniel Ortega y Rosario Murillo se perpetuaron en el poder. Archivo | Divergentes.

A más de 240 kilómetros de Chontales, muchas personas, en el departamento de Jinotega, sufren una situación de persecución y desencanto. Luis*, otra de las fuentes que pidió anonimato por pertenecer a una organización territorial, asegura que no existe ningún entusiasmo por un proceso que, a todos luces, “es una farsa”. 

“Todos sabemos que son procesos que no cuentan con ningún tipo de legalidad ni transparencia, pero a raíz de las tomas de alcaldías de Jinotega, donde existían tres alcaldías de CxL, ha habido un descontento enorme. Ellos (la población opositora) te dicen para qué vamos a participar si te quitan y te ponen a la hora cuando quieren”, agregó.

La fuente comenta que, a pesar de que la cúpula del PLC es un reconocido aliado, en estas zonas del país suele pesar más la figura del aspirante a alcalde que el partido al que pertenezca. Sin embargo, ni siquiera dicha agrupación política ha podido organizarse en ese territorio. “La gente no quiere saber nada. Dicen (además) que apoyar el proceso electoral es ir en contra de la Iglesia Católica”, señaló Luis.

A partir de julio, el régimen ha desatado una persecución religiosa contra obispos y otros religiosos de la Iglesia, con el fin de silenciar a las voces críticas del sector católico. Monseñor José Leonardo Urbina y el padre Manuel Salvador García fueron los dos primeros sacerdotes encarcelados por el régimen bajo supuestos delitos de amenaza con arma blanca en el caso de García; y violación a una menor, en el caso de Urbina.

Posteriormente, en la madrugada del 19 de agosto, la Policía Nacional secuestró al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, y le impuso casa por cárcel bajo una supuesta “investigación” cuyo avance se desconoce. Además de monseñor Álvarez, el régimen se llevó a la fuerza y arrestó a cuatro sacerdotes: José Luis Díaz, Sadiel Eugarrios Cano, Raúl González y Ramiro Tijerino; a los seminaristas Darvin Leyva Mendoza y Melkin Sequeira; y al camarógrafo Sergio Cárdenas.

“La gente dice que todos los candidatos a alcaldes representan a Ortega en los territorios, y votar por ellos es darle poder para que sigan atacando a los obispos y a la democracia”, asegura Luis.

De acuerdo a Urnas Abiertas, las elecciones municipales de 2022 tendrá un costo de 31.1 millones de dólares, de los cuales más de un 40% es decir más de 450 millones de córdobas es destinado para reembolso a los partidos colaboracionistas del proceso, un presupuesto que sale de las finanzas públicas.

*Los nombres fueron cambiados a solicitud de las fuentes debido a la represión del régimen de Ortega y Murillo.