45 países de la ONU condenan a los Ortega-Murillo por continuar reprimiendo a los nicaragüenses

El grupo de países lamentó que el régimen a la fecha sume más de mil organizaciones civiles y una docena de universidades canceladas, así como el deterioro de la libertad de opinión y expresión, con más de cien periodistas obligados al exilio y una decena de radios y televisoras censuradas en el último mes


La grave crisis social y política que vive Nicaragua estuvo nuevamente en la agenda de la comunidad internacional: este martes 13 de septiembre 45 países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenaron ante el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo la brutal represión impuesta por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y las constantes violaciones a los derechos de asociación, expresión y religiosa de los nicaragüenses.

“Nicaragua ha continuado reprimiendo los derechos a las libertades de reunión pacífica y asociación, y de religión”, destaca el documento de los 45 países miembros de la ONU que condenaron al régimen sandinista.

El grupo de países lamentó que el régimen sume más de mil organizaciones civiles y una docena de universidades canceladas, “impactando el derecho a la educación”. Destaca que también empeoró el “disfrute” de la libertad de opinión y expresión, con más de cien periodistas obligados al exilio y una decena de radios y televisoras censuradas en agosto.

“Los embates a la libertad de asociación se han incrementado de manera exponencial. Este año se ha cancelado la personalidad jurídica de 1.512 organizaciones de derechos humanos, de asistencia al desarrollo, asociaciones profesionales, incluidas médicas, y entidades asociadas a la Iglesia Católica”, dijo un representante del organismo en el marco del 51° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se lleva a cabo del 12 de septiembre al 7 de octubre en Ginebra, Suiza.

La condena del grupo de países se da después que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos (OACNUDH), presentara ante el Consejo de dicho organismo un informe sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua.

“La situación de derechos humanos en Nicaragua se ha deteriorado progresivamente desde 2018 sin que el Gobierno haya mostrado voluntad política de afrontar la crisis mediante el diálogo y la implementación de recomendaciones formuladas por órganos y mecanismos de derechos humanos”, lamentó la OACNUDH.

El padre Uriel Vallejos tuvo que exiliarse y salió de Nicaragua por puntos ciegos. Cortestía.

La ONU recalcó que, pese a las recomendaciones brindadas al régimen sandinista en relación a la liberación de los presos políticos, cerca de 200 personas siguen detenidas en las cárceles de Nicaragua. “De ellas, medio centenar fueron encarceladas en el contexto electoral de 2021 y condenadas recientemente, algunas hasta a 13 años de prisión en juicios que no fueron justos”.

El organismo señaló que esta situación de crisis ha llevado a 200 mil nicaragüenses a convertirse en refugiados y solicitantes de asilo, el 75% de ellos en Costa Rica.

La gravedad del exilio también queda en evidencia a través de las cifras de migrantes de Nicaragua detenidos por las autoridades fronterizas de Estados Unidos, que han pasado de cerca de 5 mil 500 en 2018 a más de 84 mil en lo que va de este año.

Entre los 45 países que condenaron a la dictadura figura Australia, Austria, Brasil, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Ecuador, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania y Grecia.

A este grupo se suman Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos y Uruguay. Sin embargo, Argentina, México, República Dominicana, Guatemala, El Salvador y Honduras estuvieron ausentes.

EFE. Archivo.

El grupo de naciones urgió a Managua restablecer un diálogo para superar la crisis sociopolítica que persiste en Nicaragua, que, lejos de menguar, recrudece.

“Durante el examen periódico universal, siete Estados también lo recomendaron (el diálogo) y si bien Nicaragua aceptó cuatro de esas recomendaciones, el diálogo hasta el día de hoy no se ha reanudado, a pesar del anuncio del presidente Daniel Ortega, en 2021”, recordó la ONU.

El Consejo finalizó recordando que las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada en todos sus informes “constituyen una hoja de ruta con acciones concretas para que Nicaragua diseñe soluciones en pos de superar la crítica situación actual, con apoyo de la comunidad internacional”.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más aplaudieron el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU sobre la crisis humanitaria que vive Nicaragua y pidieron acciones que reviertan la situación, especialmente en favor de los presos políticos.

“Pedimos al Consejo que exhorte al Estado de Nicaragua permitir la entrada de los mecanismos de protección de derechos humanos, y específicamente al Grupo de Expertos de Naciones Unidas para que corroboren el estado lamentable de más de 200 personas presas políticas y demandar su inmediata liberación”, dijo la representante del Cenidh y de la FIDH ante el diálogo interactivo del caso de Nicaragua en la ONU, Vilma Núñez.

La defensora también mencionó el caso de monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, a quien el régimen mantiene bajo arresto domiciliario desde el 19 de agosto pasado. Núñez lo considera un “desaparecido” puesto a que el régimen no lo ha mostrado públicamente.

Por parte de Managua, la procuradora general y ficha del régimen sandinista, Wendy Morales, respondió de forma telemática al informe, que rechazó totalmente, advirtiendo que el gobierno no acepta las recomendaciones que hace y que incluyen iniciar un diálogo nacional y liberar a los presos políticos.

Sostuvo que Estados Unidos y otros países occidentales usan esas recomendaciones “para tratar de someternos a su voluntad” y que en realidad se trata de “una forma de inmiscuirse en los asuntos internos de Nicaragua”.

(Con información de EFE).