El régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que utilizó el femicidio de la joven tiktoker Junieysis Adely Merlo Espinoza con fines de oportunismo propagandístico y exigió respuestas a Costa Rica, ahora bloquea el ingreso del abogado costarricense Joseph Rivera, quien representa a su familia.
El jurista costarricense dijo a DIVERGENTES que esta decisión –comunicada a pocas horas de un viaje programado– interrumpe trámites legales, afecta el avance del proceso penal y la disputa por la custodia de las dos niñas que dejó la víctima, en un caso que depende de la participación activa de sus familiares.
Rivera tenía previsto viajar a Nicaragua el sábado 25 de abril, tras organizar una visita a los municipios de San Juan de Río Coco y Telpaneca, en Madriz, donde habitan los padres de la joven. El objetivo era reunirse con ellos, explicar el estado del proceso judicial en Costa Rica, gestionar documentación, firmas, y definir la estrategia legal tanto para el juicio como para el proceso de custodia.
El abogado penalista, especializado en derechos humanos y litigio internacional, sostiene que la negativa del régimen a permitir su ingreso a Nicaragua afecta directamente la preparación del caso y limita la participación de los familiares en el proceso judicial.
Rivera cuestiona que, en lugar de facilitar el acceso a la justicia, la actuación del régimen sandinista introduce obstáculos en un caso que requiere coordinación con la familia de la víctima. Señala que la falta de acompañamiento institucional y las restricciones impuestas no solo afectan su labor como abogado, sino que impactan directamente en las posibilidades de avanzar en el proceso.
Consecuencias legales del bloqueo
El abogado advierte que el efecto de la negativa del régimen para impedir su ingreso a Nicaragua no es menor y puede tener efectos negativos en el desarrollo del caso. En su análisis, la imposibilidad de coordinar con los familiares y de garantizar su participación en el proceso judicial puede derivar en escenarios de impunidad.
“No podemos hablar de falsas promesas de que ‘sí te ayudo’ o ‘no te ayudo’. Las cosas son como son. Eso suena muy cruel, pero eso es lo que quiere el Gobierno Ortega-Murillo: el aumento de la impunidad”, sostuvo.
El abogado explica que teme que los familiares de Junieysis tampoco puedan salir de Nicaragua por restricción del régimen, cuya presencia es necesaria para sostener la acusación y dar seguimiento a las diligencias. Sin esa participación, el proceso pierde fuerza y puede abrir la puerta a fallas en la persecución penal.
“Este caso puede quedar en absoluta impunidad, eso es lo que está causando el régimen de Nicaragua al impedirme entrar a su país”, recalcó.
Custodia condicionada por restricciones
En relación con la custodia de las niñas de cuatro años de edad que dejó Junieysis en la orfandad, Rivera explica que el proceso depende de gestiones legales, que ahora se ven limitadas por la imposibilidad de coordinar directamente con la familia en Nicaragua. Señala que, al tratarse de menores nacidas en Costa Rica, el caso se rige por la legislación de ese país, y no por decisiones o gestiones impulsadas desde instituciones nicaragüenses.
El abogado desestimó el alcance de las acciones anunciadas por el régimen Ortega-Murillo que en medio de un despliegue mediático ha dicho que apoyaría a la familia para el traslado de las niñas al país de origen de la mamá. “Todo eso que habla Nicaragua, con todo respeto, de que el Ministerio de la Familia… eso no tiene validez aquí en Costa Rica. Las chicas son ticas”, afirmó.
Rivera sostiene que el proceso de custodia requiere el cumplimiento de requisitos específicos dentro del marco legal costarricense, lo que implica la presencia física de los familiares interesados. Según explica, no basta con gestiones desde Nicaragua. ni con declaraciones oficiales.
Proceso tiene que ser en Costa Rica
“La única forma es que la hermana venga para Costa Rica, tenga una casa, pase por trabajo social y psicología. Lamentablemente, yo iba por unos documentos para hacerlo aquí en Costa Rica en representación de ella, pero con esta situación, imagínese mi desplome”, indicó.
También advierte que desconocer estos procedimientos o intentar intervenir desde fuera del marco jurídico aplicable, solo retrasa el proceso. En su criterio, las acciones del régimen reflejan una falta de comprensión sobre cómo operan estos casos en el ámbito internacional.
“Ellos se quieren brincar las normas de derecho internacional… nacieron en Costa Rica, son costarricenses por el ius soli (derecho de ciudadanía por nacimiento en el territorio), entonces se aplica una ley diferente”, explicó.
Rivera advierte que si la familia no logra cumplir con los requisitos exigidos, las decisiones sobre el futuro de las niñas pueden alejarse de su entorno materno. “Las niñas podrían pasar de por vida en un albergue o en manos de la familia del asesino”, señaló.
Las razones detrás del bloqueo
El abogado vincula la negativa del régimen con su perfil profesional y su trabajo en casos de derechos humanos y de carácter internacional. Relata que una funcionaria de la embajada de Nicaragua en Costa Rica, a quien prefiere no citar por motivos de seguridad, le indicó que el problema estaba relacionado con unos viajes a Washington que hizo en 2018 y 2022, así como su participación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y unas publicaciones críticas recientes sobre regímenes autoritarios, en el marco de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Según su versión, estas actividades llevaron a que fuera considerado una figura incómoda para el régimen nicaragüense. “El Gobierno Ortega-Murillo dice que yo soy un infiltrado de la CIA. Imagínese usted”, afirmó entre risas.
“Como yo no estoy de acuerdo con los regímenes dictatoriales, y además hice un artículo en un periódico digital que se llama El Mundo, sobre Estados Unidos, Venezuela y ese tipo de gobiernos, a raíz de eso es que me dejaron sin la oportunidad de ingresar”, agregó.
¿Apoyo del régimen a la familia?
Las versiones sobre el acompañamiento que el régimen sandinista ha dado a la familia de Junieysis contrastan entre lo que expresan algunos familiares y lo que sostiene la defensa legal. Mientras, Wilder Merlo, hermano de la joven asesinada, señala que existe comunicación fluída con autoridades nicaragüenses, el abogado Joseph Rivera afirma que no ha habido un respaldo efectivo y que la familia enfrenta un contexto de represión.
Rivera indica que los familiares no le han manifestado directamente amenazas, pero sabe que están bajo presión. “Ellos no pueden hablar, como los presos políticos… están totalmente amenazados. Si dicen que los apoyan es porque deben estar amenazados por el Gobierno o el Ejército”, afirmó.
Junieysis Merlo, de 29 años, fue vista por última vez el 31 de marzo de 2026. Su desaparición se denunció el 2 de abril y su cuerpo fue hallado el 9 de abril, enterrado en una fosa dentro de la vivienda donde residía en San José. El principal sospechoso es su pareja, Gustavo Ramírez, de 57 años, quien permanece en prisión preventiva mientras el caso es investigado como femicidio por las autoridades costarricenses.