La imagen de las dictaduras del siglo XX en América Latina solía estar asociada a generales enfundados en uniformes verde olivo, reunidos en juntas militares en las que decidían el destino de sus países. El régimen liderado porDaniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, ambos copresidentes, por el contrario, dista de esas escenas clásicas en las que el poder se concentraba en los cuarteles.
Ahora se trata de cargos civiles ocupados dentro de una misma familia. Más que a las juntas militares latinoamericanas del pasado, algunos rasgos del sistema nicaragüense actual recuerdan a modelos personalistas y patrimonialistas observados en otras regiones. En Guinea Ecuatorial, por ejemplo, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo gobierna desde 1979 y ha promovido a su hijo, Teodoro Nguema Obiang Mangue, a la vicepresidencia, consolidando un esquema de poder centralizado en su núcleo familiar.
En este tipo de régimen, el poder no se distribuye entre instituciones, ni se somete a contrapesos, más bien se concentra en una familia, que controla tanto la administración civil como los mecanismos de coerción del Estado.
La sucesión tampoco se proyecta como un proceso institucional, sino como un asunto familiar: los hijos asumen roles estratégicos y se convierten en herederos potenciales de la autoridad, asegurando la continuidad del poder más allá de la pareja gobernante. Y al igual que en Guinea Ecuatorial, donde la familia Obiang ha transformado el Estado en un aparato patrimonial, en Nicaragua la consolidación del control familiar de los Ortega Murillo asegura el dominio político y la distribución de recursos económicos y estratégicos, perpetuando un modelo donde el Estado y la familia se confunden.
Una dictadura personalista
Esta omnipresencia de la familia Ortega-Murillo en los ejes políticos y económicos del país confirma la deriva hacia un modelo personalista. Steven Levitsky, politólogo y profesor de Gobierno en la Universidad de Harvard, apunta en declaraciones a DIVERGENTES que la dictadura de Nicaragua es más personalista que una dictadura militar.
Levitsky es un estudioso del autoritarismo y en diferentes informes plantea que el colapso de la frágil democracia nicaragüense comenzó poco después de que Ortega, regresó al poder en 2006 hasta convertir al régimen en una dictadura en toda regla.
Aunque el Ejército y la Policía mantienen un peso estratégico dentro del Estado, su papel no define por sí mismo la naturaleza del régimen. La Policía actúa como fuerza de acción directa frente a la disidencia, mientras que el Ejército asegura la estabilidad general y respalda a la familia gobernante, sin convertirse en un actor independiente que pueda disputar el poder.
Binomio Ortega-Murillo sin precedentes
Este equilibrio permite que Ortega y Murillo centralicen el control, al tiempo que proyectan un esquema de continuidad dinástica: los hijos, como Laureano, comienzan a ocupar posiciones visibles y estratégicas dentro del aparato estatal, consolidando un modelo en el que la familia se convierte en el verdadero eje de la autoridad.
Cynthia Arnson, profesora adjunta de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Johns Hopkins y exdirectora del Programa Latinoamericano del Wilson Center, explica a este medio que la dictadura nicaragüense exhibe un nivel de personalismo absoluto con el dominio total de los aparatos de seguridad.
“El régimen combina ambos aspectos, un nivel de personalismo relacionado con las figuras de Ortega y Murillo, basado en el control absoluto del aparato militar y policiaco. El régimen de Ortega es autoritario y represor”, dice.
Para Arnson, la concentración de poder en la pareja presidencial carece de precedentes cercanos en el continente. A diferencia de otros binomios históricos en la región, como los Perón o los Kirchner en Argentina, agrega, la estructura en Nicaragua ha prescindido de la inclusión populista, tanto a nivel político como económico, para priorizar un sistema de control y represión.
La letalidad del Ejército
Cuando el general Julio César Avilés asumió su cuarto período consecutivo como jefe del Ejército en febrero de 2025, ratificó su subordinación absoluta a la familia Ortega-Murillo. En su discurso de juramentación sentenció que “nada ni nadie nos hará cambiar la firme determinación de avanzar junto a nuestro pueblo y autoridades supremas”.
Avilés no solo es el oficial militar que más tiempo ha permanecido en la jefatura de la institución, también es el responsable de dinamitar la línea de sucesión y la profesionalización de un cuerpo castrense convertido hoy en uno de los pilares que sostiene a la dictadura.
Esa permanencia indefinida en el mando ha tenido un costo documentado en los informes de derechos humanos. La cadena de mando bajo Avilés permitió que personal y armamento de guerra del Ejército se integraran en la represión estatal durante las protestas cívicas de 2018. Según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el despliegue de francotiradores y el uso de fusiles de precisión durante las manifestaciones evidenciaron una cooperación con el cuerpo castrense que transformó a la institución nacional en uno aparato represivo más del proyecto familia de los Ortega Murillo.
Pero, ¿cuál es el rol del Ejército dentro del régimen?
En primer lugar, el rol del Ejército ha dejado de ser estrictamente castrense para volverse en un entramado corporativista. Ortega ha robustecido los millonarios negocios de los militares como una estrategia para asegurar su fidelidad, convirtiendo a la institución en un actor económico con intereses en sectores estratégicos. A través del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), el cuerpo gestiona un holding que incluye inversiones en el sistema financiero, bienes raíces, servicios médicos y la industria de la construcción. Esta billetera propia permite que los altos mandos operen con una autonomía financiera que, en la práctica, los convierte en socios del Ejecutivo en la administración de los recursos del Estado.
Esta asociación económica ha generado lo que analistas definen como un “capitalismo de amiguetes”. Los generales ya no solo responden a las órdenes del “Jefe Supremo”, que son Ortega y Murillo, sino que protegen la estabilidad de sectores económicos que ellos mismos dominan.
Militarización de instituciones públicas
El esquema se completa con la militarización de las instituciones públicas donde figuras como el general en retiro Oscar Mojica, al frente del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), actúan como operadores de confianza para la ejecución de proyectos millonarios.
Al fusionar a militares con la gestión del capital, Ortega ha logrado que cualquier amenaza a su permanencia en el poder sea interpretada por los mandos del cuerpo castrense como una amenaza directa a su patrimonio personal e institucional.
Las sanciones de Estados Unidos alcanzaron a altos dirigentes del cuerpo castrense en 2020, entre estos su jefe, el general Julio César Avilés, y generales del IPSM.
“El Ejército tiene intereses económicos”, resume el analista político Eliseo Núñez. Tanto él como el opositor Irving Larios consideran que los militares nicaragüenses operan bajo una lógica similar a la de sus homólogos en Cuba. En la isla, el conglomerado GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.) controla sectores estratégicos como el turismo, la banca y el comercio exterior, convirtiendo a las fuerzas armadas en el verdadero administrador del Estado.
En Nicaragua, el IPSM funciona como esa caja económica que amarra la lealtad de los oficiales a la estabilidad del régimen. A ello se suma la entrega de propiedades a altos mandos militares por parte del Ejecutivo.
Sin embargo, a diferencia del modelo cubano en el que el Partido Comunista es la institución suprema, en Nicaragua esa estructura empresarial está supeditada a la voluntad de una familia. Mientras en Cuba el Ejército es el sistema, en el modelo de El Carmen, la institución castrense actúa como un contratista preferencial del “sultanato”.
Además de las fronteras, los generales del Ejército custodian también la rentabilidad de sus inversiones inmobiliarias, financieras y comerciales, cuya vigencia depende de que los Ortega-Murillo permanezcan en el poder.
Ejército de Nicaragua, el cerebro de la represión
Al margen de ello, el control del país se sostiene sobre un sofisticado engranaje de vigilancia. Para Larios y Núñez, el Ejército es el cerebro detrás del aparato de inteligencia y el arquitecto que define los alcances de la represión.
Existe, sin embargo, una discrepancia de fondo sobre la naturaleza del sistema: mientras Levitsky y Arnson lo definen como un régimen personalista, Larios sostiene que la función primordial de los militares es actuar como la reserva estratégica del Estado policial. Bajo esta premisa, la institución castrense es el seguro de vida del régimen, diseñada para intervenir y apoyar a la Policía Nacional en caso de que su capacidad coercitiva sea desbordada, tal como ocurrió durante el levantamiento cívico de 2018.
Esta especialización de funciones en el aparato represivo plantea un dilema de supervivencia para la jefatura militar. Según Núñez, el Ejército ha priorizado las labores de inteligencia, delegando la ejecución de la violencia política en la Policía Nacional. No obstante, esta tarea entraña un peligro institucional: que la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP) de la Policía termine desplazando al cuerpo castrense en la jerarquía de confianza del régimen.
Es decir, agrega Núñez, existe el riesgo, para los generales de quedar subordinados a una fuerza que actúa como la guardia pretoriana directa de la familia dictatorial. Al ceder el manejo operativo y el control territorial a los mandos policiales, el Ejército se expone a que esta unidad de represión sea utilizada no solo para sofocar protestas, sino para neutralizar cualquier amago de control que intenten imponer en cualquier momento al régimen. De momento, dice él mismo, no se avizora un quiebre en la cúpula militar.
Al final, el Ejército parece mostrarse convencido de participar en la gestión de Nicaragua como si se tratara de un “sultanato”, al estilo de los Obiang en Guinea Ecuatorial. El futuro del cuerpo castrense ha quedado así atado a una apuesta de supervivencia familiar, hipotecando su razón de ser a la permanencia de los Ortega-Murillo en el poder.