La reciente aprobación de la Ley Renacer en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, a la que solo le falta la firma del presidente Joe Biden para entrar en vigor, autoriza a la actual administración norteamericana a valorar la relación comercial que existe entre Nicaragua y Estados Unidos, a través del acuerdo comercial del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta).
Según el politólogo, Manuel Orozco, la aprobación de esta ley puede tener implicaciones en las tarifas arancelarias, ya que pueden ser impuestas a discreción de Estados Unidos, así como eliminar los beneficios de comercio exterior con Nicaragua.
Es un “golpe diplomático grande”, dijo Orozco. El país norteamericano es su mayor socio comercial: el 62 por ciento ($3.4 mil millones de dólares) de las exportaciones en Nicaragua van a ese país y el 30 por ciento ($1.8 mil millones de dólares) de las importaciones en Nicaragua llegan de allí. Este intercambio comercial representa un porcentaje fuerte del Producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua, una economía de $12 mil millones de dólares.
“Esto sienta un precedente importante no solo sobre Nicaragua, sino sobre otros países miembros, como Honduras, Guatemala o El Salvador que podrían ser sujetos a tal consideración”, señaló Orozco.
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Otra de las consecuencias que advierte Orozco, de acuerdo al marco del Cafta, es que los inversionistas de call centers que están operando en el país, “están reconsiderando su presencia ante la presión de Estados Unidos”.
Una de las respuestas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo puede ser imponer tarifas a las importaciones de bienes y servicios de Estados Unidos. Pero esto significa “estrangular más al nicaragüense, tanto al productor como al consumidor”.
Orden de detener ayuda económica a Nicaragua
Desde ahora, para el Congreso de Estados Unidos, la participación de Nicaragua en el Cafta “es cuestionable”. Para Orozco, los mandatarios nicaragüenses han creado las condiciones para cuestionar su participación.
“Han violado los dos acuerdos laterales de derechos laborales y protección al medio ambiente. En el referente a derechos laborales, la forma abierta en cómo ha ejercido el gobierno intimidación contra trabajadores, en cómo ha favorecido desproporcionadamente a traves del clientelimo político y económico a los miembros sindicalistas sandinistas, en detrimento del resto de la población, ya constituía una violación al acuerdo”, dijo Orozco.
Otra de las partes que destacan, por ahora, es la orden a representantes de Estados Unidos en multilaterales financieras para detener la ayuda económica al gobierno de Ortega. La sección 4 dice: “El Director Ejecutivo de los Estados Unidos en cada institución financiera internacional descrita en el párrafo (1) utilizará la voz, el voto y la influencia de los Estados Unidos para alentar a esa institución a aumentar los mecanismos de supervisión para préstamos nuevos y existentes o asistencia financiera o técnica proporcionada para un proyecto en Nicaragua”. Más adelante dice: “asegurar que todos los préstamos y asistencia financiera o técnica a Nicaragua sean consistentes con los objetivos de política exterior de los Estados Unidos”.
En uno de los incisos, la Ley ordena sanciones para “personas o entidades afiliadas a negocios involucrados en transacciones financieras corruptas con funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega, su partido o su familia”.
“Los responsables son Ortega y Murillo”
La socióloga y activista Haydée Castillo dijo que estas medidas van a afectar directamente al régimen, “como expandir la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras a Nicaragua, pero siempre, cuidando, para proyectos humanitarios”. Sin embargo, considera que la revisión del tratado comercial con Estados Unidos “es una medida que sí tendría repercusiones en la vida de los nicaragüenses”.
Según Castillo, uno de los puntos fuertes de esta ley es que la diplomacia estadounidense se alineará para aplicar sanciones selectivas contra “ciertos nicaragüenses que han desmantelado la institucionalidad por los que no se han tenido elecciones libres, justas y transparentes”.
“Los únicos responsables de que diferentes países pasen a determinar marcos jurídicos de presión, como la Ley Renacer, es la pareja Ortega Murillo”, dijo Castillo “Desde 2018 la comunidad internacional ha sido excesivamente paciente, así como el pueblo de Nicaragua, ofreciendo salidas pacíficas y diplomáticas que no han tenido ningún efecto, porque este régimen está obsesionado por mantener el poder por la fuerza”, agregó.
Estos son los componentes que la Ley Renacer instruye que haga el poder Ejecutivo de Estados Unidos:
- Revisión de la participación de Nicaragua en el Cafta.
- Restricciones a las instituciones financieras internacionales.
- Sanciones dirigidas a avanzar en las elecciones democráticas.
- Desarrollo y aplicación de una estrategia coordinada de sanciones.
- Inclusión de Nicaragua en la lista de países sujetos a corrupción.
- Informe clasificado sobre la participación de los miembros de la familia Ortega Murillo en corrupción.
- Informe clasificado sobre las actividades de Rusia en Nicaragua.
- Imposición de sanciones bajo la sección 231 contra los adversarios de Estados Unidos mediantes sanciones.