A casi una semana del cierre de Radio Darío, su propietario, el periodista Aníbal Toruño, todavía no concibe cómo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo echó por la borda 73 años de historia que representaba dicha emisora de la ciudad de León, fundada por su padre Juan Toruño en 1949. “Para mí es doloroso porque es una herencia de lucha, de trabajo, de cárcel, de destrucción, tiene un valor sentimental…”, dice apesarado el empresario desde su exilio en Estados Unidos.
El guillotinazo a Radio Darío fue ejecutado por el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) el pasado 12 de agosto. El ente regulador basó su decisión en que la emisora local hizo modificaciones y alteraciones a la licencia con la cual operaba. “Cualquier argumento de Telcor es espurio, falso, mentiroso”, respondió Toruño a lo expuesto por la institución.
“Esa fue una muestra más al mundo de que la dictadura persigue a los medios que han sido íconos de la defensa de la libertad de expresión para Nicaragua… Quieren no solamente eliminar a Radio Darío sino controlar todo el espectro radioeléctrico del país”, dijo el periodista en una entrevista con DIVERGENTES.
El empresario está consciente de que en el contexto actual de represión y hostigamiento contra el periodismo independiente es “difícil” seguir operando en Nicaragua de manera tradicional, sobre todo su Radio Darío que, desde 2018 no ha dejado de sufrir ataques diversos (incendio, allanamientos y asedio de grupos civiles y policiales).
Sin embargo, Toruño busca una lectura optimista, viendo en esta acción represiva una oportunidad de reinventarse.
“En términos de medios tradicionales, yo diría que estamos llegando al final. Es bien caótico lo que estamos pasando. Esto sella una etapa en la que los medios de comunicación que quedan en Nicaragua van a trascender y evolucionar. Lo hemos venido haciendo en la radio digital, audiovisual y multimedia”, indicó.
Las últimos medios censurados
Tres días después del cierre de Radio Darío, el régimen Ortega-Murillo continuó su ataque contra Toruño y, el 15 de agosto, el organismo regulador, Telcor, canceló las licencias de transmisión de Radio La Guarachera, en Chinandega, y Radio Sky, en León, ambas pertenecientes a la familia del empresario.
“Ellos persiguen, no solo el cierre y callar una voz, sino también golpearme económicamente, cerrar cualquier posibilidad de generación de ingresos de la que pueda quedar en Nicaragua”, señaló Toruño.
Con la cancelación de estas tres radios ya son al menos, 18 los medios de comunicación o espacios informativos que la dictadura sandinista ha censurado en los primeros 15 días de agosto. De ese total, diez son emisoras pertenecientes a la Diócesis de Matagalpa, una de corte feminista, otras de perfil comunitario y comercial y dos canales de televisión ubicados en el norte del país.
Entre las emisoras clausuradas recientemente está también Radio San Carlos, que operaba en el departamento de Río San Juan y su programación no incluía contenido noticioso, aunque sí retransmitía programas de la Iglesia Católica. En una notificación del 15 de agosto, Telcor justificó el cierre alegando que sus dueños habían “modificado y alterado sustancialmente las instalaciones autorizadas”.
Dicho medio es propiedad del exalcalde liberal Silvio Linarte, también exiliado. “Lamentablemente, después de 23 años de estar al aire, en Radio San Carlos, 94.9 FM, cerramos nuestras transmisiones por disposición gubernamental”, escribió Linarte en sus redes sociales.
El régimen inició la nueva oleada represiva contra medios de comunicación en los dos primeros días de agosto, cuando clausuró en bloque diez emisoras pertenecientes a la Diócesis de Matagalpa, dirigida por el obispo Rolando Álvarez, quien además, la madrugada del 19 de agosto fue sacado por la fuerza de la Curia Episcopal de Matagalpa, donde se mantuvo retenido junto a otros laicos durante 15 días.
Las notificaciones enviadas por Telcor, cuya directora es Nahima Díaz Flores, hija del jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, señalan que estas emisoras de corte religioso no contaban con el “título habilitante vigente”, argumento que fue rechazado por monseñor Álvarez.
“Si ellos tienen razón yo mismo diré ante el pueblo que está correcto, que cierren nuestras radios, pero si no tienen la razón, que tengan la valentía y el coraje de decir que ellos se equivocaron o que ellos quieren, a propósito, cerrar nuestros medios de comunicación”, dijo Álvarez la noche del primero de agosto.
Las emisoras católicas cerradas son Radio Hermanos, Radio Santa Lucía de ciudad Darío, Radio Católica de Sébaco, Radio Nuestra Señora de Lourdes de la Dalia, Radio Nuestra Señora de Fátima de Rancho Grande, Radio San José de Matiguás, Radio Monte Carmelo de Río Blanco, Radio Alliens de San Dionisio, Radio Esquipulas, Radio Católica de Waslala.
“Creo que la proyección de medios de comunicación en Nicaragua casi se asemeja a lo que pasa en Cuba donde solo sobreviven los medios oficialistas. Con estos cierres, ellos están eliminando toda posibilidad de que pueda haber una opinión pública desde un medio de comunicación independiente”, dice al respecto el periodista Aníbal Toruño.
El otro medio clausurado fue la Radio Vos, de Matagalpa, de corte feminista, dirigida por la periodista Argentina Olivas. La noche del dos de agosto, la emisora informó que una delegación de Telcor llegó a sus instalaciones en compañía de la Policía para realizar una “revisión” de los equipos de transmisión. Sin embargo, horas después, notificaron la cancelación de su licencia de transmisión.
Telcor justificó el cierre por incumplimiento con el artículo 41 de la Ley Nº 200 sobre “Telecomunicaciones y Servicios Postales”, el cual establece que “las Estaciones de Radio no podrán suspender sus transmisiones, salvo caso fortuito o fuerza mayor, debiendo informar el titular de la licencia a Telcor, indicando las causas y los detalles de la normalización del servicio”.
La organización Alertas Libertad de Prensa Nicaragua informó el 17 de agosto, a través de Twitter, que Telcor también canceló la transmisión de Radio Sol, emisora ubicada en el municipio de Santa María de Pantasma del departamento de Jinotega, “aduciendo que la emisora transmitía de forma ilegal”.
“La comunicación oficial enviada a su propietario Manuel Antonio Mairena Castro, refiere que la emisora ‘no cuenta con título habilitante vigente’ y que opera con una potencia mayor a la que se le autorizó en su momento”, denunció la organización.
Dos canales locales de TV cerrados
El mismo dos de agosto Telcor ordenó sacar del aire al canal televisivo local RB3 “El Canal de la Zona Láctea”, que se transmitía bajo suscripción en Matagalpa. El argumento elegido por Telcor en este caso fue que, “no cuenta con autorización de este ente regulador para operar como un canal de contenido local”.
En declaraciones a DIVERGENTES, el periodista David Mendoza, propietario del medio, describió que la notificación del cierre de su medio “fue como un balde de agua fría; un duro golpe para mí”. Cuando la recibió, el periodista realizó de inmediato una transmisión en Facebook anunciando la clausura que impuso la dictadura sandinista a su canal. El periodista se mostró muy afectado emocionalmente tras anunciar que no aparecería más en televisión debido al cierre del medio. Al final de su presentación se quebró, tomó su cabeza con las dos manos y lloró. Este video se volvió viral.
El medio televisivo RB3 tenía una programación variada. Transmitía durante 24 horas continuas y contaba con el único noticiero de la localidad. Además de informar “sin sesgo político”, sus periodistas reporteaban sobre temas sociales que afectan a las distintas comunidades con el objetivo de encontrarles una solución a sus problemas.
Una semana después, el régimen sandinista continuó enfilando la represión contra el periodismo y, el diez de agosto, el canal NGTV anunció que Telcor había ordenado sacar del aire al Canal 3, que transmitía en el municipio de Nueva Guinea, en el sureste de Nicaragua.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) concluyó en un informe, presentado el mes pasado, que, después de cuatro años de crisis sociopolítica en Nicaragua, la dictadura Ortega-Murillo mantiene un régimen de “terror” y “miedo”, en un país donde se ha roto la institucionalidad democrática, el Estado de derecho, y hay una violación “grave y sistemática” de derechos humanos.
En meses anteriores, el gobierno también sacó del aire a tres medios televisivos religiosos, entre ellos, el canal 51, Canal Católico de Nicaragua, censurado el 20 de mayo. En junio, fueron eliminados de la parrilla de programación de la empresa Telecable los canales TV Merced, en el departamento de Matagalpa, y San José, en el departamento de Estelí.
Cierre de medios y exilio: arma “letal” contra la prensa
Para la organización independiente Article 19, que trabaja alrededor del mundo en la defensa de los derechos humanos, en los últimos meses, la libertad de expresión en la región centroamericana está sufriendo una “situación crítica”, marcada por la coacción a la participación cívica en todas las formas y la persistencia de la violencia en contra de periodistas y otros sectores de la sociedad.
“En este periodo confirmamos lo que los Estados están haciendo, de las leyes que crean y de las palabras que emiten un arma letal en contra de la prensa y de la defensa de derechos humanos. La narrativa estigmatizante en contra del pensamiento independiente se ha convertido en una justificante para emitir leyes y aplicarlas en contra de quienes critican al poder”, indicó el organismo.
Destacó que, en el contexto actual, el exilio es, para muchas personas que trabajan en el periodismo, la única solución para continuar su labor. “Esta es una tendencia que se incrementa dramáticamente en Cuba y Nicaragua, se consolida en Guatemala y Honduras y, se convierte en una nueva alternativa en El Salvador”.
De hecho, la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) registra que, desde 2018 hasta la fecha, un total de 140 periodistas han salido obligados al exilio a causa de las amenazas de cárcel de la dictadura por ejercer su derecho a informar. De ese total, 72 son varones y 68 mujeres, siendo los principales destinos de los comunicadores Costa Rica, Estados Unidos, España y México.
Previo a la cancelación de radios y canales de televisión locales, el régimen desató una nueva y silenciosa oleada de persecución contra el periodismo en Nicaragua: aparte del allanamiento de viviendas de fotoreporteros y personal de La Prensa –cuya redacción se mantiene confiscada desde agosto de 2021–, periodistas de otros medios de comunicación también recibieron acoso policial.
“Para Artículo 19 es importante repetir que este entramado legal es utilizado de manera cotidiana por las autoridades estatales para amedrentar, inhibir y criminalizar el ejercicio periodístico; así como limitar el potencial social positivo que representa una sociedad organizada robusta y vibrante”, aportó el organismo.