El mazo de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo golpea con fuerza las instituciones estatales. Las medidas que ha tomado la pareja presidencial en las últimas semanas: despidos de centenares trabajadores de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una nueva Ley que recorta las liquidaciones laborales, y los nuevos formularios que son obligados a llenar, muestran que actualmente ser trabajador del Estado no es fácil. Los ojos del partido sandinista están sobre ellos.
“La amenaza es contra nosotros”, dijo un trabajador de la Dirección General de Aduanas (DGA), en anonimato. Este trabajador explica que el control se ha incrementado en el último año y medio, con el asedio en sus redes sociales. “Yo no puedo publicar nada crítico en mi Facebook personal, o en mi estado de WhatsApp, porque sé que me están controlando”, agrega.
Este trabajador también dice que los obligan a integrarse a grupos de WhatsApp de la Unidad de Victoria Electoral (UVE) de cada institución, para que compartan informaciones o noticias del partido sandinista o reciban instrucciones de asistir –por obligación– a una marcha, acto conmemorativo o una reunión política.
DIVERGENTES conversó con tres trabajadores de diferentes instituciones públicas, en anonimato, que cuentan cómo se vive el clima entre los empleados públicos. Refieren que se encuentran decepcionados de ver como pierden sus derechos laborales, en zozobra de que los despidan. Dos de los empleados públicos consultados dicen sentir temor por el acoso del que son víctimas en sus puestos de trabajo.
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“No somos ciegos. Vemos las arbitrariedades”
“Las medidas que se toman afectan directamente al trabajador estatal e incluso la gente que se consideraba como sandinista o militante sandinista”, dice Julio, el seudónimo de uno de los trabajadores consultados.
“Una cosa es que uno esté de acuerdo con el partido y sea militante, pero otra cosa es ser ciego y las medidas que están tomando, definitivamente lo menos que están haciendo es beneficiando a los trabajadores”, agrega Julio.
El pasado 23 de noviembre, la Asamblea Nacional, controlada por el partido sandinista, aprobó la Ley del Cálculo de la Indemnización por Antigüedad en caso de renuncia de los trabajadores del Estado.
La nueva Ley establece que los trabajadores del sector público tendrán derecho a la indemnización por antigüedad en caso de renuncia, pero sólo a partir de los tres años de servicio continuo. De esta manera se elimina el derecho a la indemnización por antigüedad desde el primer año de trabajo, como estaba establecido hasta ahora.
Además, las indemnizaciones por antigüedad en caso de renuncia se reducirán. Por ejemplo, una persona que trabajó durante 10 años de forma continua recibirá el equivalente a un mes de salario, cuando antes tenía derecho a tres meses de salario (por los tres primeros años de trabajo) y 140 días de salario (20 días por cada uno de los 7 años restantes).
El zarpazo a las liquidaciones laborales
La nueva Ley somete a los trabajadores a laborar 20 años de forma seguida para gozar de los beneficios que antes se conseguían en 6 años. El derecho que antes adquirían en un año, ahora lo alcanzarán a los tres.
Esta Ley no aplica a los trabajadores del sector privado, es decir, los trabajadores públicos serán los perjudicados con este cambio. “Regular las indemnizaciones por antigüedad es una de las medidas que se requieren impulsar para que permanezca el respeto al derecho de los trabajadores ante la renuncia”, justifica el documento de aprobación.
Un experto en derecho laboral consultado dijo que la demora en el pago de indemnizaciones es una mala praxis del régimen sandinista desde hace varios años.
“El problema es que en el presupuesto de las instituciones no están consignadas las indemnizaciones por despidos, entonces las instituciones siempre demoran los pagos a los despedidos o, simplemente, no les pagan”, agrega.
El jurista dijo que el Ministerio del Trabajo arbitrariamente ha establecido que el derecho a reclamar liquidaciones por despidos prescribe al año. “Entonces lo que buscan es hacer tácticas dilatorias para demorar un año, y luego no pagar, o simplemente les dicen que no hay fondos en las instituciones públicas”, señala el experto.
Despidos en la Corte y amenazas a policías
La nueva normativa se anunció luego de la crisis que vive el partido con los despidos masivos de trabajadores en la Corte Suprema a nivel nacional, según han reportado varios medios de comunicación.
Hasta la fecha, se tiene información de las destituciones de facto de tres magistrados: Alba Luz Ramos, presidenta de este poder del estado, Yadira Centeno y Virgilio Gurdián. Además, se ha reportado una barrida de decenas de altos funcionarios en todos los niveles del poder judicial.
Varios de estos funcionarios despedidos han sido interrogados o llevados a la cárcel, y se les ha negado el pago de indemnizaciones, según fuentes en el poder Judicial.
Por otro lado, en julio de este año, se reformó la Ley de Organizaciones, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional (872), que eliminó el carácter “profesional y apolítico” de la institución y que impone cárcel a quienes deserten de sus filas. Esto ha provocado inseguridad y nerviosismo entre los oficiales que integran la estructura policial, principalmente por el tema de la amenaza de cárcel.
“La reforma pretende restringir las deserciones. El objetivo es meter miedo a cualquier agente, grande o pequeño, para que no se vaya. Este es el primer mensaje claro: si te vas, primero caés preso”, explicó a DIVERGENTES una alta fuente vinculada a la Policía Nacional.
150 mil trabajadores públicos
Hasta 2020, en Nicaragua se contabilizaban al menos 150 mil trabajadores públicos, según estadísticas oficiales. Es un sector en su mayoría sandinista.
Esto porque para aplicar a una plaza de trabajo, es necesario el aval del partido de la dictadura. Pero, entre sus filas hay funcionarios que están en desacuerdo con las políticas del régimen. Sin embargo, tienen temor de perder su trabajo por protestar.
Los empleados públicos son obligados a participar en actividades sandinistas, sufren despidos sin indemnización, están sometidos al monitoreo de los operadores del partido de más alta jerarquía, según los trabajadores consultados.
Juan, uno de los servidores públicos, dijo que en la institución que trabaja sus compañeros no tienen temor de caer presos o que los destierren, sino de perder sus empleos o irse de viaje y que no les sea permitida la entrada al país. “La gente está con miedo, anda con esa zozobra todo el tiempo”, dice.
Roberto, otro empleado público, dice que después de los despidos en la Corte Suprema de Justicia, el ambiente “empeoró” en su trabajo. “No se sabe si nos van a correr, si van a rodar las cabezas de algunos que no van a reuniones o actividades del partido”, agrega. “Nadie se confía, nadie está tranquilo. No sabés en qué momento te corren a vos”, señala.
Sindicatos son leales a la dictadura y no a los empleados públicos
Todo esto ocurre mientras los sindicatos, que deberían velar por los derechos laborales, no dicen una sóla palabra al respecto. Para ello hay que explicar que los sindicatos están tomados por fichas sandinistas, entre ellas, el propio Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional.
Antes que Ortega tomara el poder, en 2007, los sindicatos fueron un brazo político del Frente Sandinista. Eran los encargados de realizar huelgas para reclamar los derechos de la clase trabajadora, incluso paralizando las actividades del país y utilizarlo para sacar réditos partidarios.
Pero desde que el caudillo sandinista tomó el poder, los sindicatos avalan cualquier decisión del Ejecutivo, no importando que afecte los intereses de la clase trabajadora. Son llamados “sindicatos blancos”, es decir, existen para ocupar un lugar, pero no realizan su función de defender a los trabajadores.