“Cerrar organizaciones es silenciar a la sociedad civil”, dice Sergio Ramírez

El cementerio se agranda: Otras 25 oenegés fueron clausuradas por la dictadura Ortega-Murillo. Una de ellas es la Fundación Luisa Mercado, presidida por el escritor Sergio Ramírez, uno de los miles de exiliados por la persecución del régimen. “Con estas organizaciones confiscadas, ya suman más de un centenar de organismos castigados por el hecho de proclamar la libertad de asociación en Nicaragua. Alzo mi voz porque significa salir en defensa de la democracia”, aseguró el Premio Cervantes.

El escritor Sergio Ramírez, exiliado en España. EFE

La Asamblea Nacional controlada por el oficialismo canceló este miércoles la personería jurídica de 25 nuevas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, la Fundación Luisa Mercado, presidida por el escritor Sergio Ramírez, quien se exilió tras la apertura de un caso en su contra por la justicia nicaragüense. “Suprimir estas organizaciones y confiscar sus bienes no significa sino la pretensión de silenciar a la sociedad civil y terminar con todas las expresiones de libertad y democracia que este tipo de organizaciones ha llevado adelante”, aseguró esta tarde Ramírez.

Con este nuevo bolsón de oenegés clausuradas, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sumaría 161 fundaciones y asociaciones canceladas desde las protestas de abril de 2018. La gran mayoría de ellas no persiguen ningún fin político, sino que llevaban a cabo labores de asistencia humanitaria o trabajos con enfoque cultural, como es el caso de la Fundación Luisa Mercado, que durante seis años ha brindado educación musical a miles de jóvenes y niños de Masatepe. De hecho, la Fundación alberga una de las pocas bibliotecas no gubernamentales del país, con más de seis mil volúmenes de obras literarias.

“Estos son los delitos por los cuales se castiga a la Fundación, como se castiga a las demás organizaciones cuyos derechos han sido conculcados el día de hoy por razones similares”, agregó el escritor nicaragüense que durante la escalada represiva de 2021 fue citado por la Fiscalía nicaragüense en el marco del caso de supuesto lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), cuya expresidenta y precandidata presidencial, Cristiana Chamorro, fue declarada culpable. 

77 ONG clausuradas en lo que va del año

La defensora de los derechos de las mujeres en Nicaragua Sandra Ramos (c), acude a las instalaciones del Movimiento María Elena Cuadra con decenas de mujeres, para reclamar a la policía por obstaculizar su trabajo. EFE/Jorge Torres Archivo.

Durante los primeros meses de 2022, han sido clausuradas 77 oenegés. Según un análisis elaborado por la Fundación del Río y Popol Nah, en el que se denuncia la prohibición de la libertad de asociación en Nicaragua, más de mil organizaciones se encuentran en el blanco de la dictadura. 

El decreto de este martes, en el que se despojó de la personería jurídica a 25 nuevas organizaciones fue aprobado con 74 votos a favor provenientes de los diputados sandinistas. 

Otra de las entidades clausuradas fue la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que fungía como una organización independiente de defensa de los derechos humanos. De hecho, era la única instancia que todavía operaba en el país, ante la confiscación del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), a finales de 2018. Abogados y defensores de derechos humanos de la CPDH han sido perseguidos por la dictadura. El caso más reciente es el de María Oviedo, una defensora de presos políticos que fue condenada por el régimen a ocho años de cárcel por “atentar contra la soberanía nacional y propagar noticias falsas”. 

“No hay voluntad, por parte del Gobierno que hayan organismos de derechos humanos que estemos documentando los abusos que se cometen en este país”, señaló el secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona.

También fue clausurada la Coordinadora Nicaragüense de Organismos No Gubernamentales que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (Codeni), la Asociación Civil de Productores de Caña de Azúcar (Aprocari), la Red de Empresarias Nicaragüenses (REN), entre otras. 

El régimen justifica el cierre de estas organizaciones por supuesto incumplimiento con las obligaciones que mandan las leyes de Nicaragua. 

Cacería de oenegés

Plenario legislativo dominado por Daniel Ortega. EFE

La Asamblea Nacional controlada por el Frente Sandinista aprobó el 31 de marzo una nueva ley que restringe la participación política y legaliza las confiscaciones a organizaciones no gubernamentales que operan en Nicaragua. Con la nueva legislación se derogó la “Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro”, aprobada en 1992. Los sandinistas alegaron que la normativa ameritaba una actualización, tras 30 años de su entrada en vigencia. Sin embargo, al contrario de una mejora, un experto en el tema asegura que la principal intención es barrer de una vez a las oenegés que no tengan vinculación con el régimen. 

La nueva norma establece sanciones, e incluso intervención, a las oenegés “cuando corresponda”. Con ello, el Ministerio de Gobernación, a través de la Dirección General de Registro y Control de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), cuenta con la capacidad de solicitar la cancelación de las personerías jurídicas. En realidad, no es una práctica nueva. Desde las protestas de abril de 2018, las organizaciones de la sociedad civil han sido sometidas a fuertes presiones por parte del régimen para provocar, en la mayoría de las ocasiones, su cierre. Anterior a esta, la Ley de Agentes Extranjeros –conocida también como “Ley Guillotina”– obligaba a las oenegés y personas jurídicas que reciben fondos del exterior a registrarse ante el Ministerio de Gobernación como agentes extranjeros. 

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