La declaración de Daniel Ortega de “borrón y cuenta nueva”, el pasado 10 de enero durante su auto-toma de posesión, es un mensaje que apunta a reafirmar la decisión de evadir que se le juzgue por los crímenes de lesa humanidad que ha cometido a raíz de las protestas de abril de 2018, según la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez.
El mensaje de Ortega ha sido confuso. El propio presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, un incondicional de la pareja de mandatarios y quien fue el encargado de juramentar, dijo el día siguiente, el martes, que “borrón y cuenta nueva” no significaba “amnistía” y que los 170 presos políticos “tienen que recibir su castigo, tienen que ser investigados y juzgados”.
Lo que dijo Ortega el lunes fue lo siguiente: “nuestra meta es darle continuidad a la buena marcha que traíamos hasta abril (2018). Es borrón y cuenta nueva, y vamos adelante queridos hermanos nicaragüenses, construyendo paz para combatir la pobreza”.
Porras interpretó el mensaje de Ortega como “ya pasamos este trago amargo, ya demostramos que podemos superar y volvemos a la senda de la paz”. No obstante, la defensora de derechos humanos, Vilma Núñez, dijo que el mensaje fue “una apelación a la permanencia de la impunidad de todas las atrocidades y violaciones a los derechos humanos” que la pareja en el poder ha cometido desde 2018.
Recibe nuestro boletín semanal
Para Núñez, Ortega y Murillo están en una posición de fuerza y empecinados en mantenerse en el poder a toda costa. “Entonces piensan impulsar ese ‘borrón y cuenta nueva’ escogiendo a sus interlocutores”.
Núñez dijo que está a favor de un diálogo como un mecanismo de solución de conflictos. Sin embargo, en estas circunstancias “no se puede dialogar” porque Ortega y Murillo continúan con la misma actitud de evadir los crímenes de lesa humanidad que cometieron. “No se puede usar y manosear el diálogo para perpetuarse en el poder”.
La defensora de derechos humanos afirmó que lo que hizo Ortega fue un llamado a que se olvidaran los crímenes y las muertes, mientras en las cárceles “los presos políticos se están muriendo”. La defensora puso el ejemplo del general del Ejército en retiro, Hugo Torres, quien es público que no está en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocido como el Chipote. Torres fue el único preso político que no recibió visita familiar en los primeros días de este año. Se ha informado extraoficialmente que se debió a que se encontraba mal de salud y fue trasladado a un hospital. “Nuestra preocupación es que los presos políticos colapsen en estas situaciones”, dijo Núñez. “Si empiezan a morir, serían muertes provocadas”, agregó.
“Incertidumbre después de la farsa electoral”
Con las elecciones presidenciales del año pasado hubo expectativas de un cambio político para resolver la grave crisis. Sin embargo, “Ortega se dedicó a seguir violando derechos políticos y se encargó de destruir ese mecanismo (elecciones) e imponer una farsa electoral”, según Núñez. De acuerdo a la defensora de derechos humanos lo que se percibe en Nicaragua, después de la farsa electoral, es “incertidumbre porque los mandatarios se afianzaron”.
Durante el período electoral, la Asamblea Nacional, controlada por el partido sandinista, aprobó una serie de reformas a la Ley Electoral que le dio más control del proceso a la pareja gobernante. Luego, el congreso eligió a los diez magistrados—siete titulares y tres suplentes— del Consejo Supremo Electoral (CSE) que son afines al partido sandinista, entre ellos, el antiguo presidente de este poder del Estado, Lumberto Campbell, sancionado por corrupción por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Con el control del tribunal y las leyes, el régimen emprendió la captura de los liderazgos políticos. En primer lugar, inhibió a tres partidos políticos que se ofrecieron como casilla para que la oposición participara. Luego, arrestó a los aspirantes presidenciales, líderes de partidos políticos, periodistas, analistas, empresarios, defensores de derechos humanos, entre otros ciudadanos. A los dirigentes del último partido político opositor en la contienda, Ciudadanos por la Libertad (CxL), los persiguió y capturó, mientras otros huyeron por veredas a los países vecinos, como Costa Rica.
No se descarta sanciones contra Ortega
Este martes, la subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Emily Mendrala, dijo que el pasado siete de noviembre, Ortega y Murillo “montaron un simulacro electoral”, para lo cual Estados Unidos seguirá utilizando las “herramientas diplomáticas y económicas para apoyar el reclamo del pueblo nicaragüense de libertad, rendición de cuentas y elecciones libres y justas”.
Entre otros temas, Mendrala señaló que el reciente restablecimiento de relaciones con China y la ruptura con Taiwán “precipitan” a Nicaragua al autoritarismo. A su vez informó que pese a desconocer a los mandatarios, Estados Unidos mantendrá su embajada funcionando en Managua porque “es útil” para los ciudadanos. Sobre las presiones a Nicaragua, la funcionaria dijo que no se descartan sanciones contra el propio Daniel Ortega. “Se está estudiando a fondo la Ley Renacer para saber cuáles son sus alcances”, dijo Mendrala, quien apostó a que se apliquen sanciones en combo con otros países porque “son efectivas”.