A ocho años de la represión iniciada en 2018, y a casi dos décadas del retorno al poder del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en 2007, posible gracias al contubernio de partidos políticos y liderazgos corruptos y prebendarios, Nicaragua sigue marcada por el deterioro de su vida democrática.

Frente a ello, las y los nicaragüenses continuamos trabajando por una Nicaragua en libertad, con justicia, sin corrupción y en democracia.

Desde entonces, Ortega y Murillo han desmantelado nuestro sistema democrático, concentrando el poder en una sola familia y eliminando cualquier forma de disidencia. Por ello, el régimen nicaragüense se compara a menudo con Corea del Norte. Vivimos bajo una dictadura total: no hay prensa libre, ni organizaciones civiles, ni partidos políticos independientes, ni libertad de credo o religiosa, ni de movilización de ningún tipo. 

En el 2018, salimos a las calles de manera pacífica a protestar por nuevos cambios constitucionales que afectarían a pensionados y jubilados. La dictadura respondió con balas, cárcel y persecución. Y desde entonces, la represión ha sido sistemáticamente planificada para causar daño, miedo e inmovilizar. Son incontables sus muertes y daños, así como múltiples son las formas de infringirlo. 

Justo este 19 de abril hablaba con alguien que, con dolor y lágrimas en sus ojos, me relataba que ahora ya no está más con su hijo. El régimen le ha negado su documento de identidad. No ella. A él. A su hijo. A un niño. 

Sentí su dolor. Yo misma lo he vivido en mi propia piel. Somos miles. Su relato es el pan de cada día de centenares en Nicaragua, y tiene consecuencias profundas y secuelas aún sin descifrar. Pero una cosa sí está clara: no es aleatorio. La represión es planificada y sostenida desde una maquinaria estatal orientada a controlar, castigar, infringir dolor e inmovilizar a la población. 

El Grupo de Expertos de la ONU (GHREN), junto con diversos organismos internacionales de derechos humanos, ha documentado y calificado estos hechos como crímenes de lesa humanidad. Actualmente, según el Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas, al menos 46 personas se encuentran encarceladas por motivos políticos en Nicaragua. 

Quiero mencionar el caso extremo de desaparición forzada de Brooklyn Rivera… Lleva casi tres años sin que su familia tenga información alguna sobre su paradero. O los casos de Salvadora Martínez y Angélica Chavarría. secuestradas por ser familia de…

Nicaragua se ha convertido en una prisión: un país donde disentir tiene consecuencias, donde la vigilancia y el miedo condicionan la vida diaria. Vivir en Nicaragua es un acto cotidiano de resistencia. 

Todos en el país viven bajo el dominio de una sola familia: Ortega y Murillo, quienes están decididos a mantenerse en el poder a toda costa. Se estima que al menos el 15% de la población del país ha debido abandonarlo por razones políticas. Esto representa la mayor ola migratoria de nuestra historia, incluso mayor que la de la guerra civil de los ochenta. Otra vez, esta expulsión masiva no solo tiene un costo humano devastador, sino que también genera efectos económicos: las remesas enviadas por quienes se han visto forzados a migrar representan aproximadamente el 25% del PIB. 

Hoy hay dos Nicaraguas: quienes están dentro y quienes no podemos regresar. Ambos mundos sobreviviendo con la mirada puesta en el reencuentro, en la alegría de vivir y de hablar sin temor a ser escuchado y por ello encarcelado o desaparecido. 

A ocho años de horror, exilio y persecución, es imprescindible ponerle fin. Liberar a todas las personas presas políticas y cerrar la puerta giratoria de las cárceles y la represión; garantizar el retorno seguro de quienes hemos sido forzados al exilio; y permitir el ingreso de organismos internacionales de derechos humanos, junto con el restablecimiento de las libertades religiosas, de organización y de movilización. Estos son los pasos previos indispensables para lograrlo. 

Una transición a la democracia deberá incluir, posteriormente, un proceso electoral que nos permita vivir en medio de nuestras diferencias y dirimirlas en el terreno democrático y de respeto a los derechos humanos. 

A ocho años, las y los nicaragüenses, estemos dentro o estemos fuera, no buscamos simplemente un cambio de liderazgo bajo el mismo sistema dictatorial o lógica autoritaria de ejercicio del poder, ni una solidaridad simbólica. Necesitamos alianzas que reconozcan que nuestra lucha por la democracia y los derechos humanos en Nicaragua es lo único que la dictadura puede ceder. 

Como feminista y progresista, soy una convencida de que la democracia no puede sobrevivir sin el respeto a los derechos humanos de todas y todos. El riesgo de no hacerlo es que esos hijos a los que no dejan salir o entrar no logren dar el salto, y una vez en situaciones de liderazgo futuras, no estén motivados a generar contextos en donde el poder que ostenten sea una herramienta de compasión y servicio, sino una en la que –una vez más– el odio, el miedo al diálogo y a la escucha en la diferencia, el horror y el abuso, vuelvan a escupirnos en la cara. 

Construir una Nicaragua libre, justa y democrática requiere de acción política y liderazgos que generen contextos motivados por la compasión, entendida como el respeto efectivo de los derechos de todas las personas de ser, vivir y pensar en libertad y con un ejercicio del poder público orientado al servicio y no al control. 

A ocho años de aquel abril, las y los nicaragüenses seguimos sosteniendo el sueño de vivir en nuestra tierra, de ser libres y de construir oportunidades en nuestro país. 

Lo hacemos para que nunca más nadie sea separado de quienes ama por usar su voz, por ser feminista o progresista. Para que mi hija, junto a miles de otros niños, pueda recuperar lo que también les ha sido arrebatado: su casa, su escuela, sus amigos, su familia, su país.