Ya son 61 ONGs canceladas por los Ortega-Murillo desde 2018

Este martes fueron anuladas otras nueve organizaciones no gubernamentales, entre las que destacan la Asociación Cámara Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Industria Turística (Cantur), Fundación de Turismo (Futurismo), Federación Coordinadora Superior de Universidades Privadas (Cosup), y Asociación de Consultores para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (Acodep). También Club Campestre Las Colinas, Asociación de Graduados de INCAE en Nicaragua, Asociación de Economistas de Nicaragua, Fundación Veritas Humanas, y Fundación Hispanoamericana.

Desde su retorno al poder, Daniel Ortega y Rosario Murillo han mantenido una actitud hostil contra la organizaciones no gubernamentales. Imagen de archivo.

La Asamblea Nacional de Nicaragua, de mayoría oficialista, canceló este martes las personalidades jurídicas a otras nueve ONG nicaragüenses, con lo que suman 61 las organizaciones civiles sin fines de lucro ilegalizadas desde diciembre de 2018, a petición del Gobierno del presidente Daniel Ortega. Las nueve ONG ilegalizadas son la Asociación Cámara Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Industria Turística (Cantur), Fundación de Turismo (Futurismo), Federación Coordinadora Superior de Universidades Privadas (Cosup), y Asociación de Consultores para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (Acodep). También Club Campestre Las Colinas, Asociación de Graduados de INCAE en Nicaragua, Asociación de Economistas de Nicaragua, Fundación Veritas Humanas, y Fundación Hispanoamericana.

Cantur, al igual que la privada Universidad Hispanoamericana (Uhispam) y el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), que fueron ilegalizadas el lunes, son dirigidas por el empresario sandinista Leonardo Torres, miembro del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua, que ha guardado silencio sobre esas medidas.

Con la ilegalización de esas otras nueve ONG, se elevó a 61 las entidades locales ilegalizadas desde que estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua en abril de 2018, que dejaron 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El decreto de cancelación de las personalidades jurídicas de las nueve ONG fue aprobada con trámite urgente con el voto de 84 diputados, ninguno contra, tres se abstuvieron, y otros cuatro estuvieron presentes y no votaron, de los 91 legisladores que integran el Parlamento.

En un informe, el Ministerio de Gobernación argumentó que las Juntas Directivas de esas entidades se encuentran acéfalas; no han reportado sus estados financieros correspondientes con sus desgloses detallados; y tampoco han presentado los convenios (donantes y ONG) sobre sus proyectos y actividades que definan claramente su fuente de financiación, cartera de proyectos, el impacto social de los mismos y si están acorde a los fines y objetivos.

Según el informe oficial, esas ONG violaron la Ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro, y la Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo, y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.

Según el decreto, los bienes y acciones que pertenezcan a las nueve ONG tendrán previa liquidación, de acuerdo al destino previsto en las actas constitutivas o en sus estatutos. «Si nada se hubiera dispuesto sobre ello, estos pasarán a ser propiedad del Estado», según el texto.

En Nicaragua, el Ejecutivo de Ortega, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, han ilegalizado al menos 61 ONG nicaragüenses desde diciembre de 2018.

El Ministerio de Gobernación también ha cancelado los registros y números perpetuos de tres ONG estadounidenses y tres europeas. Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión. 

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